Genocidio de Srebrenica: 31 años después
El genocidio de Srebrenica cumple 31 años mientras la República Srpska lo niega ante la ONU. Qué pasó, qué dice la ley internacional y qué está en juego hoy.
Este 11 de julio, en el cementerio memorial de Potočari, Bosnia y Herzegovina enterró los restos de diez nuevas víctimas del genocidio de Srebrenica. Hombres de entre veinte y cincuenta y seis años, recuperados de fosas comunes en Vlasenica, Zvornik, Bratunac y la propia Srebrenica, encontraron sepultura treinta y un años después de haber sido asesinados. Más de mil personas siguen sin aparecer.
La ceremonia se repite cada año desde que en 1995 las fuerzas serbobosnias, bajo el mando de Ratko Mladić, ejecutaron a más de ocho mil hombres y niños musulmanes bosnios en lo que había sido declarado, apenas dos años antes, una zona de protección de Naciones Unidas. Es la matanza más grande cometida en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y la única que un tribunal internacional calificó formalmente como genocidio.
Pero este aniversario llega en un contexto particular. En mayo de 2026, la República Srpska presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU un documento oficial que cuestiona la legitimidad de las instituciones internacionales en Bosnia y reproduce, con el respaldo de un Estado, una narrativa que hasta hace poco circulaba solo en los márgenes: la de que la población bosnia musulmana representa una amenaza de dominación islámica sobre Europa.
En este artículo
Lo que pasó en julio de 1995
Srebrenica había sido declarada «área segura» por Naciones Unidas en 1993, uno de los seis enclaves bosnios musulmanes que la ONU se comprometió a proteger en medio de la guerra que siguió a la desintegración de Yugoslavia. La protección quedó en manos de un contingente de cascos azules holandeses, mal equipado y sin mandato para usar la fuerza de manera efectiva.
El 11 de julio de 1995, las fuerzas del Ejército de la República Srpska, comandadas por Mladić, entraron a la ciudad sin encontrar resistencia militar significativa. En los días siguientes separaron a los hombres y niños de las mujeres, los niños pequeños y los ancianos. A las mujeres las evacuaron hacia territorio controlado por el gobierno bosnio. A los hombres los ejecutaron de forma sistemática.
Según datos del Instituto de Personas Desaparecidas de Bosnia y Herzegovina, el número de víctimas confirmadas hasta ahora es de 8.372. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes primarias y, semanas después, removidos con maquinaria pesada hacia fosas secundarias dispersas por la región, en un intento deliberado de dificultar la identificación posterior. Esa decisión logística es la razón por la cual, tres décadas después, la ciencia forense sigue encontrando y reconstruyendo cuerpos fragmentados entre distintas fosas.
La calificación jurídica del Genocidio
Esa doble confirmación judicial distingue a Srebrenica de otros episodios de violencia masiva del siglo XX que, pese a su magnitud, no recibieron esa categoría en sede judicial. Mladić fue condenado en 2017 a cadena perpetua por el TPIY, y Radovan Karadžić, entonces líder político de los serbobosnios, recibió la misma pena en 2019.
Los acuerdos de Dayton, firmados a fines de 1995, pusieron fin a la guerra pero dejaron una arquitectura estatal dividida en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosnia musulmana y croata, y la República Srpska, de mayoría serbia. Esa misma entidad que hoy forma parte del Estado bosnio es la que fue señalada como responsable del genocidio por sus propias fuerzas armadas.
El negacionismo institucional
👉Más de 1.000 personas todavía desaparecidas
👉31 años desde la masacre
👉Documento presentado por la República Srpska ante el Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 2026
Durante años, la negación del genocidio de Srebrenica circuló sobre todo en discursos de dirigentes locales de la República Srpska y en sectores nacionalistas serbios, tanto dentro de Bosnia como en Serbia. Lo novedoso de 2026 es el nivel de formalización que alcanzó ese discurso.
En mayo, la República Srpska presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un documento paralelo a los informes que regularmente eleva el Alto Representante internacional para Bosnia, Christian Schmidt. El texto cuestiona la legitimidad de la Oficina del Alto Representante, la institución encargada de supervisar la implementación civil de los acuerdos de Dayton, y sostiene que el temor de serbios y croatas ante lo que llama una eventual «dominación bosnia total» del país está justificado, porque, según el documento, existen «focos significativos de islam radical» dentro de la comunidad bosnia musulmana.
La académica Ehlimana Memišević, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sarajevo y sobreviviente del genocidio, señaló que este tipo de narrativas ya no aparecen solo en discursos sueltos de funcionarios, sino que fueron incorporadas a documentos oficiales de las autoridades de la República Srpska. Sobrevivientes que hoy trabajan en el Centro Memorial de Srebrenica, como Almasa Salihovic, vienen advirtiendo públicamente que las nuevas generaciones bosnias crecen expuestas a versiones que sostienen que la masacre nunca ocurrió o que las víctimas eran combatientes armados, no civiles.
Esta línea de negación coexiste con la que trazó la Asamblea General de la ONU en 2024, cuando estableció el 11 de julio como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995 y condenó explícitamente cualquier forma de negación de ese hecho histórico.
Qué está en disputa cuando se niega un genocidio
Negar un genocidio no es simplemente discutir una cifra o matizar un relato. Es una operación que decide, hacia adelante, qué muertes cuentan como pérdida legítima y cuáles pueden ser recodificadas como exageración, invento o daño colateral de una guerra «como cualquier otra». Esa operación tiene un correlato institucional muy concreto: cuando es un Estado el que la sostiene, mediante un documento oficial presentado en el foro multilateral más alto que existe, la negación deja de ser una opinión marginal y pasa a integrar la política exterior de ese Estado.
Bosnia y Herzegovina sigue atrapada, treinta y un años después de la guerra, en la misma arquitectura institucional que permitió que las dos entidades convivan sin resolver sus disputas de fondo. La fragilidad que dejó Dayton, pensada como solución transitoria para terminar con una guerra, se convirtió en el terreno permanente donde se libra la batalla por la memoria. El Alto Representante internacional viene señalando en sus informes recientes que estas maniobras representan una amenaza directa a la estabilidad de los acuerdos de paz, no un incidente aislado de retórica nacionalista.
Mientras tanto, en Potočari, la búsqueda forense continúa. Cada año, un puñado de familias recibe la noticia de que finalmente puede darle sepultura a un padre, un hermano o un hijo. La ceremonia de este 11 de julio, con apenas diez cuerpos identificados, es la medida exacta de lo que implica reconstruir una identidad a partir de fragmentos óseos dispersos en fosas secundarias treinta años después del crimen.
Los mismos mecanismos en América Latina
En Argentina, el negacionismo de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) no niega la existencia de desaparecidos, algo insostenible después de cuatro décadas de juicios por delitos de lesa humanidad. Lo que sostiene es la llamada teoría de los dos demonios: la idea de que hubo una guerra entre organizaciones armadas y las Fuerzas Armadas, y no un plan sistemático de exterminio ejecutado desde el aparato estatal. La vicepresidenta Victoria Villarruel construyó su carrera política alrededor de esa tesis desde que en 2006 fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, bajo la consigna de «memoria completa».
Según una investigación del observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicada en marzo de 2026, el 71% de la población argentina mantiene una visión negativa de la dictadura y el 70% respalda que continúen los juicios por lesa humanidad. Apenas el 7% valora positivamente el régimen de Jorge Rafael Videla. El dato es relevante porque muestra que el negacionismo no responde a un consenso social mayoritario, sino a un sector que, en este momento, ocupa posiciones de poder estatal: en noviembre de 2025 asumió como ministro de Defensa el teniente general Carlos Presti, el primer militar en ese cargo desde 1983. El observatorio Radar contabilizó 99 ataques a símbolos y sitios de memoria entre 2020 y 2025, con un crecimiento sostenido desde la irrupción electoral de La Libertad Avanza.
El caso guatemalteco muestra la versión más extrema de esta disputa, porque ahí el negacionismo logró torcer directamente un fallo judicial. En 2013, un tribunal condenó a Efraín Ríos Montt a ochenta años de prisión por el genocidio cometido contra el pueblo maya ixil entre 1981 y 1983: fue la primera condena a un expresidente por genocidio dictada en tribunales de su propio país. Diez días después, la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso por errores de procedimiento. Ríos Montt murió en 2018 sin volver a ser juzgado. Su coacusado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue absuelto dos veces, la última en 2018, pese a que ese mismo tribunal reconoció por unanimidad que el genocidio había existido. Un nuevo juicio contra otros militares retirados por los mismos hechos volvió a postergarse en diciembre de 2025.
Lo que conecta a Potočari, Buenos Aires y Nebaj no es la ausencia de pruebas. En los tres territorios existe evidencia forense, documental y testimonial, y en los tres existe una calificación judicial o cuasijudicial que reconoce el crimen. Lo que varía es la capacidad del poder político de turno para neutralizar esa verdad ya establecida sin necesidad de refutarla: mediante un documento presentado ante la ONU, mediante una carrera electoral construida sobre la equiparación de víctimas y responsables, o mediante un tecnicismo procesal que revierte una condena sin desmentir sus fundamentos.
Lo que sigue
El Comité Internacional de Personas Desaparecidas y el Instituto de Personas Desaparecidas de Bosnia y Herzegovina continúan trabajando sobre las fosas todavía no exhumadas. Naciones Unidas mantendrá activo el programa de divulgación sobre el genocidio que la Asamblea General pidió establecer de cara al trigésimo aniversario, con una instalación conmemorativa prevista en la sede de Nueva York entre el 17 de julio y el 28 de agosto.
La pregunta de fondo excede a Bosnia. Cada vez que un Estado dispone institucionalmente de la posibilidad de negar un crimen ya juzgado, pone a prueba la utilidad misma de que existan tribunales internacionales. La condena judicial fue clara desde 2001. Lo que sigue abierto, treinta y un años después, es si esa claridad alcanza para impedir que el crimen se reescriba desde el poder que lo cometió.
