Keiko Fujimori presidenta: ¿victoria para las mujeres?
El domingo 7 de junio, en Lima, millones de personas eligieron a la primera mujer presidenta en la historia del Perú. Lo hicieron con un margen de apenas 49.641 votos sobre un total de más de 18 millones de sufragios válidos. Keiko Fujimori, de 50 años, después de cuatro campañas y tres derrotas consecutivas, después de más de 500 días en prisión preventiva y de un apellido que la mitad del país procesa como trauma, llegó al poder que su padre tuvo y que ella estuvo a punto de heredar en 2011, en 2016 y en 2021.
El resultado tardó tres semanas en confirmarse. La diferencia era tan estrecha que cada acta contada movía el porcentaje en centésimas. Cuando la ONPE llegó al 100% del escrutinio, Keiko tenía el 50,13% y Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú, el 49,86%. Una fracción de punto separó dos visiones del país que llevan décadas sin poder coexistir.
Lo que pasó el 7 de junio fue la culminación de un ciclo político que empezó con la caída de Alberto Fujimori en el año 2000, atravesó ocho presidentes en una década, ninguno de los cuales completó su mandato por vía normal, y dos presidentes del Congreso que asumieron de emergencia. Keiko ganó sobre ese escombro. Y desde ahí va a gobernar a partir del 28 de julio.
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Una década sin nadie que termine su mandato
Para entender por qué ganó Keiko Fujimori hay que entender qué es Perú hoy. Desde que Ollanta Humala terminó su mandato en 2016, el país tuvo ocho presidentes en una década. Pedro Pablo Kuczynski renunció. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso. Manuel Merino duró cinco días antes de que las protestas lo sacaran. Pedro Castillo fue arrestado al intentar disolver el Congreso. Dina Boluarte fue destituida en octubre de 2025, después de tres años de un gobierno que llegó a la presidencia sin haberla buscado y que terminó con más de 60 personas muertas en represión de protestas. Después vinieron dos presidentes del Congreso que asumieron de emergencia.
Este ciclo no es casualidad ni es simplemente mala suerte institucional. Responde a una tensión estructural entre un Ejecutivo que históricamente tiene base popular en el sur andino e indígena del país y un Congreso controlado por partidos que representan a los sectores empresariales y conservadores del norte y de Lima. Cuando ese Congreso destituyó a Castillo, lo hizo con un apoyo político que incluía a Fuerza Popular. Keiko, en cierto modo, llega al Ejecutivo después de haber dominado el Legislativo durante años desde la oposición.
La pregunta que hacen los politólogos peruanos no es si Fujimori puede gobernar, sino si el sistema político peruano permite que alguien gobierne. El último presidente que completó un mandato fue Humala. Eso fue hace diez años.
El apellido y lo que carga
El fujimorismo no es solo un partido político. Es, en términos gramscianos, un bloque de poder con proyecto hegemónico propio. Alberto Fujimori gobernó entre 1990 y 2000 con una combinación de ajuste económico neoliberal radical, represión de la disidencia, compra de medios de comunicación y una guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso que incluyó masacres y desapariciones documentadas. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Murió en 2023 sin haber completado su condena.
Keiko fue primera dama de su padre entre 1994 y 2000, desde los 19 años, después de que su madre Susana Higuchi fuera desplazada de ese rol. Nunca se deslindó públicamente del legado político de Alberto, aunque en los últimos años intentó suavizar el vínculo personal. Su plataforma de 2026 se sostiene en dos pilares que son directamente herederos del padre: la mano dura contra el crimen, con propuesta de uso de inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia masiva cuyo costo estimado supera los 500 millones de dólares; y la defensa del modelo económico liberal instaurado en los noventa, que produjo crecimiento macroeconómico al mismo tiempo que dejó sin reparar décadas de desigualdad territorial.
Que el caso Cócteles, la causa por lavado de activos que la tuvo en prisión preventiva, haya sido archivado en enero de 2026 por el Tribunal Constitucional y ratificado por el Poder Judicial en junio, fue determinante para que pudiera presentarse sin esa presión encima. Sus críticos señalan que la decisión fue política. Sus defensores dicen que fue constitucional. Lo que quedó es que Keiko llegó al balotaje más limpia judicialmente que en ninguna de sus tres candidaturas anteriores.
El cuerpo de la madre
En 1992, Susana Higuchi todavía era primera dama. Llevaba dos años en ese rol que no había buscado, acompañando a un marido que llegó a la presidencia desde la docencia universitaria y que en el camino se fue convirtiendo en otra cosa. En marzo de ese año, Higuchi denunció públicamente que familiares de Alberto Fujimori desviaban ropa donada desde Japón para venderla. La denuncia no tuvo respaldo del presidente. Lo que tuvo fue consecuencias. Semanas después vino el autogolpe. Y lo que pasó después de eso, Susana Higuchi lo narró tres veces ante dos comisiones del Congreso peruano, con nombre, fechas y detalles: hombres encapuchados, los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, electroshock hasta perder el conocimiento. Declaró que el propio Alberto Fujimori intentó envenenarla con un agroquímico mientras dormía, que la amenazó con un machete, que estuvo secuestrada durante cuatro meses en el Pentagonito. La comisión parlamentaria concluyó que había indicios de que Fujimori consintió su secuestro y tortura y que intentó asesinarla. Higuchi nunca se retractó. Hay fotografías de cuando mostró las marcas en su brazo a excongresistas dentro de las mismas instalaciones.
Mientras eso ocurría, Keiko tenía 19 años y asumió el cargo de primera dama en reemplazo de su madre. Esa elección la tomó con plena conciencia de lo que estaba haciendo: su propia madre lo dijo sin rodeos. «Keiko me abandonó. Prefirió el dinero sucio de su padre. Para mí tiene cara de diablo», declaró Higuchi en esos años. Cuando décadas después le preguntaron a Keiko si las torturas habían ocurrido, respondió: «No sucedió.» En otra entrevista las llamó «leyenda urbana». Susana Higuchi murió en diciembre de 2021. Keiko la anunció en redes sociales diciendo que había partido rodeada del amor de sus hijos.
La historia entre madre e hija es también la historia del fujimorismo en miniatura: una mujer que denunció la corrupción y fue destruida por eso, y otra que eligió el poder que esa destrucción dejó disponible. Que Keiko haya negado sistemáticamente lo que su propia madre testimonió ante el Congreso con pruebas parciales no es un detalle familiar. Dice algo concreto sobre cómo procesa la evidencia cuando esa evidencia incomoda al proyecto político que conduce.
Cuatro veces, siempre la misma apuesta
Keiko perdió en 2011, en 2016 y en 2021. En cada una de esas derrotas el antivoto fue el factor determinante: millones de peruanos que no querían votar por ella votaban en su contra, a veces por candidatos que les generaban desconfianza, a veces tapándose la nariz, pero con el objetivo claro de que el fujimorismo no llegara al Ejecutivo. Eso moldeó quince años de estrategia. Entre campaña y campaña, Keiko no se fue a casa. Se quedó en el Congreso, que Fuerza Popular controló o condicionó durante la mayor parte de ese período, y desde ahí gobernó en los hechos sin haber ganado una elección presidencial: bloqueó gabinetes, forzó vacancias, acumuló poder institucional mientras el antivoto la seguía dejando afuera del Palacio.
Lo que fue cambiando en cada campaña es el envoltorio, no el contenido. En 2011 corrió con la sombra fresca del padre condenado. En 2016 llegó como favorita, intentó proyectar moderación y perdió por 41.000 votos frente a Kuczynski porque el antifujimorismo se movilizó con una intensidad que las encuestas no habían captado. En 2021 estaba en el peor momento posible, con prisión preventiva y el caso Cócteles activo, y aun así llegó al balotaje porque la fragmentación del voto conservador la favoreció con apenas el 13% en primera vuelta. Cada derrota la obligó a recalibrar el discurso sin tocar nunca los dos ejes que heredó del padre: mano dura y libre mercado. Eso no se movió. Lo que se movió fue el tono, la gestualidad, los asesores de imagen.
En 2026 llegó con el caso Cócteles archivado por el Tribunal Constitucional, con su padre muerto en 2023 y con eso cerrado como herida abierta del debate público, y con un rival de izquierda al que su campaña logró vincular con el gobierno de Castillo, que para buena parte del electorado peruano representaba el caos del que querían salir. El antivoto sigue ahí: ganó con el 50,13% en un país de 33 millones. Casi la mitad del país votó en su contra aun en esas condiciones. Lo que cambió no fue que el fujimorismo convenciera a más gente. Fue que el otro lado no alcanzó.
El nudo feminista
Que Keiko Fujimori sea la primera presidenta electa del Perú es un hecho histórico. Lo que ese hecho no resuelve es la pregunta que el feminismo latinoamericano viene planteando hace años con bastante precisión: que una mujer llegue al poder no garantiza que las mujeres ganen algo con eso. En el caso de Keiko, la distancia entre el dato histórico y la agenda concreta no requiere especulación. Está documentada.
Las esterilizaciones forzadas bajo el gobierno de su padre fueron ligaduras de trompas, el procedimiento quirúrgico que el programa de «planificación familiar» convirtió en cuota anual de cumplimiento obligatorio para el personal de salud estatal. 272.028 mujeres fueron intervenidas entre 1996 y 2000, según cifras de la Defensoría del Pueblo. La mayoría eran campesinas, indígenas, quechuahablantes, muchas analfabetas. El gobierno había fijado metas numéricas por región. Los trabajadores de salud que no las cumplían perdían el empleo. Las mujeres que se resistían eran presionadas con amenazas o con la promesa de alimentos del Estado. Mamérita Mestanza fue a vacunar a su hijo y la anestesiaron. La autorización que firmó estaba en español. Ella no sabía leer. En 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que el Estado peruano es internacionalmente responsable por las consecuencias letales de ese programa.
Keiko declaró en campaña que esas cirugías eran «mal llamadas esterilizaciones forzadas» y que formaron parte de la planificación familiar de su padre. Durante la misma campaña reafirmó su oposición al aborto en casos de violación, en un país donde aproximadamente doce niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas cada día como consecuencia de abuso sexual. Fuerza Popular tiene historial de bloquear el enfoque de género en educación y de impulsar legislación que protege al embrión desde la concepción. Que todo eso coexista con el hecho de que una mujer llegue por primera vez a la presidencia peruana no es una paradoja. Es el funcionamiento exacto del poder conservador cuando se pone cara de novedad.
El Congreso que tiene
Keiko llega al Ejecutivo con Fuerza Popular como primera fuerza en ambas cámaras del nuevo Congreso bicameral, pero lejos de la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar sin negociar. Tiene alrededor de un tercio del Parlamento. Para aprobar cualquier iniciativa relevante va a depender de acuerdos puntuales con bancadas que no tienen compromiso ideológico con su proyecto y que en más de un caso llegaron a estas elecciones diferenciándose del fujimorismo. La lógica que anticipan los analistas peruanos es la de negociación ley por ley, sin coalición estable, en un sistema donde esa dinámica ya produjo ocho presidentes que no terminaron sus mandatos.
Lo que sí tiene mayoría en ese Congreso es el bloque conservador en su conjunto. Fuerza Popular, Renovación Popular y parte de las bancadas menores comparten posición en los temas que más directamente afectan derechos: oposición al aborto en casos de violación, rechazo al enfoque de género en educación, resistencia a cualquier ampliación de derechos para la comunidad LGBTIQ+. En esos puntos no va a necesitar construir mayorías. Las tiene de entrada. Lo que no tiene votos en este Congreso es exactamente lo que más urgía: la despenalización del aborto para niñas víctimas de violencia sexual, la reparación efectiva a las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas, cualquier avance en materia de derechos reproductivos. El fallo de la Corte Interamericana de 2026 que responsabilizó al Estado peruano por ese crimen sigue vigente. Ninguna bancada con peso suficiente va a presionar al nuevo gobierno para cumplirlo.
La estabilidad que Keiko prometió en campaña depende de que ese Congreso no se le vuelva en contra. La historia peruana reciente sugiere que eso no está garantizado para nadie. Lo que sí está garantizado, por la aritmética parlamentaria, es qué agenda va a avanzar y cuál no. Y esa garantía no es menor.
Lo que la historia no resuelve
Hay una imagen que resume bastante bien lo que acaba de pasar en Perú. La primera mujer que llega a la presidencia es la hija del dictador que ordenó esterilizar a 272.000 mujeres indígenas sin su consentimiento, que torturó a su propia esposa cuando se animó a denunciarlo, y que gobernó diez años destruyendo las instituciones que se le pusieron en el camino. Keiko pasó quince años intentando llegar a ese cargo. Nunca rompió con ese legado. Nunca pidió perdón por él. Lo que hizo fue esperar a que el desgaste del sistema le abriera la puerta, y esta vez lo logró con el 50,13% de los votos.
Que eso se llame historia es cierto. Que sea un avance para las mujeres peruanas es otra discusión.
