Presidencialismo y golpes de Estado en Argentina

A lo largo y ancho de Latinoamérica predomina una forma de gobierno presidencialista cuyo origen se remonta a la conformación de los países tras su independencia, a lo largo del siglo XIX, fuertemente inspirada en la forma de gobierno estadounidense. Mientras Estados Unidos nunca ha atravesado un golpe de Estado efectivo, gran parte de los países latinoamericanos han experimentado reiteradas interrupciones de su orden democrático. En Argentina se produjeron seis golpes de Estado durante el siglo XX: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Este panorama inicial permite plantear una primera pregunta: ¿se trata de una forma de gobierno que únicamente funciona en su país de origen?

Este artículo aborda, desde una perspectiva institucional, una posible relación causal entre la forma de gobierno presidencialista y la inestabilidad democrática en Argentina, pudiendo extrapolar el análisis a América Latina, y plantea la pregunta de si la estabilidad pudo haber sido contingente si se hubiera presentado una forma de gobierno parlamentaria. En otras palabras, ¿es posible rastrear las raíces de la inestabilidad democrática argentina y latinoamericana a su forma de gobierno? Desde ya, se considera que es reduccionista pensar la estabilidad democrática como una alternancia de jefes de Estado que responden al voto popular, dejando de lado otras cuestiones tales como los derechos políticos, la libertad de expresión, el clientelismo, la abstención electoral, el fraude electoral, etc.

Con este propósito, primero se describen las características generales de las formas de gobierno presidencialista y parlamentaria, para luego examinar los principales aportes de la literatura sobre la relación entre presidencialismo e inestabilidad democrática. Finalmente, estas herramientas conceptuales se utilizan para reflexionar e ir más allá del aspecto formal de la democracia.

Presidencialismo y parlamentarismo

En primer lugar, los fundadores de la república estadounidense, en el siglo XVIII, fueron profundamente críticos de la democracia directa y crearon su Constitución desde una perspectiva influida por los teóricos clásicos de la democracia, así como por la experiencia de la democracia ateniense. Desde allí sostuvieron como bandera evitar la tiranía de la mayoría y evitar “las potencialidades autoritarias de la representación popular” (Orlandi y Zelaznik, 1995, p. 255), por lo que un presidente designado por el Congreso carecía de sentido.

De tal manera, el presidente construye su legitimidad a través del voto directo de los ciudadanos y presenta una duración de gobierno fija. Además, se trata de una figura que unifica al jefe de gobierno y al jefe de Estado. El Parlamento puede ser una institución que limita el poder ejecutivo y actúa de contrapeso, principalmente si el partido oficialista no presenta una mayoría en el Congreso, trabando leyes que el Ejecutivo insta a que sean sancionadas. Por último, poseen una supervivencia separada, es decir, ninguno recorta el mandato del otro, salvo en el caso de la destitución del presidente a través del juicio político a manos del Poder Legislativo.

En contraposición, la forma de gobierno parlamentaria concibe como figuras separadas al jefe de Estado y al jefe de gobierno. El Parlamento es la figura central: es la institución que posee el poder de designación y de destitución del jefe de gobierno a través del voto de confianza o de censura/desconfianza, respectivamente. Es decir, la permanencia en el cargo del jefe de gobierno siempre está determinada por el apoyo que puede lograr y sostener en el Parlamento. Tal dependencia podría ser un signo de inestabilidad, pero ¿no podría ser la capacidad que tienen los gobiernos parlamentarios de dar respuesta a las crisis gubernamentales y de resolver los conflictos mediante vías institucionales lo que falta en Argentina y/o en América Latina?

Juan Linz, sociólogo español, sostiene que la duración fija del presidente en un cargo dificulta la resolución de las crisis y que “la medida extrema de juicio político que nosotros encontramos en los textos constitucionales es tremendamente dificultosa de usar en comparación del voto de no confianza” (Linz, 1988, p. 37). Institucionalmente, la duración fija del mandato presidencial logra una apariencia de estabilidad con respecto a la duración indeterminada de los jefes de gobierno en los países parlamentarios.

Sin embargo, estos últimos pueden ofrecer respuestas más eficaces, ya sea mediante la designación de un nuevo jefe de gobierno o el llamado a nuevas elecciones parlamentarias.

Es así que, en sistemas presidencialistas, el golpe de Estado puede ser visto como una vía para terminar con el mandato de un presidente antes de lo previsto; en Argentina, especialmente los golpes de 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966 remiten a cuestiones políticas, partidistas, ideológicas y/o económicas.

El caso argentino y la cuestión institucional

A pesar de este análisis, es imposible ignorar la influencia directa de Estados Unidos, que permitió golpes de Estado en Latinoamérica, especialmente después de la Revolución Cubana, generando gobiernos dictatoriales sangrientos en los países del Cono Sur a través del Plan Cóndor y de la Escuela de las Américas, principalmente. En Argentina, el último golpe de Estado, ocurrido en 1976, remite a estos factores, pero también se enmarca en crisis económicas, gubernamentales y sociales.

Desde una perspectiva institucional, es posible plantear una relación de correlación entre el presidencialismo/parlamentarismo y el éxito de la democracia. No obstante, formular la pregunta de si en Argentina y/o en América Latina se hubiese dado una forma de gobierno parlamentaria es de alcance limitado.

Propongo analizar la cuestión yendo hacia las cuestiones más básicas de la democracia: en términos de Chantal Mouffe, filósofa y politóloga belga, lo constitutivo de la política es la posibilidad de organizar un espacio que es común y conflictivo al mismo tiempo, en donde se considere al otro como un adversario y no como un enemigo a destruir. Se trata de una sociedad en donde no se definan amigos o enemigos, sino del pasaje de una democracia antagonista a una agonista (Mouffe, 2012).

En otras palabras, para Mouffe la confrontación en una sociedad democrática surge al darle significados distintos a los principios ético-políticos de la democracia: la libertad y la igualdad. La base de esta confrontación reside en ciudadanos que coexisten en un espacio que les es común, identificándose con los valores democráticos y brindando lealtad a la democracia (Mouffe, 2012).

Más allá de la forma de gobierno

Desde esta perspectiva, más allá de que se trate de un gobierno presidencialista o parlamentarista, lo fundamental es el respeto a las instituciones democráticas y aceptar la legitimidad de los otros en cuanto ciudadanos que piensan distinto y proponen otras formas de organizar la sociedad; es decir, aunque no se compartan sus ideas, esto no implica interrumpir el funcionamiento de la democracia.

En conclusión, la pregunta inicial se pierde en los extremos si tenemos en cuenta este telón de fondo. Quedarnos en la contingencia es insuficiente si no tenemos como base un piso de aprecio a la democracia. Si dentro de los lazos cívicos se comparten valores democráticos y el respeto básico a la democracia, considero que cualquier forma de gobierno tiene posibilidades mínimas de éxito democrático.