Detienen a Ahmed Haroun, reclamado por la CPI
Sudán detuvo a Ahmed Haroun, exfuncionario reclamado por la Corte Penal Internacional. Qué significa para Darfur, la guerra y la justicia internacional.
Ahmed Haroun, dirigente del partido que gobernó durante la dictadura de Omar al Bashir, fue detenido por las autoridades militares sudanesas. Está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Su arresto reabre el debate sobre la impunidad en un país que atraviesa una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
Las autoridades militares de Sudán detuvieron a Ahmed Haroun, uno de los principales dirigentes del antiguo régimen de Omar al Bashir y una figura reclamada desde hace casi dos décadas por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes cometidos en Darfur.
Funcionarios del Congreso Nacional confirmaron la noticia el domingo 8 de noviembre, el partido que gobernó Sudán durante la dictadura de Al Bashir, y por abogados vinculados a la defensa del exfuncionario.
Haroun había ocupado importantes cargos de seguridad y gobierno durante el régimen derrocado en 2019. Actualmente presidía el Congreso Nacional, una organización vinculada al movimiento islamista sudanés, formalmente disuelta tras la caída de Al Bashir.
Su detención ocurrió después de permanecer prófugo desde 2023, cuando salió de prisión durante los primeros enfrentamientos de la guerra sudanesa. Las versiones sobre el lugar en el que fue arrestado son contradictorias y su paradero posterior no fue confirmado públicamente.
La razón de su nueva detención todavía no fue aclarada oficialmente. Tampoco existe confirmación de que las autoridades tengan previsto entregarlo a la justicia internacional.
El episodio adquiere especial importancia porque ocurre en medio de la guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un conflicto que comenzó en abril de 2023 y que ha devastado extensas regiones del país.
¿Quién es Ahmed Haroun y por qué lo reclama la CPI?
Ahmed Haroun fue una de las figuras más influyentes del aparato estatal durante el gobierno de Omar al Bashir, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1989 y permaneció al frente de Sudán durante tres décadas.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Haroun el 27 de abril de 2007 por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos en Darfur entre 2003 y 2004.
Enfrenta 42 cargos: 20 por crímenes de lesa humanidad y 22 por crímenes de guerra. Entre las acusaciones figuran asesinatos, persecución, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y ataques contra la población civil.
Haroun ha rechazado las imputaciones y las ha presentado como motivadas políticamente.
Es importante distinguir las acusaciones judiciales de una condena. Haroun está reclamado por la CPI, pero no ha sido juzgado ni declarado culpable por ese tribunal.
Su caso forma parte de una investigación más amplia sobre la violencia estatal y paraestatal ejercida contra comunidades de Darfur durante el régimen de Al Bashir.
Darfur: una historia de violencia que continúa
Darfur, en el oeste de Sudán, fue escenario de una campaña de violencia masiva a partir de 2003, cuando grupos rebeldes se levantaron contra el gobierno central denunciando exclusión política y económica.
La respuesta del régimen incluyó operaciones militares y la movilización de milicias conocidas como yanyauid, acusadas de cometer atrocidades contra comunidades civiles.
Aquella violencia produjo desplazamientos masivos y denuncias internacionales por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Las actuales Fuerzas de Apoyo Rápido tienen sus antecedentes en esas estructuras paramilitares, aunque su constitución como fuerza organizada respondió a procesos posteriores de reorganización y consolidación del aparato de seguridad sudanés.
Esta continuidad histórica resulta fundamental para comprender la guerra contemporánea. Los actores armados que hoy disputan el poder no surgieron de manera repentina en 2023. Sus estructuras, redes económicas y formas de violencia se desarrollaron durante décadas de autoritarismo y conflictos regionales.
La guerra actual enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas, encabezadas por Abdel Fattah al Burhan, y a las RSF, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.
Ambas estructuras participaron de distintas maneras en el sistema de poder posterior a la caída de Al Bashir y terminaron enfrentándose por el control del Estado.
La población civil quedó atrapada entre dos aparatos militares que disputan territorios, recursos y autoridad política.
¿Por qué el Ejército detuvo a un antiguo aliado?
La detención de Haroun presenta una particularidad: sectores vinculados al antiguo régimen islamista han respaldado a las Fuerzas Armadas en su enfrentamiento con las RSF.
El propio Haroun había reconocido recientemente, durante una entrevista difundida públicamente, que su partido y el Ejército podían mantener diferencias políticas, pero coincidían en la lucha contra las fuerzas paramilitares.
Según funcionarios partidarios y abogados, la detención ocurrió después de esas declaraciones, realizadas durante una extensa entrevista difundida apenas dos días antes del arresto.
Sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación causal definitiva entre la entrevista y la decisión militar.
El episodio podría reflejar tensiones dentro del bloque que respalda al Ejército, una disputa por la influencia política de los antiguos dirigentes islamistas o una decisión relacionada con la situación judicial de Haroun. Por el momento, esas posibilidades deben tratarse como hipótesis.
La justicia internacional frente a los intereses militares
La detención vuelve a colocar en el centro una pregunta que Sudán arrastra desde hace años: ¿quién puede garantizar justicia por los crímenes cometidos contra su población?
Tras el derrocamiento de Al Bashir en 2019, distintos sectores sociales exigieron que los responsables de las atrocidades de Darfur fueran juzgados.
Pero la transición política quedó atravesada por la permanencia de estructuras militares y de seguridad que habían formado parte del antiguo régimen.
La guerra de 2023 terminó de desarticular buena parte de las expectativas de una transición civil. En ese contexto, la posibilidad de que Haroun sea entregado a la CPI tendría consecuencias políticas importantes.
No obstante, su detención por parte de las autoridades militares sudanesas no equivale a una decisión de cooperación con el tribunal internacional.
La experiencia demuestra que los Estados pueden detener a dirigentes por motivos internos sin que eso implique necesariamente una voluntad de avanzar hacia la rendición de cuentas.
La justicia no puede depender de quién gana la guerra
La situación de Sudán también expone los límites de una mirada internacional que suele concentrarse en los grandes enfrentamientos entre potencias.
Mientras otros conflictos reciben una atención diplomática permanente, millones de personas sudanesas enfrentan desplazamientos, inseguridad alimentaria, destrucción de hospitales y violencia contra la población civil.
Según datos de Naciones Unidas, cerca de 34 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Sudán. La magnitud de la emergencia contrasta con la atención internacional que recibe el conflicto.
Las mujeres y niñas enfrentan una exposición especialmente alta a la violencia sexual. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado estos crímenes.
En octubre de 2026, ONU Mujeres advirtió que más de 17 millones de mujeres y niñas necesitaban asistencia humanitaria. Las denuncias de violaciones, esclavitud sexual y otras formas de violencia deben entenderse dentro de estrategias de terror y control territorial. No son consecuencias inevitables o secundarias de la guerra.
Desde una perspectiva feminista, cualquier proceso de justicia y reconstrucción debe incluir a las sobrevivientes y a las organizaciones civiles sudanesas, cuya participación ha sido frecuentemente desplazada por negociaciones entre actores armados.
¿Qué papel desempeñan los actores externos?
Sudán ocupa una posición estratégica entre el norte de África, el Sahel, el Cuerno de África y el mar Rojo.
Su ubicación, sus recursos naturales y sus vínculos comerciales han atraído el interés de potencias regionales e internacionales.
Las denuncias sobre apoyo externo a distintos actores armados forman parte del debate sobre la prolongación del conflicto, aunque cada acusación requiere una evaluación específica de sus evidencias.
La disputa por el control de Sudán tiene consecuencias para la seguridad regional, los movimientos de población y las rutas comerciales que conectan África con Medio Oriente.
Para América Latina, el caso también plantea una cuestión de política internacional: la necesidad de defender mecanismos de justicia por crímenes atroces sin aplicar criterios selectivos según las alianzas de cada Estado.
La credibilidad de la justicia internacional depende de la aplicación consistente de sus principios. También cuando las investigaciones afectan a gobiernos o actores respaldados por potencias influyentes.
¿Qué sigue ahora?
El primer interrogante es conocer la situación jurídica y el lugar de detención de Ahmed Haroun.
También será necesario determinar si las autoridades militares sudanesas contemplan alguna forma de cooperación con la Corte Penal Internacional o si mantendrán el caso bajo su propio control.
Una eventual entrega a la CPI representaría un acontecimiento de gran relevancia para las víctimas de Darfur, pero todavía no hay confirmación de que vaya a producirse.
Mientras tanto, la guerra continúa y las necesidades humanitarias siguen siendo urgentes.
La detención de un antiguo dirigente del régimen de Al Bashir puede alterar los equilibrios políticos dentro del bloque militar. Su importancia histórica, sin embargo, dependerá de si contribuye efectivamente a terminar con la impunidad.
Sudán necesita justicia por los crímenes del pasado, pero también mecanismos que permitan detener las atrocidades del presente y devolver a su población la posibilidad de construir un gobierno civil.