Colombia: tensión por el traspaso de mando
La transición presidencial en Colombia quedó marcada por tensiones políticas tras el llamado de De la Espriella a los militares y la respuesta institucional.
Colombia atraviesa un período de transición política marcado por fuertes tensiones. Mientras el país se prepara para el cambio de gobierno, una declaración del dirigente Abelardo de la Espriella generó un fuerte debate institucional luego de que llamara a integrantes de las Fuerzas Armadas a desconocer decisiones del gobierno de Gustavo Petro.
La reacción generó preocupación porque en las democracias contemporáneas existe un principio considerado fundamental: las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil elegido mediante mecanismos constitucionales. Cuando actores políticos convocan a los militares a intervenir en disputas partidarias, se abre un debate sobre los límites entre la competencia política y el funcionamiento institucional.
El episodio ocurre además en un país con una historia compleja en materia de violencia política, conflicto armado y relación entre civiles y militares. Por eso, más allá de la disputa coyuntural, la discusión conecta con un tema central para América Latina: cómo garantizar que las fuerzas de seguridad respondan al Estado y no a proyectos políticos particulares.
Este principio busca evitar que los militares intervengan en disputas partidarias o condicionen el funcionamiento de las instituciones democráticas.
En este artículo
Un llamado que encendió alarmas institucionales
Las declaraciones de De la Espriella fueron interpretadas por distintos sectores como una apelación directa a las Fuerzas Armadas para que desconozcan decisiones del gobierno de turno.
Aunque el dirigente argumentó su posición dentro de la disputa política nacional, el llamado generó críticas porque en la región existe una memoria histórica marcada por golpes de Estado, gobiernos militares y períodos donde las Fuerzas Armadas asumieron funciones políticas.
En América Latina, la relación entre militares y democracia continúa siendo un tema especialmente sensible. Durante el siglo XX, varios países atravesaron dictaduras militares que llegaron al poder mediante interrupciones del orden constitucional, dejando consecuencias políticas y sociales que todavía forman parte de la memoria colectiva.
Por esa razón, cualquier declaración que sugiera una intervención militar en asuntos políticos genera una reacción inmediata dentro de las instituciones democráticas.
Petro, la oposición y una transición atravesada por la polarización
La declaración de De la Espriella ocurre en un escenario político marcado por una fuerte polarización. Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, Colombia atraviesa una etapa de intensos debates sobre el rumbo económico, social e institucional del país.
Petro llegó al poder como el primer presidente de izquierda de la historia reciente colombiana, con una agenda centrada en reformas sociales, cambios en la política económica y una transformación del enfoque de seguridad. Su gobierno generó expectativas en sectores históricamente excluidos, pero también fuertes resistencias dentro de sectores políticos, empresariales y sociales que cuestionaron sus propuestas.
La oposición ha construido gran parte de su discurso alrededor de la defensa de las instituciones, la seguridad y la estabilidad económica. Desde el oficialismo, en cambio, se sostiene que muchas de las críticas responden a la resistencia de sectores tradicionales frente a un proceso de cambio político.
En ese contexto, el papel de las Fuerzas Armadas se convirtió en un punto especialmente delicado. Colombia tiene una larga historia donde la seguridad ocupó un lugar central en la agenda nacional debido al conflicto armado interno, la presencia de grupos insurgentes y el narcotráfico.
Por eso, cualquier intento de involucrar a los militares en una disputa política adquiere una dimensión mayor que en otros países: toca uno de los pilares más sensibles de la democracia colombiana.
Colombia y una relación particular con sus Fuerzas Armadas
A diferencia de otros países de América Latina que atravesaron dictaduras militares durante el siglo XX, Colombia mantuvo una tradición de gobiernos civiles elegidos mediante mecanismos electorales. Sin embargo, eso no significa que el papel de las Fuerzas Armadas haya sido ajeno a la política.
Durante más de cinco décadas, el conflicto armado interno convirtió a las instituciones militares en actores centrales del Estado. La lucha contra las guerrillas, los grupos paramilitares y las organizaciones vinculadas al narcotráfico otorgó a las Fuerzas Armadas un peso político e institucional significativo.
El proceso de paz con las FARC, firmado en 2016, buscó modificar esa dinámica y avanzar hacia una nueva etapa donde la seguridad no estuviera definida únicamente por la lógica del conflicto armado.
Sin embargo, los desafíos no desaparecieron. Persistieron grupos armados ilegales, economías criminales y disputas territoriales en distintas regiones del país.
Esta historia explica por qué el debate actual tiene una sensibilidad particular. Las Fuerzas Armadas colombianas tienen un papel fundamental en la protección del Estado, pero precisamente por esa relevancia existe una preocupación constante por preservar su carácter institucional y evitar su utilización como actor político.
🕊️ 2016: acuerdo de paz entre el Estado y las FARC.
⚠️ Persistencia de grupos armados y economías ilegales en distintas regiones.
🪖 Las Fuerzas Armadas tuvieron un rol central en la política de seguridad nacional.
¿Por qué importa este episodio para América Latina?
Aunque el conflicto sea interno, la discusión tiene implicancias regionales. América Latina tiene una historia marcada por momentos donde sectores militares intervinieron directamente en la política, interrumpiendo gobiernos constitucionales y alterando procesos democráticos.
Desde la recuperación de las democracias en las últimas décadas del siglo XX, uno de los consensos más importantes en la región fue que las Fuerzas Armadas debían mantenerse alejadas de la disputa partidaria.
Ese principio no implica desconocer su rol en la seguridad nacional, sino establecer límites claros sobre su función dentro del Estado.
La experiencia regional muestra que la estabilidad democrática depende también de instituciones capaces de resistir las presiones políticas de cada coyuntura. Cuando actores civiles buscan convertir a los militares en árbitros de una disputa partidaria, se debilita la separación entre defensa y política.
Por eso, el caso colombiano excede la figura de un dirigente o una declaración puntual. La discusión de fondo es cómo las democracias administran sus conflictos internos sin trasladarlos hacia instituciones cuya función debe permanecer constitucionalmente delimitada.
La transición colombiana y el desafío de preservar las instituciones
Las próximas etapas de la política colombiana estarán atravesadas por una disputa intensa entre distintos proyectos de país. Como ocurre en muchas democracias, los cambios de gobierno implican momentos de incertidumbre, especialmente cuando existen diferencias profundas sobre el rumbo económico, social y de seguridad.
Sin embargo, una transición democrática no se mide únicamente por quién gana una elección o qué sector político logra imponer su agenda. También se mide por la capacidad de las instituciones para funcionar dentro de los límites establecidos por la Constitución.
En ese marco, las Fuerzas Armadas ocupan un lugar particular. Su función dentro del Estado requiere altos niveles de profesionalización y confianza pública, pero esa confianza depende también de que la sociedad perciba que actúan como instituciones estatales y no como actores alineados con un sector político.
La historia latinoamericana demuestra que las crisis institucionales suelen comenzar cuando los límites entre política y fuerza pública empiezan a diluirse. Por eso, incluso en contextos de alta polarización, la defensa del orden constitucional requiere sostener reglas comunes que estén por encima de los gobiernos de turno.
¿Qué escenarios se abren ahora?
El impacto político de las declaraciones de De la Espriella dependerá de cómo evolucionen las respuestas institucionales y del lugar que ocupe este tema dentro de la agenda pública colombiana.
Un primer escenario es que el episodio quede limitado como parte de la disputa política propia de un período electoral o de transición. En este caso, las instituciones continúan funcionando y la declaración se incorpora al debate partidario sin generar consecuencias mayores.
Un segundo escenario es que aumente la presión sobre las Fuerzas Armadas para posicionarse frente a la disputa política. Esto podría generar un problema institucional porque obligaría a una institución estatal a responder frente a una discusión que no corresponde a sus funciones constitucionales.
Un tercer escenario sería una profundización de la polarización, donde distintos sectores utilicen a las instituciones públicas como parte de una disputa por legitimidad política. En ese contexto, la preocupación no estaría únicamente en una declaración individual, sino en la erosión progresiva de los consensos democráticos.
La fortaleza de una democracia no se observa únicamente cuando existe estabilidad, sino también cuando puede atravesar períodos de conflicto político sin que las instituciones abandonen sus funciones.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadena el período conocido como La Violencia, una etapa de fuerte conflicto político.
1964
Surgen las FARC como organización guerrillera.
Décadas de 1980 y 1990
El narcotráfico y los grupos armados profundizan la crisis de seguridad.
2016
Se firma el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC.
2022
Gustavo Petro llega a la presidencia como el primer presidente de izquierda del país.
2026
Las tensiones durante la transición vuelven a poner en debate el rol de las instituciones militares.
Colombia y una discusión que atraviesa toda América Latina
Las democracias latinoamericanas conocen de cerca las consecuencias de la intervención militar en política. Durante el siglo XX, numerosos países atravesaron golpes de Estado y dictaduras que dejaron profundas marcas sociales e institucionales.
Por eso, cada vez que aparece un llamado a que las Fuerzas Armadas tomen posición frente a una disputa política, la discusión trasciende las fronteras nacionales.
La defensa de la democracia no implica eliminar los conflictos políticos, porque esos conflictos forman parte natural de cualquier sociedad. Implica establecer mecanismos para que esas diferencias puedan resolverse dentro de las instituciones y no mediante actores que tienen funciones diferentes dentro del Estado.
Colombia, como cualquier democracia, atraviesa momentos de tensión, cambios y disputas por el poder. La diferencia está en cómo responde frente a esas tensiones.
Mientras el mundo concentra su atención en grandes conflictos internacionales, también existen batallas menos visibles alrededor de principios fundamentales: quién decide, qué instituciones tienen poder y cuáles son los límites que una democracia debe preservar.
