¿Se puede juzgar al juzgador? La destitución de Karim Khan sacude a la CPI

La destitución de Karim Khan sacude a la Corte Penal Internacional y abre un debate inevitable sobre los límites de la ética frente a las presiones geopolíticas.

El 24 de julio de 2026, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue un escenario tectónico para el derecho internacional porque, por primera vez en sus 24 años de existencia, la Asamblea de los Estados miembros votó para destituir al fiscal de la Corte Penal Internacional.

Con 82 votos a favor de los 125 estados miembros, el jurista británico Karim Khan concluyó prematuramente su mandato. Las razones oficiales se basaron en acusaciones por conducta sexual inapropiada dentro de su equipo de trabajo, procesada tras meses de investigación interna por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU. Sin embargo, detrás del rigor normativo y los pasillos de La Haya, el episodio deja al descubierto un dilema incómodo: ¿dónde termina la exigencia de transparencia y dónde empiezan las tensiones de la política global? A continuación, una breve explicación del funcionamiento de la CPI.

Se debe recordar que la CPI no forma parte orgánica de la ONU, aunque colaboran de forma estrecha. Es un tribunal independiente regido por el Estatuto de Roma de 1998, diseñado para juzgar a personas y no a los Estados, por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La destitución de Karim Khan y el ascenso de la CPI como actor global

Cuando Khan asumió la fiscalía en 2021, la CPI enfrentaba duras críticas por su lentitud y por una histórica concentración de investigaciones en el continente africano. Su gestión imprimió a la Oficina del Fiscal una impronta mucho más activa y visible en la agenda pública global.

El fiscal británico no dudó en avanzar sobre expedientes de altísimo voltaje político. En 2023 solicitó una orden de arresto contra Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos, y en 2024 hizo lo propio contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contra el ex ministro de defensa israelí Yoav Gallant y contra altos funcionarios de Hamás.

Estas acciones ubicaron al tribunal bajo una lupa sin precedentes. Por un lado, le devolvieron a la Corte un rol central en los conflictos contemporáneos. Por el otro, expusieron a su cúpula a bloqueos diplomáticos, amenazas directas y sanciones unilaterales impuestas por potencias externas al Estatuto de Roma.

Esa presión de senadores individuales escaló, con el correr de los meses, a una política de Estado. Ya no fueron gestiones puntuales sino una ofensiva diplomática formal, con sanciones y un objetivo declarado: desarmar al tribunal antes de que pudiera avanzar sobre más causas incómodas para sus aliados.

Cuando las reglas de casa se vuelven prioridad

La crisis dio un vuelco drástico cuando se formalizaron internamente denuncias por falta de ética contra el propio fiscal. Ante la gravedad de los señalamientos, la Asamblea activó por primera vez el mecanismo contemplado en el artículo 46 del Estatuto de Roma, que establece la remoción del magistrado o fiscal por falta grave o incompetencia. Khan ya se había apartado de forma preventiva de su cargo en mayo de 2025, mientras avanzaba la investigación.

Si algo caracteriza al sistema multilateral actual es que su legitimidad descansa en la autoridad moral de sus instituciones. Permitir que los vacíos de control afecten al máximo perseguidor de crímenes internacionales habría erosionado la credibilidad del tribunal ante las propias víctimas a las que representa.

[Artículo 46] Establece que un funcionario de la CPI solo puede ser separado de su cargo mediante voto de mayoría absoluta de los Estados parte, garantizando que la persona acusada pueda ejercer su derecho a defensa durante la investigación.

El jurista ruso Sergey Vasiliev analizó el desenlace como un hecho inédito para el organismo: la Corte entra en un terreno donde su propio rigor interno se vuelve tan determinante como sus fallos hacia afuera.

Después de la destitución de Karim Khan: el futuro de la Corte Penal Internacional

Frente a la incertidumbre que genera un recambio tan intempestivo, la Asamblea de los Estados Partes aclaró que la estructura técnica de la fiscalía sigue operativa. Las investigaciones vigentes, las órdenes de captura emitidas y los trámites ante la Sala de Cuestiones Preliminares continúan bajo la conducción provisional de las fiscalías adjuntas, Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang, que ya venían a cargo de la gestión diaria desde la licencia de Khan en 2025.

El desafío central de cara a los próximos meses no será únicamente procesar la salida de Khan, sino llevar adelante un proceso de selección transparente para su reemplazo. Quien asuma la titularidad del cargo deberá reunir credenciales profesionales intachables y, sobre todo, la templanza necesaria para conducir causas altamente polarizadas sin que el tribunal pierda independencia frente a los intereses geopolíticos que ya demostraron estar dispuestos a intervenir. Y esos intereses, en los últimos días, dejaron de necesitar el disimulo de las gestiones privadas. 

La destitución del fiscal deja una tensión sin resolver: el derecho internacional no puede sostenerse con dobles raseros, pero exigir justicia hacia afuera empieza por garantizar que la propia casa funcione sin que ese mismo mecanismo termine sirviendo a los intereses de quienes nunca se sometieron a esa justicia.

Este artículo fue escrito por Felipe Barrientos y contó con la colaboración editorial de Paula Villaluenga, ed. de Chicas en RRII.