Japón y América Latina: seguridad y recursos

Seguridad humana y seguridad económica conviven en una relación renovada entre Japón y América Latina, marcada por la cooperación, los minerales críticos y la búsqueda de cadenas de suministro más resilientes.

En agosto de 2026, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ampliaron uno de sus principales esquemas de cooperación para América Latina y el Caribe. La decisión podría leerse como una iniciativa más dentro de una larga trayectoria japonesa de cooperación para el desarrollo. Sin embargo, el contenido del acuerdo revela algo más.

Junto con áreas como salud, resiliencia frente a desastres y cuidados de larga duración, agricultura y minerales críticos fueron incorporados como nuevas prioridades. La propia JICA vinculó estas últimas con la seguridad alimentaria, la seguridad económica y el desarrollo de cadenas de suministro resilientes. En un mismo instrumento aparecían, así, preocupaciones relacionadas con el bienestar de las personas y objetivos asociados con la capacidad de Japón para enfrentar vulnerabilidades económicas externas.

Esa combinación permite observar una transformación más amplia de la política exterior japonesa. Durante décadas, Japón fue uno de los principales promotores internacionales del concepto de seguridad humana, un enfoque que desplaza la atención exclusiva sobre la seguridad del Estado y coloca en el centro a las personas y las amenazas que afectan sus condiciones de vida.

Desde fines de la década de 1990, esta idea encontró un lugar relevante en la diplomacia y, especialmente, en la cooperación japonesa para el desarrollo. Salud, pobreza, desastres, ambiente y fortalecimiento de capacidades fueron algunos de los ámbitos mediante los cuales Tokio proyectó esta orientación.

El ascenso de la seguridad económica en Japón

En los últimos años, sin embargo, otra noción ganó espacio: la seguridad económica. Su crecimiento no puede separarse de las transformaciones de la economía política internacional.

La pandemia de COVID-19 expuso la fragilidad de cadenas de suministro altamente concentradas; la competencia entre Estados Unidos y China profundizó las disputas tecnológicas; y las restricciones comerciales, los controles de exportaciones y el uso de dependencias económicas con fines de presión mostraron que la interdependencia también puede producir vulnerabilidades.

Para una economía como la japonesa, profundamente integrada a los mercados globales y dependiente del exterior para numerosos recursos, estos cambios adquirieron una importancia estratégica particular.

La respuesta de Tokio no consiste simplemente en retirarse de la globalización. La estrategia japonesa apunta, más bien, a administrar los riesgos que genera la interdependencia: diversificar proveedores, reducir dependencias excesivas, asegurar el acceso a bienes críticos, proteger tecnologías e infraestructuras sensibles y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro.

La aprobación de la Economic Security Promotion Act en 2022 y la Estrategia de Seguridad Nacional adoptada ese mismo año institucionalizaron buena parte de estas preocupaciones. La economía, la tecnología y el abastecimiento dejaron de ser considerados únicamente como cuestiones comerciales o industriales y pasaron a ocupar un lugar más visible dentro de la política de seguridad.

Japón y América Latina: una relación que gana valor estratégico

Es en este escenario donde América Latina y el Caribe adquieren una renovada relevancia para Japón. La región reúne alrededor de 660 millones de habitantes y dispone de importantes recursos alimentarios, energéticos y minerales.

Cobre, litio y otros insumos críticos son esenciales para la transición energética y para industrias que ocupan un lugar central en la competencia tecnológica contemporánea. Pero el interés japonés no se limita a la existencia física de esos recursos.

Lo que vuelve estratégica a la región es también la posibilidad de ampliar alternativas de abastecimiento y reducir la exposición a cadenas excesivamente concentradas.

El cambio puede rastrearse con claridad entre 2024 y 2026. En 2024, el gobierno de Fumio Kishida presentó una renovada iniciativa diplomática hacia América Latina y el Caribe. Durante una visita a Brasil, Kishida habló de construir junto con la región un camino hacia la “dignidad humana”, recuperar la importancia de la cooperación y trabajar frente a desafíos globales.

El lenguaje mantenía elementos reconocibles de la tradición diplomática japonesa: desarrollo, cooperación, reglas internacionales y atención a problemas compartidos.

Un año después, el Diplomatic Bluebook 2025 hizo más explícita otra dimensión. El documento del Ministerio de Asuntos Exteriores destacó la importancia creciente de América Latina para la resiliencia de las cadenas de suministro y la seguridad económica de Japón, además de señalar su potencial económico y su disponibilidad de minerales, energía y alimentos.

La región comenzaba a ser presentada no solo como un espacio de cooperación y vinculación diplomática, sino también como parte de una estrategia destinada a gestionar riesgos económicos y diversificar relaciones.

La tendencia se volvió todavía más visible en 2026. El canciller Toshimitsu Motegi situó el fortalecimiento de la seguridad económica entre las prioridades de la relación con América Latina y el Caribe.

Su planteo vinculó minerales críticos y energía con la construcción de cadenas de suministro más confiables y resilientes y con la necesidad de evitar dependencias excesivas en un contexto marcado por prácticas económicas coercitivas. También otorgó importancia a los acuerdos comerciales, la conectividad, la infraestructura y una mayor participación de empresas japonesas.

América Latina adquiría así una función que trascendía su tradicional valor comercial: podía contribuir a la estrategia japonesa de diversificación y resiliencia.

JICA, el BID y una cooperación con nuevas prioridades

La ampliación de la cooperación entre JICA y el BID en agosto de 2026 muestra que esa lógica no quedó limitada al discurso diplomático.

El esquema CORE elevó su objetivo de cofinanciamiento de 4.000 a 5.000 millones de dólares y extendió su período de cooperación hasta 2031. La incorporación de agricultura y minerales críticos como áreas prioritarias fue acompañada por una formulación particularmente significativa: JICA señaló que estos sectores podían contribuir a la seguridad alimentaria y económica y al desarrollo de cadenas de suministro resilientes.

También destacó que la cooperación podía ampliar las oportunidades para que empresas japonesas desarrollaran actividades y negocios en América Latina y el Caribe.

¿Significa esto que Japón está reemplazando su tradicional apuesta por la seguridad humana por una política exterior guiada por intereses económicos?

La evidencia disponible entre 2024 y 2026 no permite sostener una sustitución tan lineal. Mientras la seguridad económica gana visibilidad, la seguridad humana continúa apareciendo en los principios y en los instrumentos de cooperación japonesa.

En noviembre de 2024, el presidente de JICA, Akihiko Tanaka, se reunió en Tokio con representantes de veinte países latinoamericanos y caribeños y afirmó expresamente que la cooperación de la agencia buscaba realizar la seguridad humana mediante la co-creación con distintos actores.

Ese encuentro también muestra que la continuidad de la seguridad humana no supone mantener una agenda congelada en el tiempo. Tanaka destacó el desarrollo del sector privado, la ciencia y la tecnología, las comunidades nikkei y el fortalecimiento de asociaciones regionales como puntos relevantes para la cooperación con América Latina.

Los representantes regionales, por su parte, señalaron la experiencia japonesa en prevención de desastres. La seguridad humana permanece, pero lo hace dentro de una cooperación que incorpora nuevos actores, instrumentos y objetivos.

Las políticas implementadas durante 2024 refuerzan esa lectura. La cooperación japonesa continuó abordando cambio climático, riesgos de desastres, salud, pobreza y conservación ambiental.

Dentro de la iniciativa diplomática hacia la región se incluyeron, por ejemplo, proyectos de radioterapia destinados a reducir la mortalidad por cáncer en Honduras y acciones de gestión sostenible de recursos marinos en Jamaica frente a los efectos del cambio climático.

No todos estos programas son etiquetados oficialmente como “seguridad humana”, pero se corresponden con una lógica centrada en reducir vulnerabilidades que afectan directamente las condiciones de vida de las personas.

Seguridad humana y seguridad económica: ¿reemplazo o coexistencia?

La continuidad llega hasta 2026. Ese año, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés seguía definiendo a la seguridad humana como un pilar importante de su política exterior.

Y el mismo acuerdo JICA-BID que incorporó minerales críticos mantuvo entre sus áreas de actuación la resiliencia frente a desastres naturales, el acceso a servicios de salud, los cuidados de larga duración, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y la salud digital.

La novedad, entonces, no reside en la desaparición de una agenda y su reemplazo por otra, sino en la presencia simultánea de objetivos que responden a referentes de seguridad diferentes.

Esta superposición es probablemente el rasgo más interesante de la transformación reciente. La seguridad humana continúa colocando el énfasis en las personas y sus vulnerabilidades, mientras la seguridad económica presta mayor atención a la resiliencia del Estado, el abastecimiento estratégico y los riesgos de la interdependencia.

Sin embargo, en la práctica ambas dimensiones pueden encontrarse dentro de los mismos mecanismos. Un programa de cooperación puede buscar mejorar capacidades sanitarias o enfrentar desastres y, al mismo tiempo, fortalecer sectores considerados relevantes para cadenas de suministro o para la inserción de empresas japonesas.

Más que una sustitución, entre 2024 y 2026 parece configurarse una coexistencia acompañada por una creciente articulación funcional. La cooperación para el desarrollo sigue siendo un vehículo de la seguridad humana, pero también puede contribuir de manera más explícita a objetivos estratégicos japoneses.

Esto no significa que ambas orientaciones sean idénticas ni que sus intereses siempre resulten compatibles. Sí muestra que la frontera entre cooperación, desarrollo y seguridad económica se vuelve menos rígida. Japón continúa respondiendo a vulnerabilidades de sus socios, pero al mismo tiempo busca que determinados instrumentos contribuyan a su propia resiliencia.

Las oportunidades para América Latina

Para América Latina, esta transformación abre oportunidades. La búsqueda japonesa de proveedores diversificados y cadenas más resilientes puede traducirse en nuevas inversiones, infraestructura, cooperación tecnológica y asociaciones en sectores vinculados con la transición energética.

Japón también ofrece una trayectoria de cooperación técnica y formación de capacidades que diferencia su vínculo de una relación exclusivamente comercial.

En un escenario internacional cada vez más competitivo, ampliar los socios puede otorgar a los países latinoamericanos mayores alternativas y reducir su dependencia respecto de un número limitado de mercados o fuentes de financiamiento.

Pero la renovada importancia estratégica de la región también plantea desafíos.

La complementariedad entre la demanda japonesa de recursos críticos y la abundancia latinoamericana de materias primas puede reproducir un patrón conocido si la relación se concentra en extracción y exportación sin generar capacidades productivas locales.

Poseer litio, cobre u otros recursos estratégicos otorga relevancia, pero no garantiza por sí mismo una mejor posición en las cadenas globales de valor. El interrogante central para América Latina no es solamente cuánto interés puede atraer, sino en qué condiciones logra transformar ese interés en inversión productiva, tecnología, conocimiento y mayor valor agregado.

La cuestión es especialmente importante porque la lógica japonesa de seguridad económica tiene como objetivo fortalecer la autonomía y la resiliencia de Japón.

Desde la perspectiva latinoamericana, una asociación más equilibrada requeriría que esa búsqueda pueda articularse también con estrategias regionales de desarrollo y diversificación productiva. De lo contrario, la reducción de vulnerabilidades japonesas podría convivir con la persistencia de vulnerabilidades estructurales en los países proveedores.

La seguridad económica de una parte no se traduce automáticamente en mayor seguridad o desarrollo para la otra.

Al mismo tiempo, la persistencia de la seguridad humana dentro de la política japonesa ofrece un punto de encuentro. Si los proyectos vinculados con minerales, energía, infraestructura o cadenas de suministro se articulan con protección ambiental, desarrollo local, formación de recursos humanos y fortalecimiento institucional, la renovada relación podría responder tanto a intereses estratégicos japoneses como a necesidades latinoamericanas.

La experiencia reciente de JICA y el BID muestra que esa combinación es posible en términos institucionales; su impacto dependerá de cómo se diseñen e implementen los proyectos concretos.

América Latina no es solo un territorio de disputa

Esta discusión también permite evitar una lectura de América Latina como un actor meramente pasivo frente a la competencia entre grandes potencias.

Los países de la región no están obligados a elegir un único socio, y la diversificación puede convertirse en una herramienta de política exterior propia. La relación con Japón ofrece margen para construir asociaciones en ámbitos donde existen intereses convergentes, desde transición energética y prevención de desastres hasta tecnología, salud e infraestructura.

La capacidad de aprovechar ese margen, sin embargo, varía entre países y depende de la existencia de políticas nacionales capaces de vincular la cooperación externa con objetivos de largo plazo.

Por eso, la relevancia estratégica que Japón atribuye a la región constituye una oportunidad, pero no reemplaza la necesidad latinoamericana de definir qué sectores priorizar, qué capacidades desarrollar y bajo qué condiciones recibir inversiones.

También resulta importante que el renovado interés japonés no aparece en un vacío histórico. Décadas de cooperación técnica, vínculos diplomáticos y presencia de comunidades nikkei proporcionan una base institucional y social sobre la cual pueden construirse nuevas iniciativas.

Esa trayectoria puede facilitar una relación menos limitada a la urgencia por asegurar recursos críticos. Al mismo tiempo, el contexto actual modifica el significado de instrumentos conocidos: cooperación, financiamiento y participación empresarial pasan a desenvolverse en una agenda donde resiliencia y seguridad económica tienen mayor peso.

La continuidad de los mecanismos, por lo tanto, no implica continuidad absoluta de sus funciones. Parte de la transformación japonesa consiste precisamente en utilizar capacidades diplomáticas y de cooperación ya existentes para responder a un entorno estratégico diferente.

Japón y América Latina ante un orden internacional más fragmentado

La nueva mirada japonesa hacia América Latina no puede reducirse, por lo tanto, a una carrera por minerales críticos, pero tampoco puede entenderse únicamente mediante la continuidad de la cooperación tradicional.

Lo que emerge es una agenda más amplia en la que la protección de las personas convive con una gestión cada vez más estratégica de las interdependencias económicas. Entre 2024 y 2026, América Latina pasó a ocupar un lugar más visible en esa articulación por su potencial económico, sus recursos y su capacidad para contribuir a la diversificación japonesa.

Comprender esta transformación permite mirar la relación desde ambos lados.

Para Japón, América Latina puede fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro y ampliar sus asociaciones en un orden internacional más fragmentado.

Para los países latinoamericanos, el renovado interés japonés puede abrir oportunidades de cooperación y diversificación, pero también obliga a discutir qué tipo de inserción internacional quieren construir.

El desafío no es simplemente convertirse en un proveedor estratégico para Japón, sino utilizar esa nueva relevancia como herramienta de negociación para impulsar capacidades propias.

En esa tensión entre seguridad humana, seguridad económica e intereses de desarrollo se juega buena parte del potencial de la relación en los próximos años.