Sharp Power: una lectura latinoamericana

El sharp power puede empezar mucho antes de una amenaza explícita. Nadie firma una orden. En una reunión de la que no queda acta, alguien pregunta si conviene invitar a esa panelista, si el tema del seminario no va a “incomodar” a la fundación que puso la mitad del presupuesto del programa. Nadie prohíbe nada. Simplemente, ese nombre se cae de la lista, ese tema pasa para el año que viene y la próxima vez ni siquiera hace falta preguntar: ya se sabe qué cosas no conviene tocar.

No hubo censura directa. Hubo algo anterior y más difícil de nombrar, que decidió por todos antes de que nadie tuviera que decidir nada.

A esa clase de fenómeno, la politóloga Jessica Ludwig y el analista Christopher Walker, del National Endowment for Democracy —una institución con sede en Washington y financiada por el Congreso de Estados Unidos—, le pusieron nombre en 2017: sharp power.

Lo hicieron mirando sobre todo a China y Rusia, tratando de explicar algo que el vocabulario disponible no alcanzaba a cubrir. El soft power, la idea de Joseph Nye de un poder que atrae por la fuerza de la cultura, los valores o el prestigio, no servía para describir lo que estaban viendo: un tipo de influencia que no necesita gustarte.

No hace falta que ames a la potencia que la ejerce. Alcanza con que consiga entrar en universidades, medios o instituciones culturales y, desde ahí, empiece a modificar —sin dar demasiado la cara— qué se puede decir, investigar o discutir.

Sharp power: un imán y una púa

La metáfora que proponen Walker y Ludwig es simple y por eso funciona. El soft power es un imán: atrae, seduce, construye consenso porque el otro quiere acercarse. El sharp power es otra cosa: algo que perfora.

Entra en el tejido institucional de una sociedad abierta y busca alterarlo desde adentro, sin necesidad de que nadie se convenza de nada.

Una beca, un instituto cultural o un medio financiado desde afuera no son sharp power por el solo hecho de existir. El mecanismo aparece cuando esos vínculos generan incentivos para evitar ciertos temas, invitados o preguntas porque se sabe —sin que nadie necesariamente lo diga en voz alta— que abordarlos puede tener un costo.

La censura puede llegar tarde. Antes ya trabajó la autocensura.

El concepto nació, sin embargo, con una condición incorporada que vale la pena mirar de cerca antes de usarlo: para Walker y Ludwig, el sharp power es fundamentalmente lo que hacen regímenes autoritarios sobre democracias abiertas.

La asimetría no es un detalle del análisis: es parte central de su formulación. Autoritarismo afuera, apertura adentro.

Y esa manera de plantearlo no quedó sin discusión ni siquiera dentro del debate estadounidense. Joseph Nye, el mismo académico que había desarrollado el concepto de soft power, sostuvo que el sharp power no era necesariamente una categoría nueva, sino una forma de hard power: si hay engaño, presión o manipulación de información, argumentó, seguimos dentro de una lógica coercitiva.

La disputa no está saldada. Y conviene tenerla presente porque lo que sigue en este artículo también es una intervención en ese debate, no la continuación de un consenso que no existe.

China y Rusia: los casos con los que nació el concepto

El informe original de 2017 desarrolla el mecanismo a partir de dos actores que conviene repasar porque son, justamente, el material con el que se construyó el concepto.

El caso de China muestra cómo el financiamiento cultural y académico —idiomas, intercambios, institutos— puede convivir perfectamente con el soft power hasta que esos mismos vínculos generan incentivos para evitar investigaciones, invitados o debates considerados sensibles para Beijing.

No hace falta una orden directa. Puede alcanzar con que una universidad sepa que cierta decisión pone en riesgo una relación que le conviene sostener.

El caso de Rusia muestra otro mecanismo. No necesariamente busca que le creas: puede alcanzarle con que desconfíes de todo lo demás.

Amplificar divisiones existentes, hacer circular versiones contradictorias o erosionar la confianza en medios e instituciones puede producir un entorno en el que ya no importe demasiado cuál versión es cierta.

Y ahí aparece una dimensión que a Chicas en RRII nos interesa particularmente.

Investigaciones académicas sobre desinformación rusa —como el trabajo de Ellery Cushman y Kiril Avramov sobre las narrativas de “Eurosodom”, y el de Owen Wong, Claire Mountford y Stéfanie von Hlatky sobre desinformación de género— muestran que el género y la sexualidad también pueden convertirse en herramientas de disputa geopolítica.

Los derechos de las mujeres y de las personas LGBT aparecen presentados como evidencia de una supuesta “decadencia occidental”, utilizada para erosionar la legitimidad de instituciones como la Unión Europea o la OTAN y conectar, al mismo tiempo, con audiencias conservadoras de distintos países.

Género, poder y disputa transnacional

Esto tampoco empezó en 2017.

La filósofa argentina María Lugones desarrolló el concepto de colonialidad del género para mostrar que la dominación colonial no transformó solamente las relaciones económicas y políticas: también reorganizó jerarquías, cuerpos, sexualidades y categorías de género.

Su argumento es más complejo que afirmar que antes de la conquista “no existía” el binario hombre-mujer en América. Lo que cuestiona es la universalización de un sistema moderno-colonial de género y su imposición sobre sociedades cuyas formas de organizar cuerpos, roles y relaciones no necesariamente coincidían con las categorías europeas.

Ese aporte permite conectar una discusión histórica con mecanismos contemporáneos.

Hoy, el género vuelve a aparecer como terreno de disputa transformacional cuando redes políticas, religiosas, mediáticas o digitales consiguen que determinados marcos —“ideología de género”, “defensa de la familia”, “protección de los niños”— pasen del discurso a las instituciones.

La operación se vuelve políticamente relevante cuando deja de consistir solamente en producir contenido conservador y empieza a alterar legislaciones, políticas públicas, presupuestos, tribunales o los costos de participación de mujeres y diversidades.

Ahí la pregunta por el sharp power puede volverse fértil: ¿qué actores externos participan?, ¿qué redes locales amplifican esos marcos?, ¿qué recursos circulan?, ¿y cuándo una campaña de influencia consigue reducir efectivamente derechos o márgenes de decisión dentro de otro Estado?

Sacarle el pasaporte al sharp power

Hasta acá, seguimos bastante de cerca la literatura original. Ahora viene la parte que es nuestra, y conviene decirlo con esa claridad: lo que sigue no es la definición de Walker y Ludwig, sino una propuesta de lectura de Chicas en RRII.

Si lo que vuelve interesante al sharp power es el mecanismo —penetración institucional, opacidad, presión, autocensura, achicamiento del espacio de lo decible—, entonces podemos preguntarnos por qué la categoría debería quedar reservada a China, Rusia o a los llamados “regímenes autoritarios”.

Desde América Latina, quizá sea más productivo empezar por otra pregunta: ¿qué relaciones de poder hacen posible que una potencia entre en nuestros espacios de información, conocimiento y decisión, qué instituciones atraviesa y qué margen de maniobra queda para cuestionarla? Esta discusión forma parte de una pregunta más amplia sobre cómo se construyeron las Relaciones Internacionales y qué cambia cuando las pensamos desde América Latina.

Esto no implica borrar las diferencias entre regímenes políticos ni afirmar que todas las potencias actúan de la misma manera.

Implica algo más sencillo: mirar primero el mecanismo y después el pasaporte.

Autonomía: una pregunta latinoamericana mucho más vieja

Y para hacer ese movimiento no hace falta importar todo el andamiaje conceptual desde Washington.

Juan Carlos Puig, el internacionalista rosarino que desarrolló buena parte de su obra entre las décadas de 1960 y 1980, pensó la política exterior argentina y latinoamericana alrededor de otra pregunta: cuánto margen de maniobra puede construir un país periférico dentro de un sistema internacional profundamente desigual.

Él lo llamó autonomía.

Puig distinguía entre “repartidores supremos”, capaces de fijar buena parte de las reglas internacionales; actores intermedios; y “recipiendarios”, que reciben esas reglas pero conservan cierta capacidad para negociar, resistir o ampliar sus márgenes.

La autonomía, para Puig, no equivalía a una independencia absoluta. Se trataba de aumentar la capacidad de decisión dentro de relaciones necesariamente asimétricas.

No es la misma teoría que el sharp power, ni Puig estaba anticipando a Walker y Ludwig.

Pero poner ambas tradiciones en conversación permite hacer una pregunta interesante: ¿qué ocurre cuando una influencia externa no solo condiciona desde afuera, sino que empieza a reducir desde adentro ese margen de autonomía?

Ahí nuestra reformulación del sharp power encuentra una utilidad particular.

Cuando el poder llega mezclado

En vínculos tan asimétricos como los que mantienen los países latinoamericanos con las grandes potencias, las herramientas no llegan separadas en cajas prolijas.

Una potencia puede ofrecer inversiones, mercados, tecnología o cooperación en seguridad; financiar programas culturales y académicos; construir relaciones con élites locales y, al mismo tiempo, generar condiciones en las que ciertas críticas empiezan a tener costos mayores.

Ahí pueden convivir herramientas de hard power, soft power y otras formas de influencia sin que nadie se preocupe demasiado por mantenerlas separadas para facilitarle la tarea a quien las estudia.

La pregunta relevante es cuándo esa combinación deja de ser solamente influencia ejercida desde afuera y empieza a alterar instituciones, saberes y márgenes de decisión dentro del actor más débil.

Y esto también permite distinguir nuestra lectura del smart power.

El smart power mira principalmente la estrategia del actor que ejerce poder: cómo combina coerción, incentivos y atracción para alcanzar sus objetivos.

La lectura de sharp power que proponemos acá mueve la cámara hacia el otro lado: pregunta qué efectos produce esa combinación sobre el espacio de decisión de quien la recibe.

La asimetría no elimina la agencia

Pero hay otra advertencia necesaria.

Pensar a América Latina como una superficie vacía donde las potencias hacen lo que quieren sería tan equivocado como ignorar las asimetrías de poder.

Un gobierno puede aprovechar la competencia entre Estados Unidos y China para conseguir mejores condiciones. Una universidad puede buscar financiamiento extranjero porque realmente lo necesita. Un medio puede adoptar una narrativa por convicción propia y no porque alguien lo haya presionado.

El poder internacional siempre pasa por actores locales con intereses, cálculos y capacidad de negociar, resistir, amplificar o ceder.

La penetración, entonces, no significa control total.

Y esa distinción es fundamental: identificar sharp power exige demostrar algo más que afinidad ideológica, coincidencia política o vínculos con un actor extranjero.

Qué no es sharp power

Si usamos sharp power para nombrar cualquier asimetría internacional, la categoría deja de servir.

Una economía dependiente no es automáticamente víctima de sharp power. Una embajada activa tampoco lo ejerce simplemente por financiar actividades. Una organización local que comparte posiciones con una potencia extranjera no se convierte, por esa sola coincidencia, en instrumento suyo.

Para hablar de penetración necesitamos evidencia más específica: presión verificable sobre instituciones, opacidad relevante, manipulación, autocensura documentada o costos concretos vinculados a la relación con ese actor.

Un test útil sería preguntarnos: ¿qué mecanismo conecta a la potencia con ese resultado?, ¿podemos demostrarlo?, ¿el costo aparece específicamente por cuestionar esa relación?

Si la respuesta es sí, tenemos un indicio más fuerte de sharp power. Si no, quizá estemos frente a dependencia, hegemonía, propaganda, diplomacia pública u otra forma de poder que necesita otro concepto.

¿Para qué sirve reformular el sharp power?

Para hacer mejores preguntas antes de acusar.

Quién financia. Qué relación de dependencia sostiene el vínculo. Qué tan transparente es. Qué instituciones atraviesa. Qué voces fortalece y cuáles pierden espacio. Qué costo concreto tiene cuestionarlo.

El sharp power, leído desde esta perspectiva, no es una etiqueta para pegarle a cualquier potencia que nos caiga mal esta semana. Es una hipótesis de trabajo que necesita sostenerse con evidencia, caso por caso.

Walker y Ludwig construyeron el concepto mirando principalmente a China y Rusia desde Washington. Eso no obliga a desecharlo. Podemos preguntarnos qué explica, qué deja afuera y qué ocurre cuando aplicamos sus mecanismos también sobre actores que originalmente quedaron fuera de su lente.

Si el sharp power sirve para analizar cómo una influencia externa entra en instituciones, condiciona debates y reduce márgenes de decisión, entonces debería poder ayudarnos a mirar a China, Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otra potencia con los mismos criterios: qué mecanismo utiliza, qué instituciones condiciona y qué costos produce sobre quienes intentan resistirlo.

No se trata de cambiar una teoría para que confirme lo que ya pensamos. Se trata de exigirle que mida el poder sin excepciones geopolíticas.