Cuando hasta contar los votos deja de ser un consenso
Colombia define presidente este 21 de junio con un margen mínimo y Perú todavía cuenta votos. Por qué los consensos democráticos básicos dejaron de ser evidentes en la región.
El domingo 21 de junio, antes de que Colombia tuviera un resultado oficial, ya tenía un ganador proclamado. El preconteo de la Registraduría le dio a Abelardo de la Espriella el 49,65% de los votos frente al 48,70% de Iván Cepeda, una diferencia de apenas 245.738 votos sobre casi 26 millones de sufragios. Antes de que el escrutinio formal de los formularios E-14 empezara siquiera, Milei ya había escrito en X que «el león y el tigre rugen en Latinoamérica». Noboa habló de que Colombia eligió «el orden sobre la impunidad». Kast llamó a De la Espriella «presidente electo». Trump escribió en Truth Social: «Él ganó. ¡Grande!». Marco Rubio dijo que ya había hablado con el «presidente electo de Colombia».
Del otro lado, Cepeda salió a decir que reconoce el preconteo «como un dato que es aún no oficial ni vinculante» y que su equipo de testigos electorales va a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Petro fue más directo: «no se puede proclamar ninguno presidente» con un margen tan ajustado, «es el escrutinio el que determina quién es el presidente». Mientras tanto, en Perú todavía no se cierra una elección donde la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no llega a 0,1 punto porcentual sobre más de 19 millones de votos, la más reñida que vivió la región desde que empezaron las transiciones democráticas en los noventa. Pero Fujimori ya se dio por ganadora.
Hay algo que conecta estas escenas además de la fecha. En ambos casos, una parte de la sociedad, y un coro apurado de presidentes de la región, decidió que el resultado preliminar alcanza para cerrar la discusión, mientras la otra parte insiste en que la diferencia es tan chica que negarse a esperar el procedimiento formal es, en sí mismo, un problema democrático. Es la misma fractura de fondo que viene atravesando a la región hace años: cuándo un resultado cuenta como legítimo y quién tiene autoridad para decirlo.
Y antes de seguir mirando Bogotá o Lima, hay algo que en Argentina conviene decir en voz alta: a esto ya lo vivimos. En octubre de 2027, cuando Javier Milei busque la reelección, vamos a tener que decidir si lo volvemos a afirmar.
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CUANDO EL RESULTADO PESA MÁS QUE EL PROCEDIMIENTO
Durante gran parte de las últimas décadas, la democracia latinoamericana funcionó sobre una promesa que iba más allá del acto de votar. Participar políticamente importaba porque se suponía que esa participación podía traducirse en una vida mejor: trabajo, consumo, acceso a derechos, movilidad social para quienes habían nacido con menos. No era una ilusión sin sustento: hubo períodos concretos en los que sectores populares mejoraron sus condiciones materiales de forma tangible, y eso alimentó la idea de que el sistema democrático era una herramienta real de integración.
Esa promesa empezó a desgastarse cuando el crecimiento dejó de traducirse en bienestar compartido. El trabajo se precarizó, la vivienda se volvió inaccesible para franjas cada vez más amplias de la población, los salarios perdieron pelea contra la inflación y las trayectorias de vida se volvieron impredecibles. Para millones de personas, esforzarse dejó de garantizar nada. La sensación de progreso, que había sido uno de los principales soportes emocionales de la legitimidad democrática, se resquebrajó. Las democracias rara vez entran en crisis porque la gente deje de valorar, en abstracto, la libertad o el pluralismo. Se deterioran cuando una parte de la sociedad percibe que las instituciones ya no pueden intervenir sobre lo que define su vida cotidiana, y eso vuelve cada vez más tentador resolver por la vía rápida lo que antes se resolvía con procedimiento y tiempo.
Costa Rica abrió el calendario electoral de la región en febrero con un ejemplo concreto de ese desplazamiento. La campaña estuvo marcada por la polarización entre chavismo y antichavismo, pero también por la inseguridad: según el CIEP, 2 de cada 3 costarricenses considera que la situación de seguridad empeoró respecto del año anterior. La politóloga Flavia Freidenberg, de la UNAM, viene señalando algo parecido a partir del comportamiento electoral de todo este ciclo: la competitividad extrema entre candidatos y la escasa diferencia entre los más votados es un fenómeno regional, atravesado por una polarización afectiva que hace que cada elección se viva como una disputa de todo o nada. Colombia y Perú son los casos más recientes, pero el patrón se viene repitiendo, con matices, en Honduras, en Ecuador, en Chile.
DEL ASCENSO SOCIAL AL RESENTIMIENTO ORGANIZADO
A lo largo de la última década, experiencias tan distintas como las de Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil o el primer gobierno de Trump en Estados Unidos fueron consolidando una narrativa que reinterpretó las causas del malestar social y movió el eje del conflicto político hacia otro lugar. De la Espriella es, en ese sentido, una pieza más de un mismo linaje regional: El Dipló lo describió como una combinación del antiestatismo de Milei con el manodurismo de Bukele.
Durante bastante tiempo, ampliar derechos se entendía como una forma de construir una sociedad un poco menos desigual: invertir en educación pública, sostener programas sociales o proteger el empleo eran parte de esa idea. Pero esa mirada empezó a cambiar. Ayudar a quienes estaban peor dejó de verse como una apuesta colectiva y pasó a presentarse como un privilegio pagado por quienes «sí se esfuerzan». La desigualdad dejó de aparecer como un problema estructural y empezó a explicarse como una suma de decisiones individuales. La solidaridad se volvió sospechosa y la intervención del Estado, para muchos, una injusticia antes que una herramienta.
En Argentina, esa lógica nos resulta conocida. Desde 2023, la narrativa de la «casta» tomó un malestar real y le puso un responsable concreto: el Estado, el gasto público, la política tradicional. En lugar de mirar también las causas más profundas de la crisis, ofreció un blanco visible para el enojo. Y no fue algo exclusivamente argentino. Es un guion que ya vimos en otros países de la región y que en Colombia volvió a mostrar hasta qué punto puede transformar frustraciones sociales en votos.
LA DISPUTA POR EL SENTIDO, NO POR LOS RECURSOS
Reducir este momento a una «crisis de la izquierda» o al agotamiento de algunos liderazgos puntuales simplifica demasiado lo que está pasando. Lo que está en discusión son los consensos que organizaron la vida democrática latinoamericana desde el retorno de los regímenes constitucionales, y esos consensos ya no cuentan con la misma evidencia social que tuvieron antes.
Por décadas hubo acuerdos relativamente extendidos sobre ciertos principios básicos: que la desigualdad extrema erosionaba la convivencia democrática, que el Estado tenía responsabilidades indelegables en materia de bienestar, que la movilidad ascendente era un horizonte deseable, que la política debía mediar entre intereses contrapuestos para que no gobernara la ley del más fuerte. Esos acuerdos nunca fueron absolutos, pero funcionaron como un suelo común desde el cual se discutían proyectos distintos.
Ese piso hoy aparece fisurado, y lo que pasó este domingo en Colombia lo muestra con particular claridad: ni siquiera hay acuerdo sobre cuándo un resultado electoral está cerrado. Mientras un bloque de presidentes de la región se apresura a proclamar ganador a De la Espriella sin esperar el escrutinio oficial, otro sector exige respetar el procedimiento que la propia Constitución colombiana establece para resolver una diferencia tan chica. La discusión dejó de girar solo alrededor de cómo distribuir recursos y pasó a disputarse el modo mismo en que se interpreta la realidad, incluida la pregunta de qué cuenta como un hecho consumado. En ese contexto, la política enfrenta algo más complicado que administrar crisis sucesivas. Necesita volver a explicar el presente y ofrecer horizontes de futuro que resulten creíbles.
UN MALESTAR QUE NO SE RESUELVE CON MEJOR COMUNICACIÓN
Una de las trampas más frecuentes es pensar que el malestar social existe porque la gente está desinformada, porque «se deja engañar» o porque vota en contra de sus propios intereses. Es una explicación tentadora, pero bastante pobre. El malestar no aparece de la nada. Tiene que ver con experiencias muy concretas: salarios que ya no alcanzan, trabajos más inestables, dificultades para alquilar o comprar una vivienda, sistemas de salud sobrecargados y una educación pública que muchas veces parece correr siempre de atrás.
En América Latina, además, todo eso se monta sobre desigualdades que vienen de larga data y que nunca terminaron de resolverse. La región construyó democracias sobre sociedades profundamente desiguales. Hubo sectores que lograron mejorar sus condiciones de vida e incorporarse a nuevos consumos y derechos, mientras otros siguieron atrapados en situaciones de vulnerabilidad. Cuando la economía dejó de crecer o empezó a deteriorarse, esas diferencias volvieron a hacerse imposibles de ignorar.
El problema es que, cuando el malestar se vuelve permanente, también cambia la forma en que se mira a la democracia. Ya no alcanza con que represente una promesa de un futuro mejor; se la evalúa por su capacidad de dar respuestas rápidas y concretas. Y cuando esas respuestas no llegan, se desgasta algo fundamental: la confianza en que las instituciones pueden mejorar la vida de las personas. También se achica la paciencia para aceptar los tiempos propios de la democracia, incluso algo tan básico como esperar un escrutinio antes de dar por definida una elección. Como señala el politólogo venezolano Eduardo Gamarra, cuando las promesas no se cumplen y la desconfianza crece, se abre espacio para liderazgos que ofrecen certezas y autoridad, aun cuando eso implique tensionar las reglas del juego democrático.
DOS LECTURAS POSIBLES DEL MISMO MALESTAR
El malestar social no empuja necesariamente hacia una única salida política. La misma bronca por la inseguridad, la incertidumbre o el deterioro económico puede traducirse en proyectos muy diferentes.
Una de esas lecturas sostiene que las democracias se volvieron lentas e incapaces de dar respuestas. Desde esa mirada, las instituciones son obstáculos, los controles son trabas y los procedimientos son un lujo de élites alejadas de la realidad. La solución sería concentrar decisiones, reducir mediaciones y apostar por liderazgos fuertes que dicen encarnar la «verdadera» voluntad popular. En esa lógica, incluso pedir que se respeten los tiempos de un escrutinio puede presentarse como una muestra de mezquindad o de incapacidad para aceptar la derrota. Cuando Daniel Noboa habló de «malos perdedores», sugirió precisamente eso: que reclamar que se cuenten los votos era poco más que un berrinche.
Pero hay otra forma de leer el mismo fenómeno. No parte de la idea de que hay demasiada democracia, sino de que existe una distancia cada vez mayor entre las instituciones y la vida cotidiana de las personas. Desde esa perspectiva, recuperar legitimidad implica fortalecer la capacidad del Estado, reducir desigualdades y volver a conectar la política con problemas concretos.
El desafío es que no alcanza con gestionar mejor. La disputa también es por el sentido común. Si mucha gente llegó a creer que el bienestar de otros amenaza el propio, entonces reconstruir la idea de comunidad se vuelve tan importante como cualquier programa económico. Porque ninguna política redistributiva puede sostenerse demasiado tiempo si antes no logra responder una pregunta más básica: por qué deberíamos seguir pensando que el destino de los demás también tiene algo que ver con el nuestro.
UNA TENSIÓN QUE VIENE DE ANTES
Aunque el escenario actual tiene elementos nuevos, el conflicto de fondo no lo es tanto. Buena parte de la historia latinoamericana puede leerse como una discusión permanente sobre quién tiene el poder, quién se beneficia de cada modelo económico y quién termina pagando los costos. Hubo momentos de ampliación de derechos y otros de ajuste y disciplinamiento; etapas en las que la región intentó construir mayores márgenes de autonomía y otras en las que las prioridades externas marcaron buena parte de la agenda.
En ese sentido, la catarata de felicitaciones que recibió De la Espriella antes de que existiera un resultado oficial no deja de ser llamativa. Trump, Rubio, Milei, Noboa, Kast, Abascal y María Corina Machado se alinearon rápidamente detrás de un mismo candidato. No es la primera vez que Washington y dirigentes afines de la región se apresuran a respaldar a quien consideran políticamente cercano antes de que termine el proceso formal. Lo llamativo fue la velocidad y la coordinación con la que ocurrió esta vez, incluso antes de que la Registraduría colombiana completara el escrutinio.
Detrás de esta escena sigue apareciendo una pregunta bastante vieja y todavía sin respuesta definitiva: cómo combinar crecimiento económico, una distribución menos desigual, representación política y cierta cohesión social en sociedades atravesadas por enormes desigualdades. Mirar el presente desde esa perspectiva histórica ayuda a evitar dos tentaciones: pensar que todo tiempo pasado fue mejor o creer que lo que ocurre hoy es inevitable. No estamos frente a un accidente inexplicable. Son conflictos conocidos que reaparecen bajo condiciones nuevas.
REPRESENTACIÓN Y CAPACIDAD ESTATAL: DOS CARAS DEL MISMO PROBLEMA
Buena parte del debate gira alrededor de la llamada «crisis de representación»: dirigentes alejados de la ciudadanía, partidos desprestigiados y una confianza cada vez más frágil en las instituciones. Y algo de eso hay. Pero el problema no parece ser solo quién representa a quién. También tiene que ver con la sensación de que los gobiernos pueden administrar problemas, pero no resolverlos; apagar incendios, pero no cambiar las condiciones que los generan.
Cuando esa percepción se vuelve persistente, la legitimidad democrática empieza a desgastarse. Las elecciones siguen existiendo y las reglas siguen ahí, pero se debilita la convicción de que esos mecanismos realmente sirven para ordenar los conflictos. Que Gustavo Petro haya tenido que recordar públicamente que es el escrutinio el que define quién ganó una elección muestra hasta qué punto ciertas certezas básicas ya no son tan obvias.
Recuperar esa confianza implica atender las dos dimensiones del problema al mismo tiempo. Hace falta una política capaz de interpretar demandas sociales cada vez más complejas, pero también un Estado con herramientas para mejorar de manera concreta la vida de las personas. Porque, al final, la representación pierde sentido si no produce resultados. Y ningún Estado puede sostenerse demasiado tiempo si deja de contar con la confianza de quienes dice representar.
LA PREGUNTA QUE ARGENTINA NO SE HACE EN VOZ ALTA
Volviendo al punto de partida, lo que pasó este domingo en Colombia, y lo que todavía se está terminando de definir en Perú, no es solamente un cambio de gobierno. Es una expresión local de una discusión que atraviesa a buena parte de América Latina: qué explicación del malestar resulta más convincente y hasta qué punto estamos dispuestos a sostener las reglas del juego cuando los resultados no son los que esperábamos.
Argentina ya pasó por esa encrucijada en 2023 y probablemente vuelva a atravesarla en 2027, cuando Javier Milei busque la reelección. La pregunta, en el fondo, es parecida: si seguirá imponiéndose una mirada que entiende a la democracia como un sistema demasiado lento y a la solidaridad como un privilegio injusto, o si aparecerá una narrativa capaz de darle sentido al descontento sin convertir al otro en enemigo ni a los procedimientos democráticos en un detalle incómodo.
Los consensos democráticos no suelen romperse de golpe. Primero dejan de parecer obvios. Después dejan de ser compartidos. Y, de a poco, empiezan a depender de si ofrecen resultados inmediatos. Lo vimos en Argentina con ideas que hace no tanto parecían bastante extendidas: que la desigualdad era un problema colectivo, que el Estado tenía responsabilidades indelegables o que ampliar derechos era una forma de construir una sociedad más justa. Hoy nada de eso está completamente fuera de discusión.
Pero tampoco hay destinos inevitables. La historia de la región muestra que los acuerdos pueden reconstruirse, incluso después de momentos de mucha polarización y desencanto. La pregunta es si quienes quieran disputar el rumbo actual serán capaces de ofrecer algo más que una crítica al presente: una explicación creíble de por qué estamos como estamos y, sobre todo, una idea de futuro que vuelva a entusiasmar sin necesidad de buscar enemigos o correr los límites de las reglas democráticas.
