Líbano: la guerra contra la tierra y el derecho a volver

Desde 2023, el sur del Líbano acumula bosques incendiados, olivares destruidos, uso de fósforo blanco, fumigaciones para eliminar vegetación y una devastación territorial que también alcanza viviendas, infraestructura y tierras agrícolas. El daño ambiental no ocurre por fuera de la disputa por el territorio: forma parte de una transformación que condiciona quién puede regresar y qué encontrará si alguna vez logra hacerlo.

Bien conocidos son los efectos ambientales de una guerra. Los bombardeos incendian bosques, contaminan suelos, destruyen cultivos, dañan cursos de agua y dejan restos explosivos que pueden seguir afectando un territorio mucho después de que las armas se silencien. En esos casos, el ambiente suele aparecer como una víctima más del conflicto, sometido a una violencia cuyo objetivo principal estaría, al menos en teoría, en otra parte.

Pero lo que ocurre en el sur del Líbano desde 2023 exige mirar más allá de esa explicación. Hay episodios en los que la eliminación de vegetación no fue una consecuencia secundaria de una operación militar, sino parte del objetivo perseguido. Hay uso reiterado de municiones con fuertes efectos incendiarios, fumigaciones destinadas a remover cobertura vegetal, incendios que bomberos y autoridades locales vinculan directamente con acciones israelíes y una destrucción agrícola que alcanza bosques, campos y olivares. Todo esto sucede, además, dentro de una zona donde también fueron demolidas miles de viviendas, destruidas infraestructuras y restringido el regreso de una parte significativa de la población desplazada.

Leídos de manera aislada, muchos de estos hechos pueden parecer episodios distintos de una guerra extensa. Leídos en conjunto, muestran otra cosa: una intervención sostenida sobre las condiciones materiales que permiten vivir en el territorio. Ahí es donde el daño ambiental deja de ser solamente una consecuencia de los combates y empieza a formar parte de una disputa por la habitabilidad, la permanencia y el retorno.

Por eso, en Líbano, organizaciones ambientales y autoridades públicas vienen utilizando una palabra que durante años permaneció en los márgenes del derecho internacional: ecocidio.

📚 PARA LEER ESTA NOTA

Cuando hablamos de ecocidio en Líbano, no estamos diciendo que exista una sentencia internacional que haya condenado a Israel por un delito llamado ecocidio. Ese crimen todavía no forma parte de manera autónoma del Estatuto de Roma. Lo utilizamos como categoría política y ambiental para describir una destrucción grave y sostenida del ambiente vinculada, en este caso, con una transformación territorial más amplia.

Cuando quemar la vegetación es el objetivo

Uno de los episodios más reveladores ocurrió en junio de 2024, cuando circularon videos de soldados israelíes utilizando un trabuquete para lanzar materiales encendidos hacia territorio libanés. La imagen era extraña: un artefacto asociado a guerras medievales empleado en una frontera recorrida por drones, artillería y sistemas de vigilancia de última generación. Pero el objetivo de la acción era bastante menos enigmático. Fuentes militares israelíes explicaron entonces que buscaban quemar vegetación que podía servir como cobertura a combatientes de Hezbollah.

Ese episodio importa porque permite separar dos cosas que suelen confundirse. Una explosión puede iniciar accidentalmente un incendio. Otra cosa distinta es utilizar fuego precisamente para eliminar vegetación. En este caso, la finalidad de la operación estaba reconocida: despejar el terreno quemándolo.

Israel sostiene que Hezbollah utiliza áreas boscosas, construcciones y túneles próximos a la frontera para ocultar combatientes, armamento e infraestructura. Ese argumento no es jurídicamente irrelevante. El derecho internacional humanitario admite que determinados bienes normalmente civiles pueden convertirse en objetivos militares cuando contribuyen efectivamente a una operación militar y su destrucción ofrece una ventaja concreta. Lo que no admite es que esa justificación se extienda automáticamente a grandes superficies de bosque, cultivos o poblaciones enteras sin demostrar la necesidad específica de cada ataque.

Ese límite es importante porque la quema deliberada de vegetación no fue el único episodio de este tipo. Dos años más tarde, la eliminación directa de cobertura vegetal volvería a aparecer mediante un método diferente.

Fósforo blanco sobre el sur del Líbano

El fósforo blanco ocupa un lugar central en la discusión ambiental desde los primeros meses del conflicto. Human Rights Watch verificó su uso por fuerzas israelíes en al menos 17 municipios del sur del Líbano entre octubre de 2023 y mayo de 2024. En cinco localidades, las imágenes mostraban municiones de estallido aéreo sobre sectores residenciales.

El fósforo blanco se inflama al entrar en contacto con el oxígeno y puede producir temperaturas extremadamente altas. Tiene usos militares legítimos, especialmente para generar humo que oculte movimientos de tropas, y esa es la finalidad que Israel afirma darle a sus proyectiles. Pero las partículas encendidas que dispersa una munición también pueden provocar incendios y producir quemaduras profundas, por lo que su utilización sobre zonas pobladas plantea riesgos muy distintos a los de una simple cortina de humo.

En marzo de 2026, el problema volvió a aparecer en Yohmor. Ocho imágenes verificadas y geolocalizadas mostraron municiones de fósforo blanco explotando en el aire sobre una zona residencial. Después del ataque, equipos de Defensa Civil respondieron a incendios en al menos dos viviendas y un vehículo.

El dato no permite afirmar que cada proyectil de fósforo blanco disparado sobre Líbano tuviera como objetivo iniciar un incendio, y la investigación disponible distingue cuidadosamente entre la identificación del arma y la intención detrás de cada uso. Pero la recurrencia sí permite descartar que se tratara de un hecho excepcional. Los efectos incendiarios del fósforo blanco pasaron a integrar el paisaje de una guerra que ya venía afectando de manera severa tierras agrícolas y localidades fronterizas.

También se puede destruir vegetación sin prenderla fuego

En febrero de 2026, Israel informó a UNIFIL que realizaría una fumigación aérea en sectores próximos a la Línea Azul. La sustancia fue presentada inicialmente como no tóxica, pero muestras tomadas posteriormente con participación libanesa y analizadas por instituciones del país detectaron glifosato, un herbicida ampliamente utilizado para eliminar plantas.

La operación necesita ser nombrada con precisión. El glifosato no debe presentarse automáticamente como un “arma química”, porque esa caracterización tiene implicancias científicas y jurídicas específicas que no se desprenden simplemente de la presencia del herbicida. Lo que sí está documentado es que se trató de una operación deliberada de eliminación de vegetación.

UNIFIL expresó preocupación por las posibles consecuencias sobre tierras agrícolas, medios de subsistencia y el eventual retorno de las comunidades desplazadas. Ese último punto ayuda a entender por qué la cuestión ambiental adquiere una dimensión política tan relevante en el sur. La vegetación no es solamente paisaje ni cobertura forestal. En buena parte de la región forma parte de sistemas agrícolas de los que dependen familias enteras, y destruirlos modifica las condiciones económicas del regreso.

El episodio también muestra por qué limitar el análisis del ecocidio en Líbano a los incendios sería insuficiente. El deterioro del territorio adopta formas diferentes: fuego, fumigación, contaminación, pérdida de cultivos, demoliciones y restricciones de acceso. Lo que importa no es únicamente la técnica utilizada, sino el efecto acumulativo de esas prácticas.

El fuego después de la tregua

Desde junio de 2026, bomberos y autoridades municipales del sur comenzaron a describir una sucesión de incendios que vinculaban con bengalas, drones y municiones israelíes. En Khiam, el jefe regional de Defensa Civil en Nabatieh, Hussein Fakih, relató que bengalas lanzadas sobre una zona arbolada prendieron fuego a la vegetación y que, cuando los equipos intentaron intervenir, una acción de dron en sus proximidades los obligó a retirarse.

Fakih estimó que en algunos sectores próximos al frente entre el 30% y el 40% del terreno había sido afectado por incendios. No es una cifra que pueda extrapolarse al conjunto del sur libanés, sino una estimación local realizada desde la experiencia operativa de Defensa Civil. Aun así, da una dimensión concreta del problema en las áreas más castigadas.

En Kfar Shouba también se registraron grandes focos después de acciones militares durante los primeros días de agosto. UNIFIL confirmó haber observado incendios y participar en mecanismos de coordinación para permitir el acceso de los equipos de emergencia, aunque aclaró que no dispone de un registro exhaustivo de las causas de cada foco. Esa salvedad es importante porque no todos los incendios del verano tienen el mismo nivel de atribución ni la misma cantidad de evidencia disponible.

El calor estival y la sequedad de la vegetación pueden acelerar la expansión de las llamas, pero eso no determina por sí mismo la causa de ignición. Los bomberos entrevistados en el terreno distinguen precisamente entre las condiciones que permiten que un incendio avance y las acciones que, según sus testimonios, iniciaron determinados focos.

La escena resulta particularmente significativa cuando incluso apagar el fuego depende de poder acceder al territorio. En sectores próximos a posiciones israelíes, los equipos libaneses tuvieron que recurrir a mecanismos de coordinación y autorización antes de intervenir. En una guerra que ya había transformado el movimiento de la población civil, la capacidad de proteger el ambiente también quedó subordinada al control militar del espacio.

Los olivares de Yaroun

A comienzos de agosto, más de 120 hectáreas de olivares ardieron en Yaroun, según autoridades locales. Parte de los árboles eran muy antiguos y pertenecían a familias que habían cultivado esas tierras durante generaciones.

Un olivar maduro tiene una temporalidad que no coincide con la de una guerra. Un edificio puede, al menos en teoría, reconstruirse con materiales y financiamiento en un período relativamente acotado. Un árbol que tardó décadas en crecer no vuelve con la firma de una tregua. Su desaparición afecta cosechas presentes y futuras, ingresos familiares, sistemas locales de alimentación y el valor productivo de la tierra.

Esto es especialmente importante en un territorio donde la agricultura ya venía acumulando pérdidas enormes. Una evaluación conjunta de la FAO, el Ministerio de Agricultura libanés y el Consejo Nacional de Investigación Científica estimó que entre octubre de 2023 y noviembre de 2024 el sector agrícola había sufrido unos 118 millones de dólares en daños físicos y 586 millones en pérdidas de producción e ingresos. El sur y la Bekaa se encontraban entre las regiones más afectadas.

Las categorías no deben confundirse: una pérdida económica no equivale necesariamente a un activo físicamente destruido y una hectárea “afectada” no es automáticamente una hectárea quemada. Pero las cifras muestran hasta qué punto la guerra intervino sobre sistemas productivos que ya eran vulnerables y que requieren años para recuperarse.

En Yaroun, además, el incendio llegó después de una destrucción mucho más amplia de la localidad. Autoridades del pueblo denunciaron que una gran parte de sus viviendas ya había sido arrasada. Por eso los olivos quemados no pueden pensarse como un episodio separado del resto del territorio. Para las familias desplazadas, volver no depende solamente de que exista una casa donde dormir, sino también de que sobrevivan las condiciones que permiten sostener la vida una vez que se regresa.

Del daño ambiental a la transformación territorial

La destrucción de bosques y cultivos se vuelve todavía más difícil de separar de la disputa territorial cuando se observa qué ocurrió alrededor. Imágenes satelitales, relevamientos locales y análisis posteriores a las ofensivas muestran una devastación extensa de viviendas, carreteras, infraestructura y tierras agrícolas en numerosas localidades del sur.

Ya en 2025 se habían identificado más de 10.000 estructuras gravemente dañadas o destruidas durante la ofensiva anterior. Parte de esas demoliciones habría ocurrido mediante explosivos o maquinaria una vez que las fuerzas israelíes controlaban localidades previamente evacuadas. Amnesty International sostuvo que algunos de esos hechos debían investigarse como posibles crímenes de guerra por destrucción de propiedad no justificada por una necesidad militar imperativa.

La ofensiva de 2026 llevó esa lógica más lejos. El análisis satelital sobre Khiam, Taybeh, Bint Jbeil y Haddatha mostró sectores transformados por demoliciones y explanaciones, con daños que en algunos casos continuaron después de que las comunidades habían sido evacuadas y el territorio quedara bajo control israelí. Según datos oficiales libaneses recopilados en esas investigaciones, alrededor de 85.000 unidades habitacionales habían sido dañadas o destruidas y unas 270.000 personas seguían sin poder regresar a una zona compuesta por 62 localidades y explotaciones agrícolas.

En ese punto, hablar de incendios como si fueran un problema exclusivamente ecológico resulta insuficiente. Los campos arden dentro de pueblos demolidos. Los olivares desaparecen mientras desaparecen también viviendas y caminos. La pérdida de vegetación se combina con la imposibilidad física o administrativa de acceder a determinadas zonas. La habitabilidad se deteriora por acumulación y no por un único tipo de ataque.

Ese carácter acumulativo es central para entender el ecocidio en Líbano. El territorio no se vuelve difícil de habitar solamente porque se queme un bosque. Se vuelve difícil de habitar cuando la destrucción ambiental se superpone con viviendas arrasadas, redes de servicios dañadas, campos inaccesibles, artefactos explosivos, pérdida de cosechas y restricciones militares que prolongan el desplazamiento.

El regreso también es una disputa política

En marzo de 2026, esa transformación territorial adquirió una dimensión política más explícita. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que cientos de miles de habitantes chiitas no regresarían a sus hogares al sur del río Litani hasta que Israel considerara garantizada la seguridad de las comunidades del norte israelí. Días más tarde anunció que él y Benjamin Netanyahu habían ordenado acelerar la demolición de viviendas libanesas próximas a la frontera tomando como referencia los modelos de Rafah y Beit Hanoun.

Human Rights Watch sostuvo que esas declaraciones, combinadas con la expansión de operaciones terrestres y destrucción de viviendas, constituían indicios relevantes de una intención de desplazar forzosamente a residentes del sur.

La seguridad fronteriza es un interés legítimo de cualquier Estado, pero no constituye una autorización ilimitada para alterar permanentemente un territorio ni para condicionar el derecho de una población a regresar a sus hogares. El derecho internacional permite evacuaciones temporales cuando existen razones militares imperativas o cuando son necesarias para proteger a la población civil. Otra cosa es mantener a una comunidad fuera de su territorio una vez desaparecida esa necesidad o destruir de tal manera sus condiciones de vida que el retorno se vuelva materialmente inviable.

La diferencia importa especialmente porque la destrucción no afecta solamente a los lugares donde se duerme. Si las viviendas desaparecen al mismo tiempo que los cultivos, si los árboles que generaban ingresos durante décadas son quemados y si los servicios y caminos necesarios para sostener una comunidad dejan de funcionar, el desplazamiento puede prolongarse incluso cuando formalmente ya no exista una orden de evacuación.

Por eso el retorno no debe pensarse únicamente como la posibilidad de cruzar nuevamente una frontera o llegar a las coordenadas de un pueblo. Volver también requiere encontrar un territorio donde todavía sea posible vivir.

Qué significa ecocidio

El término ecocidio no tiene todavía una única definición universalmente incorporada al derecho internacional. La formulación que más influencia tuvo en los últimos años fue elaborada en 2021 por un panel internacional de expertos que propuso entenderlo como la realización de actos ilícitos o arbitrarios con conocimiento de una probabilidad sustancial de causar daños ambientales graves y generalizados o duraderos.

La definición intenta establecer un umbral alto. No cualquier contaminación ni cualquier destrucción de vegetación constituye ecocidio. Tiene que tratarse de un daño grave y, además, suficientemente amplio o duradero. También importa el conocimiento de que ese daño puede producirse.

El Estatuto de Roma todavía no reconoce al ecocidio como un quinto crimen autónomo junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. Sin embargo, en diciembre de 2025 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional adoptó una política específica para abordar daños ambientales mediante los delitos que ya forman parte del Estatuto. Eso significa que la destrucción del ambiente puede funcionar como conducta criminal, consecuencia de un ataque, evidencia de intención o contexto dentro de investigaciones por figuras ya existentes.

La discusión también avanzó en legislaciones nacionales. Algunos Estados incorporaron figuras de ecocidio o delitos comparables, aunque con definiciones distintas. Ucrania es especialmente relevante porque su Código Penal contempla el ecocidio y porque la destrucción ambiental provocada durante la invasión rusa dio lugar a investigaciones penales y a un debate internacional sobre la utilización del ambiente como parte de la guerra.

En 2024, Global Insight, una publicación de la International Bar Association, publicó un artículo del entonces fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, titulado “Ecocide as a weapon of war”. El planteo parte del caso ucraniano y no constituye una definición jurídica aplicable automáticamente a otros conflictos, pero introduce una idea importante: la devastación ambiental puede analizarse como algo más que un efecto colateral cuando contribuye a destruir recursos, medios de vida y condiciones necesarias para la permanencia de una población.

En Líbano, esa discusión adquiere una forma propia. Green Southerners y autoridades ambientales libanesas utilizan el concepto de ecocidio para describir una acumulación de daños que afecta la capacidad de regeneración de los ecosistemas, la agricultura y las posibilidades de retorno. La ministra de Ambiente libanesa, Tamara El-Zein, también ha utilizado públicamente el término.

El argumento de la necesidad militar

Israel sostiene que la eliminación de vegetación y la destrucción de determinadas construcciones tienen como finalidad impedir que Hezbollah utilice el terreno fronterizo para ocultar combatientes, túneles, posiciones y armamento. También argumenta que sus operaciones buscan evitar que vuelva a consolidarse una amenaza militar contra las comunidades del norte israelí.

Ese argumento debe formar parte del análisis porque el derecho internacional humanitario no protege de manera absoluta a todo árbol, bosque o edificio independientemente de su utilización. Un bien civil puede convertirse en objetivo militar bajo condiciones concretas.

Pero la existencia de una amenaza armada no elimina los límites jurídicos. La evaluación tiene que hacerse caso por caso: qué objetivo militar existía, qué contribución realizaba el bien atacado, qué ventaja militar concreta podía obtenerse de su destrucción y qué daños previsibles produciría esa acción. En zonas ya evacuadas o controladas, la necesidad de destruir viviendas, cultivos o infraestructura requiere una justificación especialmente precisa.

Ese es uno de los motivos por los que la continuidad de determinadas demoliciones después de la evacuación de pueblos resulta tan relevante. También explica por qué las declaraciones políticas sobre impedir el regreso no pueden separarse completamente de la destrucción material que ocurre en esos mismos territorios.

Hezbollah, por supuesto, también está sometido al derecho internacional humanitario. Sus cohetes y drones han producido incendios en el norte de Israel y sus operaciones militares forman parte del contexto del conflicto fronterizo. Eso no modifica las obligaciones israelíes ni convierte automáticamente bienes civiles libaneses en objetivos militares. Las violaciones de una parte no suspenden las reglas que obligan a la otra.

Ecocidio y territorio

Hablar de ecocidio en el sur del Líbano no supone afirmar que cada incendio, cada árbol quemado o cada campo destruido pueda atribuirse a una misma orden central. La evidencia pública disponible no permite reconstruir de esa manera todas las cadenas de mando ni la intención detrás de cada incidente.

La tesis se sostiene en otra escala. Existen episodios documentados de destrucción deliberada de vegetación; una utilización repetida de fósforo blanco con efectos incendiarios; fumigaciones destinadas a remover cobertura vegetal; incendios atribuidos por bomberos y autoridades locales a acciones israelíes; daños agrícolas extensos; demolición de pueblos y restricciones prolongadas al retorno. A eso se suman declaraciones de altos funcionarios israelíes que vinculan la permanencia de la población fuera del sur con objetivos de seguridad y anuncian la continuidad de las demoliciones.

La combinación de esas prácticas permite entender la destrucción ambiental como una forma de intervención territorial. Un campo degradado produce menos. Un olivar quemado deja de sostener a la familia que dependía de él. Una aldea sin viviendas, agua, caminos ni actividad productiva puede continuar existiendo en un mapa y haber perdido buena parte de las condiciones que hacían posible habitarla.

Ahí está el núcleo político del ecocidio. No solamente en la cantidad de árboles que desaparecen, sino en aquello que desaparece con ellos.

La tierra sostiene relaciones económicas, memoria familiar, propiedad, alimento y formas de organización comunitaria. Modificarla mediante destrucción prolongada también modifica las posibilidades futuras de quienes viven de ella.

Por eso la dimensión ambiental y la cuestión del desplazamiento no deberían analizarse como expedientes separados.

Gaza y el sur del Líbano

El sur del Líbano y Gaza tienen historias, configuraciones jurídicas y dinámicas militares diferentes, y cualquier comparación seria tiene que partir de esa diferencia. Sin embargo, resulta difícil ignorar la continuidad política que aparece cuando dirigentes israelíes utilizan explícitamente ciudades devastadas de Gaza como referencia para las demoliciones en Líbano.

Desde octubre de 2023, la guerra israelí sobre Gaza produjo desplazamientos masivos y una destrucción extraordinaria del entorno construido, la infraestructura y los sistemas necesarios para sostener la vida. Distintas organizaciones de derechos humanos han concluido que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina, mientras que los procesos internacionales abiertos sobre Gaza continúan desarrollándose en distintos foros jurídicos. La caracterización jurídica y política sigue siendo objeto de una disputa internacional central.

En el sur libanés, la escala, los actores y el contexto son otros. Lo que sí aparece en ambos escenarios es una relación entre guerra, desplazamiento, destrucción material y control sobre las condiciones del retorno.

No se trata de afirmar que Líbano está convirtiéndose en Gaza ni de borrar las particularidades de ninguno de los dos territorios. Se trata de observar una concepción del espacio en la que la seguridad israelí se vincula cada vez más con la capacidad de transformar profundamente aquello que existe del otro lado de sus fronteras.

Ese punto es especialmente relevante cuando la transformación ya no alcanza solamente instalaciones militares, sino también pueblos, caminos, tierras agrícolas, bosques y olivares.

Cuando las cenizas huelen a olivo

Hay una diferencia enorme entre garantizar la seguridad estatal y expandir esa seguridad a costa de las condiciones de vida de otra población. También existe una diferencia entre el desplazamiento producido por una guerra y la destrucción sostenida de aquello que una comunidad necesitaría encontrar para poder regresar.

En el sur del Líbano, la devastación ambiental ocurre junto a pueblos demolidos, tierras agrícolas dañadas y una política explícita que condiciona el retorno de cientos de miles de personas. Por eso hablamos de ecocidio en Líbano. No como una metáfora sobre una naturaleza herida, sino como una forma de nombrar la destrucción de un territorio cuando esa destrucción alcanza también las posibilidades de seguir viviendo en él.

Israel comete ecocidio en Líbano y genocidio en Gaza. Mientras el derecho internacional busca todavía cómo investigar, tipificar y castigar estas formas de violencia, la destrucción continúa acumulándose sobre territorios cuyas poblaciones llevan años reclamando algo mucho más elemental: poder vivir, permanecer y volver.