Gaza: tres años de genocidio y los vínculos que las condenas no rompen

Las condenas a la destrucción de Gaza conviven con relaciones militares, comerciales y energéticas con Israel. Mientras otros dirigentes lo respaldan abiertamente, una junta presidida por Trump pretende supervisar el futuro del territorio sin conducción palestina. Prevenir el genocidio exige actuar sobre esos vínculos.

Este 7 de octubre de 2026 se cumplen tres años del comienzo de la ofensiva genocida israelí sobre Gaza. El alto el fuego de octubre de 2025 redujo la escala de las operaciones, pero no detuvo los ataques ni los desplazamientos. Para la población palestina, la destrucción sigue organizando la vida cotidiana.

El aniversario obliga también a mirar fuera de Palestina. Los gobiernos conocen lo que ocurre, mantienen relaciones con Israel y disponen de herramientas para presionarlo. La pregunta es qué hacen con ellas. Porque entre condenar el genocidio y afectar los vínculos que permiten sostenerlo hay una distancia política que se mide en decisiones.

Gaza: una historia que no empieza en 2023

En 2026 se cumplen 78 años de la Nakba, la catástrofe palestina. En 1948, alrededor de 750.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares durante la creación de Israel. El desplazamiento actual se inscribe en esa historia de despojo, que continúa en el territorio palestino ocupado. Para muchas familias, perder la casa es una experiencia que se repite entre generaciones.

Hablar de genocidio tiene un significado específico. La Convención de 1948 lo define mediante actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No alcanza con señalar la desigualdad militar: hay que examinar los actos y la intención de destruir al grupo.

El 16 de septiembre de 2025, la comisión independiente de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Identificó cuatro de los cinco actos previstos en la Convención y encontró evidencia de intención genocida. Israel rechazó la conclusión. El informe no es una sentencia judicial, pero documenta hechos que los gobiernos no pueden ignorar al decidir qué apoyo mantienen.

Condenar y conservar los negocios

Reino Unido permite observar el alcance de las restricciones. En septiembre de 2024 suspendió unas treinta licencias de exportación militar por el riesgo de violaciones graves del derecho internacional humanitario. Sin embargo, conservó una excepción para componentes destinados al programa multinacional de aviones de combate F-35, del que Israel puede recibir piezas. La suspensión sí alcanzó a los componentes enviados directamente a Israel para su uso allí.

El registro oficial con datos al 28 de febrero de 2026 seguía recogiendo esa excepción. Suspender algunas autorizaciones no cerró todas las vías de suministro.

Emiratos Árabes Unidos mantiene otra clase de vínculo. Su Cancillería continúa promoviendo el acuerdo de asociación económica con Israel como un marco para fortalecer el comercio y las inversiones. Egipto, por su parte, conserva una relación energética estratégica: el contrato de gas del yacimiento Leviatán, aprobado por Israel en diciembre de 2025, contempla ventas por hasta US$35.000 millones hasta 2040 o hasta completar los volúmenes acordados.

Comprar gas no equivale a suministrar armamento, y un contrato plurianual no significa que todo su monto ya se haya pagado. Pero esas diferencias tampoco vuelven políticamente irrelevantes los negocios. Cada vínculo plantea una pregunta concreta: qué sostiene, qué capacidad de presión ofrece y cuánto está dispuesto a afectar el gobierno que lo conserva.

Decidir sobre Gaza sin conducción palestina

Donald Trump, Javier Milei y Abelardo de la Espriella eligen respaldar a Israel. En julio, cuando todavía era presidente electo de Colombia, De la Espriella anunció que restablecería las relaciones diplomáticas y retiraría la intervención colombiana en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. El anuncio buscaba revertir las decisiones de Gustavo Petro frente al genocidio.

Milei, por su parte, formalizó en enero la incorporación argentina a la «Junta de Paz» presidida por Trump. Israel también figura entre sus miembros. La estructura pretende supervisar el futuro de Gaza sin representación palestina en su conducción.

Existe un comité palestino designado para administrar el territorio, pero bajo supervisión de esa junta. Según Reuters, al 6 de octubre ese comité todavía no había ingresado a Gaza. La subordinación, por lo tanto, no es el único problema: tampoco había podido asumir sus funciones en el territorio.

Gestionar servicios no equivale a decidir sobre el gobierno, la reconstrucción o las relaciones políticas de Gaza. Se asigna a palestinos la administración mientras otros conservan la dirección. Esa distribución de poder restringe la autodeterminación que la estructura dice procurar.

Prevenir exige actuar mientras ocurre

La documentación circula mientras las personas palestinas intentan sobrevivir. Los testimonios llegan desde refugios, hospitales y barrios destruidos. Civiles organizan flotillas para desafiar el bloqueo. Hay personas que actúan; la responsabilidad de quienes disponen de recursos estatales e influencia sobre Israel es otra y es mayor.

La Convención contra el Genocidio obliga a los Estados parte a prevenirlo y sancionarlo. En su sentencia de 2007 sobre Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, la Corte Internacional de Justicia estableció que el deber de actuar surge cuando conocen, o deberían conocer, un riesgo serio de genocidio. Deben emplear los medios razonablemente disponibles según su capacidad de influencia. No necesitan esperar una sentencia definitiva para adoptar medidas.

Eso no convierte automáticamente cualquier relación con Israel en complicidad jurídica. Sí exige examinar qué facilita cada gobierno, qué sabe y qué medidas de prevención adopta. Las condenas públicas no agotan esa obligación.

Las autoridades israelíes deben responder por sus actos. Los demás gobiernos, por el apoyo que brindan y por las medidas que toman o dejan de tomar para prevenir el genocidio. Tres años después, las condenas se evalúan también por las armas que dejan de autorizar, las excepciones que cierran y la presión que efectivamente ejercen.

Gaza no necesita otro aniversario de condenas. Necesita decisiones que hagan más difícil continuar el genocidio.