Milei, Israel y el Petróleo de Malvinas
Navitas Petroleum extrae petróleo en Malvinas con licencia británica y bloquea el acceso desde Argentina. Israel abre un consulado en Ushuaia. Leé el informe completo.
Hay una empresa israelí extrayendo petróleo en aguas que la Argentina reclama como propias, operando bajo licencia de la potencia que ocupa esas islas desde 1833. Esa misma empresa impide que cualquier persona conectada desde una IP argentina entre a su sitio web. Y mientras tanto, el gobierno de Israel anuncia la apertura de un consulado honorario en Ushuaia, con jurisdicción formal sobre las islas en disputa, presentado como un gesto de respaldo a la Argentina.
Los tres hechos ocurrieron en un lapso de meses. Ninguno de los tres fue leído en conjunto. Este informe reconstruye la cadena completa, desde el perfil de la petrolera hasta el discurso diplomático que la Cancillería argentina celebró sin matices, para entender qué significa realmente el «apoyo» israelí a la causa Malvinas cuando se lo mira junto a lo que hace el capital israelí en esas mismas aguas.
En este artículo
Qué es Navitas Petroleum
Navitas Petroleum es una compañía israelí que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. Su modelo de negocio no es la exploración desde cero, sino entrar en proyectos offshore de largo ciclo, generalmente basados en plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), en etapas donde el riesgo geológico ya fue reducido por otros y el financiamiento requiere paciencia y tolerancia al riesgo geopolítico.
Esa lógica se probó primero en el yacimiento gasífero Leviathan, frente a las costas de Israel, donde Navitas sostuvo una participación del 7,5% desde la construcción hasta el primer gas en 2019, y salió en 2021 vendiéndole su parte a la emiratí Mubadala Petroleum una vez que el proyecto ya estaba de-riesgado.
Un patrón similar se repitió en el proyecto Shenandoah, en aguas profundas del Golfo de México, donde Navitas adquirió el 49% y la operatoría de un desarrollo estancado, reestructuró la deuda heredada y ayudó a cerrar un paquete de financiamiento de mil millones de dólares en 2021, respaldado por bancos e inversores institucionales israelíes. Shenandoah entró en producción a comienzos de 2025 y hoy genera flujo de caja.
Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, sigue exactamente esa estrategia. Entre 2021 y 2022, mediante acuerdos con la británica Rockhopper Exploration, Navitas fue quedándose con la operatoría y el control mayoritario del proyecto. Hoy sostiene el 65% de participación y la operatoría a través de su subsidiaria británica, Navitas Petroleum Development and Production Ltd (NPDP), mientras Rockhopper retiene el 35% restante.
Sea Lion: quince años de historia y una decisión que lo destrabó todo
El yacimiento Sea Lion fue descubierto por Rockhopper Exploration en 2010, y desde entonces atravesó más de una década de idas y vueltas por los costos, el financiamiento y la falta de definiciones. El 10 de diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper tomaron finalmente la decisión final de inversión (FID) para la primera fase del proyecto.
Los números del yacimiento son concretos. Se trata de un desarrollo con 319 millones de barriles de recursos certificados, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas de 450 metros de profundidad. La primera fase apunta a 170 millones de barriles y a un pico de producción de 50.000 barriles diarios, mediante once pozos submarinos conectados a un buque FPSO reflotado desde el Mar del Norte.
Una segunda fase, prevista para los tres años posteriores al primer petróleo, sumaría doce pozos más. El requerimiento total de financiamiento, según Rockhopper, es de 1.800 millones de dólares hasta el primer petróleo y 2.100 millones hasta la finalización completa del proyecto. El primer petróleo está proyectado para marzo de 2028.
👉65% de participación y operatoría de Navitas Petroleum
👉1.800 millones de dólares de inversión requerida hasta el primer petróleo
👉2028: año proyectado de inicio de producción
👉1.300 millones de barriles de recursos potenciales en el bloque PL001, sumado en enero de 2026
Todo ese desarrollo ocurre bajo licencias otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas, bajo administración británica, no por la Argentina. En 2022 la Secretaría de Energía argentina ya había sancionado a Navitas por realizar actividades de exploración sin autorización del Estado argentino, declarando ilegal su actividad en la plataforma continental dentro de la Cuenca Malvinas Norte e inhabilitándola para operar en territorio argentino durante veinte años. La sanción no modificó en nada el curso del proyecto, que siguió avanzando bajo normativa británica como si esa resolución no existiera.
La expansión de enero: el bloque PL001
En enero de 2026, Navitas anunció un acuerdo no vinculante para quedarse con el 65% de participación operativa en el bloque PL001, contiguo al yacimiento Sea Lion, con estimaciones de hasta 1.300 millones de barriles de recursos potenciales en un área de 1.126 kilómetros cuadrados. El acuerdo se firmó con JHI Associates, que retiene el 35% restante, y en el que la canadiense Eco Atlantic Oil & Gas tiene una participación indirecta del 6,6%.
El plan de Navitas es conectar ambos yacimientos mediante tuberías y umbilicales submarinos, usando la técnica conocida como tie-back, que permite aprovechar infraestructura ya instalada para acelerar la puesta en producción y reducir costos de inversión. Es la misma lógica que ya aplican otros consorcios en la región, como el que conecta los yacimientos Fénix y Vega Pleyade en la costa norte de Tierra del Fuego, integrado por TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy.
La diferencia central es que, en el caso de PL001 y Sea Lion, la licencia que habilita toda esa actividad la otorgó un gobierno colonial sobre un territorio en disputa de soberanía, reconocida como tal por la propia Organización de Naciones Unidas.
El bloqueo: por qué casi nadie se enteró a tiempo
Buena parte de esta información tardó en circular en la Argentina por una razón concreta: Navitas Petroleum restringe el acceso a su sitio web institucional para cualquier dirección IP argentina, devolviendo un error 403 Forbidden. La empresa sí publica normalmente esa misma información para usuarios de cualquier otro país del mundo.
La confirmación de la expansión a PL001 se conoció recién porque medios especializados en la cuestión Malvinas, como Agenda Malvinas, accedieron a la información mediante otras vías, esquivando el bloqueo geográfico. Cuando finalmente se pudo leer el contenido publicado en la sección de proyectos del sitio de Navitas, apareció el texto en el que la propia empresa describía «la adquisición de una participación operativa del 65% en el Bloque PL001 en las Islas Malvinas», una formulación que la propia compañía usa para referirse al archipiélago.
El bloqueo no es un problema técnico aislado. Es una decisión deliberada de restricción geográfica, dirigida específicamente al único país que sostiene un reclamo de soberanía activo sobre el territorio donde la empresa opera. La cancillería argentina calificó el conjunto del proyecto Sea Lion como «ilegítimo», por tratarse de una decisión unilateral del Reino Unido que contradice la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, de 1965, que insta a la Argentina y al Reino Unido a negociar la soberanía en lugar de avanzar unilateralmente sobre los recursos naturales de la zona en disputa.
El comunicado oficial advirtió además que las actividades de estas empresas podrían generar consecuencias «potencialmente irreversibles», y que el país «profundizará su plan de acción» para adoptar las medidas adicionales que considere necesarias para resguardar sus derechos soberanos.
El discurso de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU
En febrero de 2026, durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller israelí Gideon Sa’ar sostuvo que Israel está a favor de una negociación entre la Argentina y el Reino Unido sobre el futuro de las islas. La frase circuló en medios argentinos como un respaldo diplomático relevante, y el canciller Pablo Quirno la valoró públicamente como un gesto significativo del gobierno israelí hacia el reclamo argentino.
Conviene mirar el contexto completo de esa intervención, porque cambia bastante su sentido. Sa’ar en realidad respondía en ese momento a una crítica de la canciller británica Yvette Cooper, quien había señalado la violencia de colonos judíos contra población palestina en Cisjordania como una tendencia «profundamente equivocada» y había pedido mayor control de la Autoridad Nacional Palestina en la zona. Sa’ar usó la comparación con Malvinas como recurso retórico para devolverle a Londres una acusación de doble estándar en materia de soberanía territorial disputada, apuntando a la propia ocupación británica en el Atlántico Sur.
Leído en ese contexto, «estar a favor de una negociación» no equivale a reconocer la soberanía argentina sobre las islas. Es una posición que cualquier país puede sostener sin comprometerse formalmente con ninguna de las dos partes en el reclamo, y que en ese caso puntual funcionó, sobre todo, como munición diplomática contra el Reino Unido en un debate que no tenía a Malvinas ni a la Argentina como tema central.
Israel, en ningún momento posterior, desautorizó los negocios de Navitas en Malvinas. Sostiene, en simultáneo, una frase ambigua sobre negociación diplomática y un silencio total sobre la actividad de su propia empresa de bandera en la zona en disputa.
El antecedente de 1982: una relación con memoria selectiva
Vale la pena un paréntesis histórico, porque ayuda a leer el presente con menos ingenuidad. Durante la Guerra de Malvinas de 1982, el gobierno israelí de Menachem Begin proveyó de forma discreta armamento a la Argentina, pese al alineamiento formal de Jerusalén con Estados Unidos, principal aliado de Londres. Llegaron sistemas de alerta radar, misiles Shafrir, equipos de comunicación y abrigos para las tropas, y la fuerza aérea argentina contó con aviones Dagger de fabricación israelí.
Pese a ese involucramiento militar concreto, la Argentina nunca logró que Israel modificara su posición en las votaciones sobre Malvinas en la Asamblea General de la ONU a lo largo de las décadas siguientes. Eso se explica, en buena medida, porque la Argentina sostuvo durante años una postura simétrica en las votaciones vinculadas a la causa palestina, generalmente en contra de Israel o absteniéndose. El vínculo actual entre ambos gobiernos, mucho más alineado en el plano internacional, podría eventualmente modificar esa dinámica histórica en la ONU, pero hasta ahora no hay una votación concreta que lo confirme.
Esa memoria selectiva importa para entender el consulado que Israel anunció meses después en Ushuaia. No es la primera vez que Israel gestiona su relación con la Argentina en clave de Malvinas sin que eso implique un compromiso sustantivo con el reclamo de soberanía argentino.
El consulado de Israel en Ushuaia: jurisdicción sobre las islas, motivos que no son solo diplomáticos
En julio de 2026, el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, confirmó en una entrevista televisiva que su país inició formalmente el proceso para abrir un consulado honorario en Ushuaia, con jurisdicción sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la denominación oficial argentina que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Sela presentó la iniciativa como una señal de acompañamiento al reclamo de soberanía argentino, y recordó la intervención de Sa’ar en el Consejo de Seguridad como antecedente. Pero en la misma entrevista, el embajador fue igual de explícito sobre las razones de fondo del consulado, que tienen poco que ver con la diplomacia territorial: la necesidad de ampliar las relaciones comerciales y atender el crecimiento del turismo israelí que visita la zona, en un contexto de cooperación tecnológica histórica entre ambos países. Sela mencionó, además, que en paralelo avanzan las gestiones para habilitar vuelos directos entre Israel y la Argentina, con un inicio proyectado hacia fines de noviembre.
El consulado, entonces, tiene un fundamento económico y turístico tan explícito como el diplomático, si no más. Su jurisdicción incluye nominalmente a las islas que la Argentina reclama, en el mismo momento en que la petrolera de bandera israelí expande su actividad extractiva en esas aguas bajo licencia británica.
👉Diciembre 2025: la Cancillería argentina rechaza el proyecto y lo califica de «ilegítimo»
👉Febrero 2026: Sa’ar habla de «favor a una negociación» en el Consejo de Seguridad de la ONU, en un cruce con la canciller británica por Cisjordania
👉Enero 2026: Navitas confirma la expansión al bloque PL001
👉Julio 2026: el embajador Sela anuncia el consulado honorario en Ushuaia
Gesto diplomático, práctica material: por qué conviene leerlos juntos
Separar estos hechos, y evaluarlos cada uno por su cuenta, es el error más común al analizar este tipo de casos. Israel sostiene con la Argentina un vínculo bilateral que el gobierno de Javier Milei convirtió en una bandera identitaria de su política exterior, y usa activamente ese vínculo para avanzar en turismo, comercio, cooperación tecnológica y presencia diplomática en el extremo sur del continente. En paralelo, permite que su capital privado, cotizante en su propia bolsa de valores, opere en el corazón mismo del territorio marítimo en disputa, sin que eso genere ningún costo político dentro de la relación bilateral.
No hace falta que el Estado israelí financie de forma directa a Navitas Petroleum para que la contradicción exista. Alcanza con que nunca la desautorice, con que sostenga una ambigüedad diplomática calculada que le permite no dañar ni el vínculo estratégico con Buenos Aires ni los negocios de una empresa que forma parte de su propio ecosistema energético y financiero. Vemos una posición israelí deliberadamente gris, que no desautoriza los negocios estratégicos de Navitas pero tampoco quiere dañar una relación bilateral que el propio gobierno argentino construyó como parte central de su identidad de política exterior.
La Argentina, mientras tanto, celebra cada gesto simbólico, la frase de Sa’ar en la ONU, el anuncio del consulado, como si fueran avances concretos en la disputa de soberanía. Ninguno de los dos modifica en absolutamente nada la actividad extractiva que Navitas sigue desarrollando en la plataforma continental argentina bajo licencia de un tercer país.
Lo que este caso muestra sobre el poder real de negociación
El caso Navitas expone algo que excede la relación puntual con Israel: el bajo poder de negociación real que tiene hoy la Argentina en el escenario internacional cuando se trata de disputar recursos naturales frente a actores que ya están operando en su territorio en disputa. Las decisiones de política exterior interna, las alianzas identitarias, los gestos de cercanía bilateral, tienen un impacto marginal sobre lo que efectivamente hacen esos actores en el terreno.
Israel puede sostener un vínculo cálido y explícito con el gobierno argentino, y al mismo tiempo permitir que su capital privado consolide una posición dominante en la Cuenca Malvinas Norte, sin que ninguna de las dos cosas tensione a la otra. Esa es, en definitiva, la lógica del capital cuando opera por fuera de cualquier marco de soberanía negociado: responde a la rentabilidad proyectada del yacimiento y a la seguridad jurídica que le ofrece la licencia británica, no a la calidad de la relación diplomática con el país que reclama esas mismas aguas.
El colonialismo británico sobre las Islas Malvinas, en 2026, no necesita desplegar tropas nuevas ni levantar banderas adicionales. Se sostiene con licencias de explotación, con capital extranjero dispuesto a invertir miles de millones de dólares en un yacimiento a 220 kilómetros de las islas, y con herramientas tan simples como un bloqueo de IP que impide que la sociedad que reclama soberanía sobre ese territorio pueda siquiera consultar, en su propio idioma y desde su propio país, la información que la empresa involucrada publica sin ningún problema para el resto del mundo.
