Los más patriotas, los menos soberanos

Proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, o como lo llama el pueblo, de extranjerización

El 27 de marzo del corriente año el gobierno nacional presentó oficialmente el proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que propone modificaciones sobre la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) y otros aspectos del régimen de propiedad. El mismo fue postulado en la esfera pública como una herramienta orientada a dotar de «seguridad jurídica» al mercado y modernizar normas procesales, englobando un conjunto de reformas profundas sobre el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras rurales.

Las reformas propuestas sobre la Ley 26.737 que rige actualmente la propiedad de tierras rurales, se convirtieron en el principal punto de controversia e indignación en el debate público. Especialmente debido a la cláusula que modifica el porcentaje de titularidad extranjera permitida sobre la superficie nacional, elevando los límites actuales y abriendo la puerta a una mayor concentración de tierras y recursos estratégicos en manos de capitales transnacionales. La resistencia pública desatada obligó al gobierno a realizar un repliegue táctico: anunciar la eliminación del apartado sobre tierras rurales, pero manteniendo el resto del paquete de modificaciones y desregulaciones que componen el proyecto de ley.

Esta jugada buscó desactivar el foco de conflicto inmediato sin alterar el espíritu de la norma. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia dos cuestiones centrales: la vigencia y efectividad de la acción popular organizada y la persistencia de una agenda oficial que, por distintas vías, insiste en mercantilizar el territorio.

En este sentido, resulta aún más pertinente mirar nuestra región -y nuestra propia historia- en búsqueda de antecedentes que nos permitan comprender los mecanismos que habilitan la concreción de estas agendas y las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la pérdida de un patrimonio y recurso tan esencial como la tierra.

Más allá de la indignación: antecedentes regionales de la extranjerización

En América Latina, la cesión del control del suelo a capitales transnacionales no es una teoría abstracta: cuenta con un amplio recorrido empírico marcado por la reprimarización económica y la reconfiguración del territorio.

El caso paraguayo constituye una de las experiencias más emblemáticas de la región sobre la privatización y desregulación del suelo. De acuerdo con las investigaciones regionales recopiladas por la FAO en su informe sobre dinámicas del mercado de tierras (2014), la penetración de capitales transnacionales reconfiguró de manera estructural el mapa productivo del país. La compra masiva de hectáreas por parte de empresas y productores extranjeros (principalmente brasileños, bajo el fenómeno de los «brasiguayos» en departamentos como Alto Paraná, Canindeyú y Amambay) desencadenó un proceso acelerado de land grabbing (Aquino Vera, 2022).

Esta dinamización del agronegocio monocultivo —centrado casi exclusivamente en la soja transgénica y la ganadería intensiva de exportación— tuvo tres consecuencias socioambientales inmediatas:

• Consolidación de la desigualdad agraria: Paraguay pasó a ostentar uno de los índices de Gini de concentración de la tierra más altos del mundo (superando el 0,90), donde aproximadamente el 2% de las explotaciones agrícolas controla más del 85% de la superficie cultivable.
• Desplazamiento y descampesinización: Miles de familias campesinas e indígenas fueron expulsadas de sus territorios tradicionales debido a la presión inmobiliaria, la fumigación con agroquímicos en los lindes de las comunidades y la pérdida de tierras de uso común, alimentando cinturones de pobreza urbana en Asunción y otras ciudades.
• Erosión de la soberanía alimentaria y territorial: El volcado masivo del suelo hacia la exportación sustituyó los cultivos diversificados de consumo local por commodities globales, transformando la franja fronteriza en un enclave donde las dinámicas económicas y la soberanía del Estado quedaron supeditadas a la lógica de rentabilidad de actores transnacionales.

Por otra parte, la experiencia chilena expone una dinámica especial en relación al acaparamiento de tierras: no funciona como un fenómeno aislado o meramente rural, sino como un proceso estructural de articulación multiescalar. En este esquema, el capital transnacional se despliega sobre el territorio nacional mediante la compra masiva de suelo y, al mismo tiempo, proyecta su influencia a escala intrarregional. Chile opera así como un escenario en el que convergen dinámicas globales de acumulación con lógicas locales de desregulación; el suelo deja de concebirse como un soporte físico para la comunidad o la producción local y pasa a estructurarse como un activo financiero e inmobiliario subordinado a los flujos del mercado global (Maira-Sommer, 2019).

En el informe “Planificación multiescalar: las desigualdades territoriales. Volumen II” de la CEPAL, este proceso es analizado por Maira-Sommer, quien delimita tres manifestaciones clave:

1. Acaparamiento periurbano y re-territorialización del capital: El fenómeno afecta de manera crítica a las franjas periurbanas y de interfaz rural-urbana mediante la adquisición de suelo para infraestructura, logística y desarrollo inmobiliario corporativo, desplazando los usos productivos y sociales tradicionales del territorio.
2. Especulación financiera y control de activos naturales: La compra de grandes extensiones por parte de holdings y fondos de inversión internacionales responde a una lógica de reserva patrimonial y especulación financiera global, lo que tensiona la seguridad en la tenencia de la tierra y restringe el acceso a recursos naturales estratégicos.
3. Proyección intrarregional de capitales: El estudio evidencia cómo conglomerados y grupos económicos operando desde Chile actúan como plataformas intrarregionales de transnacionalización, participando activamente en la compra e inversión sobre el suelo en otros países de América del Sur.
   

Nada nuevo: Antecedentes dentro de nuestra tierra

Las dinámicas de acaparamiento no son ajenas a la historia argentina. La desregulación de los años 90 facilitó la adquisición de millones de hectáreas rurales por parte de firmas offshore, corporaciones transnacionales y fortunas individuales. Esta etapa dejó en evidencia que, en ausencia de un marco regulatorio estricto, el mercado inmobiliario rural tiende a la concentración y al cercamiento de bienes comunes estratégicos.

Un ejemplo paradigmático de este proceso se observa en la provincia de La Rioja, con la adquisición de más de 200.000 hectáreas en la zona de Valle Hermoso (Vinchina) por parte de Jaime Libersohn. La operación representó la cesión de una superficie equivalente a diez veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abarcando valles con alto valor productivo e hídrico.

La operación derivó rápidamente en un escándalo de alcance nacional: organismos legislativos comenzaron a investigar las irregularidades del procedimiento y en julio de 2010, el Ministerio del Interior intervino para suspender la operación, y la posterior denuncia de Libersohn ante la Corte Federal de Nueva York no prosperó. Las tierras terminaron regresando al control estatal.

Este caso condensa los riesgos directos de la extranjerización a escala provincial:

1. Riesgo sobre recursos hídricos en zonas de aridez extrema: de haberse consolidado, la operación habría otorgado a un actor privado extranjero el control sobre acuíferos subterráneos estratégicos, en una provincia donde el acceso al agua condiciona la subsistencia de las poblaciones locales.
2. Riesgo para la planificación estatal: la magnitud de la superficie en juego mostró cómo la concentración de tierra en pocas manos privadas puede llegar a condicionar el ordenamiento territorial de una provincia entera.

Fue precisamente para poner un límite a este tipo de dinámicas de concentración y despojo que en diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley vigente de Tierras Rurales (Ley 26.737). El intento actual de desmantelar este marco regulatorio no constituye un hecho aislado: busca reabrir la puerta a esquemas de extranjerización que la propia experiencia histórica argentina ya demostró perjudiciales para la soberanía territorial y el desarrollo equitativo.

La nación vacía y la soberanía instrumental

Antes, durante y después de la presentación del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, el gobierno desplegó una herramienta esencial para preparar el escenario, convencer a su electorado y conquistar a los sectores sociales y políticos afines: el discurso. Desde el inicio de su mandato —e incluso durante la campaña—, la gestión oficial demostró comprender la función neurálgica del lenguaje, concebido no como un mero vehículo de ideas, sino como un espacio de producción de sentido que configura las representaciones de la realidad social y redefine los marcos de lo políticamente aceptable. Es precisamente en este terreno donde libran su más constante «batalla».

Para lograr que la desregulación de las tierras rurales y la flexibilización del patrimonio nacional resulten asimilables para la sociedad, se articuló un conjunto de operaciones retóricas destinadas a naturalizar el avance del capital transnacional sobre el territorio y reafirmar las ideas de minimización de las funciones del Estado. Pese a mostrarse excéntricamente “patriótico”, en la gramática del gobierno la apelación a los símbolos patrios y a una identidad nacional exaltada cumple una función primordialmente defensiva y de legitimación. Se construye una narrativa de «restitución de la grandeza» y «defensa de la patria» que, empíricamente, se encuentra vacía de sentido y de materialidad, ya que en la práctica concreta, se promueven medidas que eliminan los límites legales que la resguardan. Así, la noción de nación queda despojada de su dimensión territorial y comunitaria, reduciéndose a un mero marco simbólico para cobijar la libre circulación de capitales.

A la par de esta retórica, los principios del libre mercado, la desregulación normativa y la atracción de inversiones son elevados al rango de imperativos éticos absolutos en una suerte de economicismo moral (Martínez, 2026). Bajo este esquema discursivo, los marcos de protección territorial —como la Ley de Tierras Rurales— son catalogados como «trabas ideológicas», «injerencias estatales ineficientes» o restricciones «colectivistas». De este modo, la cesión de suelo a holdings extranjeros deja de señalarse como una pérdida de patrimonio público para presentarse como un acto de «pragmatismo», «seguridad jurídica» y «modernización».

En este esquema, la soberanía es sometida a un proceso de reconfiguración estratégica donde pierde su sentido tradicional vinculado a la autodeterminación y la tutela del dominio público sobre los bienes comunes, para transformarse en una herramienta puramente instrumental: se apela a ella de forma performativa para deslegitimar regulaciones internacionales o rechazar agendas globales que fijen límites sociales o ambientales, mientras que se la suspende deliberadamente para facilitar la apertura irrestricta del mercado inmobiliario rural a capitales transnacionales. De este modo, la soberanía deja de ser una garantía de autonomía estatal y se convierte en un recurso discursivo maleable que legitima el repliegue del Estado frente a la lógica del capital.

Por suerte, hoy esta ofensiva discursiva no triunfó. La respuesta social, la firmeza de las redes comunitarias y la movilización popular demostraron con claridad que el sentido común sobre la tierra, el territorio y la verdadera soberanía no se moldea de manera unidireccional ni se quiebra fácilmente. La ciudadanía logró interceptar el relato oficial, develando que detrás de las proclamas grandilocuentes se escondía el despojo de los bienes comunes.

Sin embargo, el repliegue del proyecto no debe interpretarse como el fin de la contienda, sino apenas como una tregua en una disputa cultural permanente. La persistencia de estos andamiajes retóricos nos recuerda que la mayor amenaza a la soberanía no siempre proviene de presiones externas explícitas, sino de la constante erosión discursiva que intenta, día a día, desmantelar las fronteras defensivas del propio Estado.

“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”.
— Arturo Jauretche

🌍 PARA SEGUIR LEYENDO

Bibliografía
Aquino Vera, L. V. (2022). Paraguay: Extranjerización y concentración de tierras en Alto Paraná. UNILA. Leer trabajo
Maira-Sommer, P. (2019). Land grabbing, un cómplice silencioso de la globalización. CEPAL. Leer documento
Martínez, F. M. (2026). Liderazgo y política exterior en las nuevas derechas radicalizadas. UNSAM.
Soto Baquero, F., y Gómez, S. (2014). Concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe. FAO. Leer documento
Fuentes legales
Cámara de Diputados de la Nación (2010). Proyecto de resolución sobre la venta de tierras en Valle Hermoso, La Rioja. Ver expediente
Ley 26.737 (2011). Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales. Consultar ley
Poder Ejecutivo Nacional (2026). Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ver proyecto
Fuentes periodísticas
Pepe, G. (2026). La escandalosa venta de un pueblo en La Rioja…. Letra P. Leer nota