Bolivia: casi 2 meses de bloqueo
Casi 50 días de bloqueos, un estado de excepción y un movimiento social dividido. Así llegó Bolivia a la crisis de gobernabilidad de Rodrigo Paz.
Cuando el presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en la madrugada del sábado 20 de junio, Bolivia llevaba ya casi cincuenta días de bloqueos de rutas que habían dejado a La Paz y a la vecina El Alto prácticamente cercadas. La medida, aprobada horas después por la Asamblea Legislativa Plurinacional con más de dos tercios de los votos, habilitó a las Fuerzas Armadas a intervenir junto a la policía para levantar las barricadas. Tres semanas después, con la infraestructura de emergencia todavía tensionada y sectores del movimiento campesino y cocalero que se niegan a negociar, el conflicto sigue marcando la agenda política del país sin que se vislumbre una salida definitiva.
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De dónde viene el conflicto
Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025 con la promesa de resolver la escasez crónica de combustible y recomponer las reservas del Banco Central, en un país que arrastraba años de crisis cambiaria y desabastecimiento. Para eso implementó un programa de ajuste cuyo punto más sensible fue la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes desde hacía décadas. La medida, sumada a reformas para atraer inversión extranjera que quedaron trabadas en el Congreso, terminó de agravar una inflación que ya golpeaba a los sectores populares.
Las movilizaciones comenzaron en mayo con demandas sectoriales puntuales que, según los propios manifestantes, no encontraron respuesta del gobierno. Con el correr de las semanas, la protesta fue sumando actores, entre ellos sindicatos campesinos del altiplano paceño y organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales, y fue radicalizando su pliego hasta convertir la renuncia de Paz en la demanda central. En su punto más álgido llegaron a contabilizarse casi noventa puntos de bloqueo activos distribuidos en seis departamentos, según registros oficiales.
Un estado de excepción con matices
El decreto que habilitó el estado de excepción, el Decreto Supremo 5636, prohíbe explícitamente el uso de armas y explosivos durante los operativos de desbloqueo y no contempla la suspensión de derechos constitucionales, una distinción que el propio gobierno subrayó para diferenciar la medida de un estado de sitio. Paz fue enfático en su mensaje a la nación al presentar la decisión: «Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente», dijo, en una frase que buscaba anticipar las críticas de organismos de derechos humanos ante el despliegue militar en tareas de orden interno.
La medida tuvo un efecto inmediato: policías y militares retiraron escombros y barricadas en rutas clave del occidente boliviano, entre ellas los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, bloqueados desde principios de mayo. Pero el desbloqueo por la fuerza no resolvió el conflicto político de fondo. La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato con mayor peso histórico en el país, se desmarcó de los sectores más duros y firmó un acuerdo con el gobierno para abrir mesas de diálogo sectorial, lo que permitió liberar buena parte de las rutas. Sin embargo, los sindicatos campesinos del altiplano paceño y las organizaciones cocaleras alineadas con Morales mantuvieron su negativa a negociar y su exigencia de renuncia presidencial, en un quiebre que dejó al movimiento social boliviano dividido en dos posiciones que hoy no dialogan entre sí.
La respuesta institucional y sus zonas grises
El conflicto también dejó una batalla legislativa paralela. El 26 de mayo, en pleno pico de las protestas, el Congreso aprobó y Paz promulgó la Ley 1732, que derogó la vieja normativa de estados de excepción vigente desde hacía décadas y estableció un nuevo marco legal para este tipo de medidas, con una duración máxima de 90 días prorrogable si la Asamblea Legislativa lo autoriza. Es un dato relevante porque delimita hasta cuándo puede extenderse, en principio, el actual estado de excepción, aunque no hay al momento de escribir esta nota una confirmación oficial de una prórroga específica más allá de ese plazo legal, algo que conviene señalar como incertidumbre abierta antes que dar por hecho un plazo mayor.
En paralelo, legisladores de distintos bloques, incluidos Alianza Libre y el Partido Demócrata Cristiano, anunciaron que impulsarán causas penales contra dirigentes de la COB y de organizaciones campesinas por su responsabilidad en las muertes y pérdidas económicas atribuidas a los bloqueos. Desde el Comité Cívico de Santa Cruz, uno de los bastiones históricos de la oposición al Movimiento al Socialismo, se pidió al gobierno aplicar el estado de excepción «con firmeza» y sin «benevolencia» hacia los dirigentes de la protesta, en una posición que contrasta con las voces de organismos de derechos humanos preocupadas por la militarización de la respuesta estatal.
Lo que está en juego
El conflicto boliviano combina dos lecturas que conviene no separar. Por un lado, hay una crisis económica real, con reservas del Banco Central deterioradas y una dependencia estructural del gas que ya no alcanza para sostener el modelo de subsidios que caracterizó a los gobiernos del MAS durante casi dos décadas. Por otro, hay una crisis de representación política en un movimiento social boliviano que llega a este momento fragmentado, con la COB dispuesta a negociar y las bases campesinas y cocaleras del occidente del país en ruptura abierta tanto con el gobierno como, en los hechos, con su propia central obrera.
Esa fragmentación no es un dato menor para entender el conflicto. Bolivia construyó buena parte de su legitimidad democrática reciente sobre la capacidad de sus organizaciones sociales de traducir demandas populares en negociación política, incluso en los momentos más tensos de la Guerra del Gas o del ciclo de Evo Morales. Que hoy ese mecanismo esté roto, con sectores que directamente descartan cualquier diálogo institucional, es un síntoma que trasciende la coyuntura de Rodrigo Paz y habla de una crisis más amplia de los canales tradicionales de mediación entre el Estado y los movimientos populares bolivianos. La militarización del desbloqueo, aunque el propio decreto haya evitado los términos más duros del estado de sitio, deja además una pregunta pendiente sobre qué precedente institucional queda cuando un gobierno que llegó por elecciones limpias recurre a las Fuerzas Armadas para resolver un conflicto que nació, antes que nada, como una respuesta social a un ajuste económico.
