Malvinas y el Atlántico Sur: ¿una disputa congelada en un espacio en transformación?

Petróleo, recursos estratégicos y nuevos actores en una disputa de soberanía que permanece abierta.

El 10 de diciembre de 2025, la compañía israelí Navitas Petroleum, en estrecha asociación estratégica con la empresa británica Rockhopper Exploration, anunció la Decisión Final de Inversión (FID) fuente oficial de Rockhopper para comenzar la extracción comercial de millones de barriles de petróleo en una plataforma offshore del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 km de las Islas Malvinas.

Esta situación abre una contradicción histórica nacional de profundas dimensiones geopolíticas: mientras el reclamo de soberanía por estas tierras permanece diplomáticamente “congelado” en los pasillos de Naciones Unidas, la geoeconomía transnacional reconfigura unilateralmente el equilibrio de poder en el Atlántico Sur.

El espejismo de la diplomacia

La Cuestión Malvinas siempre fue una herida abierta en el historial argentino y un pilar ineludible de su política exterior contemporánea. Desde 1982, año que marcó para siempre la memoria nacional con el conflicto bélico, hasta nuestra actualidad, donde aún vemos vestigios del comienzo de la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Históricamente, la estrategia argentina se basó de manera casi exclusiva en las herramientas del multilateralismo. Desde el célebre Alegato Ruda pronunciado en 1964 Malvinas en Naciones Unidas — Cancillería Argentina, en donde se hizo a un lado el argumento británico de la “libre determinación” al asegurar que las autoridades y la población original fueron suplantadas por una administración puramente colonial, Argentina logró importantes victorias morales en el plano global.

La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas, sancionada en 1965, reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y Reino Unido y, años más tarde, la Resolución 31/49 exigió expresamente a ambas partes abstenerse de tomar decisiones unilaterales que modificaran la situación de las islas.

Sin embargo, el intento político más significativo por ordenar la compleja posguerra llegó con las Declaraciones Conjuntas de Madrid I y II (1989 y 1990), mediante las cuales, por un lado, se determinó el cese formal y definitivo de las hostilidades militares y, por el otro, se reafirmó el deseo de normalizar progresivamente las relaciones entre ambos países con miras a restablecer plenamente las conversaciones diplomáticas bajo la fórmula del “paraguas de soberanía”.

Este mecanismo jurídico fue utilizado estratégicamente para plantear que las negociaciones entre Argentina y Reino Unido —y los resultados derivados de las mismas— no debían interpretarse como un cambio, renuncia o debilitamiento en las posiciones de soberanía territorial de ninguno de los dos países involucrados.

En la teoría, la aplicación del “paraguas” permitió comenzar una agenda de interés mutuo, de marcado perfil económico, comercial y diplomático, esquivando deliberadamente abordar la cuestión de soberanía de fondo; pero en la práctica y con el paso de las décadas, invisibilizó completamente el expansionismo colonial del Reino Unido y los legítimos e históricos derechos de Argentina sobre las Islas.

Mientras la diplomacia argentina confiaba de manera sostenida en que el peso institucional de Naciones Unidas, a través del accionar del Comité de Descolonización, forzaría tarde o temprano una mesa de negociación bilateral definitiva, el gobierno isleño utilizó de forma pragmática el tiempo a su favor.

Lo que en los años noventa comenzó con la venta de licencias pesqueras —dirigidas principalmente a imponentes flotas asiáticas y europeas— para ganar autonomía financiera respecto de Londres, hoy muta de forma definitiva hacia la explotación petrolera a gran escala.

Ante este contexto histórico, surge en el presente una pregunta ineludible: ¿es real el supuesto congelamiento diplomático del conflicto, o el statu quo fue simplemente la herramienta perfecta que le permitió a la administración isleña preparar el terreno administrativo, legal y logístico para entregar el mar a las gigantescas firmas transnacionales de la energía?

La ciudad flotante

La respuesta a esta incógnita no se encuentra en las resoluciones de la ONU, sino en las más de mil páginas del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) documento completo de Navitas Petroleum presentado por la firma israelí Navitas Petroleum, que planea desarrollar el yacimiento Sea Lion —ubicado a unos 220 km al norte de las Islas Malvinas y descubierto por su socia británica Rockhopper Exploration en 2010—.

En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper hicieron pública la Decisión Final de Inversión (FID) para llevar a cabo la primera fase del proyecto mediante una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

Los documentos técnicos del proyecto Sea Lion proyectan una vida productiva superior a los 30 años; las licencias que cubren el desarrollo ingresaron, además, en una fase de explotación de 35 años. Esto confirma que se trata de una ocupación extractiva de largo plazo y no de un negocio a corto plazo. Mediante la perforación de hasta 23 pozos entre las Fases 1 y 2, el desarrollo contempla cientos de millones de barriles recuperables.

El centro neurálgico será el buque FPSO, que estará anclado permanentemente al fondo del mar y rodeado por una zona de exclusión de 1.275 metros. Se estima que el “primer barril” de petróleo será extraído aproximadamente 33 meses después de la aprobación del proyecto. Además, durante la producción, el sistema permitirá cargar buques petroleros comerciales directamente en altamar, garantizando un flujo constante de barcos internacionales entrando y saliendo del Atlántico Sur exclusivamente para comerciar petróleo.

Lo más llamativo de este megaproyecto es su modelo operativo. El Direct Offtake —extracción directa— implica que el petróleo fluye desde el fondo del mar hacia el FPSO y, de ahí, se transfiere a un buque petrolero en pleno océano.

En términos geopolíticos, esto significa que el crudo nunca toca tierra firme: no va a un puerto isleño ni ingresa a una refinería continental argentina. El crudo es extraído y exportado directamente al mercado global, reduciendo considerablemente la capacidad material de Argentina de controlar esa cadena logística.

A esto se suma un factor institucional clave: las licencias para esta producción fueron otorgadas directamente por el Gobierno de las Islas Malvinas, no por Londres y mucho menos por Buenos Aires. Este detalle subraya cómo la administración local ejerce el control de facto sobre los recursos para construir y financiar su propia viabilidad.

El “bypass” continental y la impotencia legal

Frente al sistemático intento corporativo de eludir los controles continentales mediante el sistema marítimo Direct Offtake, el Estado argentino no se ha quedado de brazos cruzados, al menos en los papeles.

Su principal y más contundente arma de contraataque institucional es la Ley 26.659, norma jurídica que prohíbe y castiga la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental. Esta normativa punitiva no solo apunta a las grandes empresas petroleras operadoras directas del proyecto, sino que alcanza también actividades financieras, logísticas, técnicas, de consultoría y asesoramiento vinculadas a esos desarrollos.

Tras la confirmación pública de la firma de la Decisión Final de Inversión, la Argentina emitió sucesivos comunicados oficiales de repudio y promovió nuevas acciones contra estas actividades ilegítimas, que no tuvieron respuesta ni acatamiento por parte de las petroleras ni del gobierno isleño.

Lo que comenzó a generar cierto impacto en la sociedad global fue el último discurso emitido por el presidente argentino, donde Javier Milei aseguró que el Estado no permanecerá pasivo. El Gobierno anunció el fortalecimiento de los procedimientos sancionatorios establecidos por la Ley 26.659, mayores recursos para el Ministerio de Defensa, la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, la ampliación de las telecomunicaciones en el extremo austral y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Este paquete de medidas tendrá tres objetivos principales. Por un lado, buscará fortalecer las herramientas para sancionar a quienes explotan recursos naturales de manera ilegítima. Por otro, creará un Consejo de Seguridad Nacional encargado de definir una política de seguridad nacional coordinada y permanente frente a crecientes amenazas. Y, por último, establecerá un marco regulatorio para garantizar la protección de la infraestructura crítica argentina y la protección aeroespacial y marítima de la Nación.

En el plano multilateral, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), tratado internacional que entró formalmente en vigor en 1994, fija las normas para la asignación de los derechos y la jurisdicción de los Estados en los espacios marítimos, el uso pacífico de los océanos y la gestión de sus recursos.

La Cancillería argentina se ampara, entre otros elementos jurídicos, en sus artículos 74 y 83. Los mismos plantean que, cuando hay un límite pendiente de acuerdo o una disputa, los Estados deben hacer lo posible por no realizar acciones que puedan poner en peligro o entorpecer la conclusión del acuerdo definitivo.

Sin embargo, este robusto andamiaje jurídico choca de frente con la realidad operativa. Tanto la ley penal argentina como los mandatos de la ONU terminan diluyéndose en el océano. Mientras la diplomacia nacional exige en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas que no se altere el statu quo, la geoeconomía impone su propio ritmo: la ONU exige que no se modifique unilateralmente el escenario, pero Navitas avanza con la perforación de 23 pozos.

Acá sumaría también este enlace interno, porque amplía exactamente la dimensión regional del argumento: el avance de Sea Lion dentro del nuevo tablero del Atlántico Sur.

El triángulo inesperado: el factor Israel

Sin embargo, la voluntad de aplicar todas las leyes para sancionar estas actividades ilícitas choca con un laberinto diplomático inesperado.

El proyecto Sea Lion no está operado, planificado ni financiado mayoritariamente por una tradicional corporación petrolera británica, sino por Navitas Petroleum, una firma internacional de exploración y producción de hidrocarburos con sede central en Israel, que controla el 65% del proyecto. Al cederle el protagonismo a un tercer actor ajeno a la disputa bilateral original, la administración isleña logró tercerizar el conflicto, utilizando al capital transnacional como un escudo geopolítico.

Para la actual administración argentina, esta particular configuración representa una trampa diplomática que expone las contradicciones existentes entre la aplicación de la ley nacional y la política exterior.

En el plano administrativo, el Estado argentino ya había declarado ilegales las actividades de Navitas: mediante la Resolución 240/2022, la Secretaría de Energía declaró oficialmente clandestinas sus actividades y la inhabilitó por 20 años para desarrollar actividades en la República Argentina.

Frente al inminente avance del proyecto, el gobierno de Javier Milei redobló fuertemente y de manera pública la apuesta con la ya mencionada Ley 26.659, lo que implica colisionar de frente con la política exterior del actual gobierno nacional.

En la doctrina diplomática contemporánea argentina, el Estado de Israel ocupa un lugar central en la política exterior del gobierno de Javier Milei, vínculo profundizado recientemente con el lanzamiento de los “Acuerdos de Isaac”.

El dilema es evidente: ¿cómo ejecuta el Estado un bloqueo implacable y acusa de piratería a la principal empresa extractiva en Malvinas sin entorpecer su alianza con Israel? Frente a esta parálisis cruzada, el statu quo vuelve a beneficiar a Londres, que observa desde la distancia cómo su ocupación se consolida con el respaldo de capitales pertenecientes a los propios aliados de la Argentina.

Este punto puede ampliarse con nuestro análisis sobre las empresas involucradas en la explotación: Navitas Petroleum, Rockhopper y los vínculos políticos que atraviesan el proyecto Sea Lion.

¿Cómo quedamos?

El avance sostenido del proyecto Sea Lion marca, sin lugar a dudas, un punto de inflexión definitivo e histórico en la larga y compleja disputa por el Atlántico Sur.

Mientras el reclamo de restitución de la soberanía nacional continúa formalmente limitado a los pasillos de Naciones Unidas y a la retórica legal del país, la geoeconomía de los recursos naturales ya estableció su propio escenario. El flujo ininterrumpido de capital transnacional y la instalación de infraestructura pesada en el medio del océano demuestran que el control efectivo del territorio ya no se debate únicamente, ni siquiera en su mayor medida, en las mesas diplomáticas de los foros multilaterales, sino en la realidad visible en el océano.

Los ingresos fiscales que han sido proyectados por los asambleístas isleños gracias al esperado cobro de regalías e impuestos petroleros para el transcurso de las próximas tres décadas no solo reconfigurarán de manera total la matriz energética regional, sino que otorgarán a la administración isleña una autonomía financiera y presupuestaria inédita, consolidando un esquema de autosuficiencia económica integral que aleja cada vez más la posibilidad de un diálogo bilateral.

Frente a los fundamentos normativos argentinos y los reclamos multilaterales, la extracción masiva de crudo nos permite dejar de hablar de un statu quo. La soberanía ya no se proclama únicamente en foros o documentos, sino que se ejerce y se mide en el control físico de los recursos estratégicos.

En el Atlántico Sur del siglo XXI, la soberanía se extrae, se procesa y se exporta en altamar.