¿Por qué Brasil teme una intervención estadounidense?
Brasil dijo lo que normalmente los cancilleres evitan decir en un documento oficial. El primero de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió por escrito a un pedido de informes de la Cámara de Diputados y admitió que la designación estadounidense del Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas extranjeras podría abrir la puerta a que Estados Unidos use la fuerza militar en territorio brasileño. No fue una filtración ni una interpretación periodística. Fue la posición oficial de Itamaraty, firmada por el canciller Mauro Vieira, dirigida al propio Congreso brasileño.
La respuesta llegó tras un pedido del diputado opositor Evair Vieira de Melo, del partido Republicanos, que buscaba que el gobierno de Lula se pronunciara sobre una medida que celebraba la oposición. Lo que encontró fue un documento donde la cancillería reconoce riesgos concretos para la soberanía nacional, en los planos financiero, migratorio y penal, y donde explicita que la legislación antiterrorista de Estados Unidos tiene un alcance extraterritorial que permite actuar contra instituciones, empresas y ciudadanos brasileños sin necesidad de consulta previa ni de acuerdo bilateral.
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Cómo llegamos hasta acá
La designación en sí no es de esta semana. El Departamento de Estado incluyó al PCC y al CV en su lista de organizaciones terroristas extranjeras el jueves 28 de mayo, solo dos días después de que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en las elecciones de octubre, visitara Washington y fuera recibido por separado por Trump y por el secretario de Estado, Marco Rubio. El propio legislador confirmó públicamente haberle pedido a Trump esa medida.
La reacción de Lula fue inmediata y, para los estándares de la diplomacia presidencial, inusualmente dura. En un acto oficial en Sergipe, el mandatario advirtió: «No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla». Acusó a Flávio Bolsonaro de buscar el respaldo de un gobierno extranjero contra su propio país, y llegó a retar a Trump a extraditar a los cabecillas de bandas brasileñas que, según denunció, residen en Miami, si la intención real era colaborar contra el crimen organizado.
Itamaraty fue claro en un punto que suele pasar desapercibido en la cobertura más superficial del tema: Brasil nunca fue notificado formalmente de la decisión. Se enteró, como suele ocurrir con este tipo de determinaciones unilaterales, a través de la prensa y de canales indirectos. El gobierno brasileño calificó de «deplorable» la actuación de la familia Bolsonaro para inducir a un gobierno extranjero a tomar medidas unilaterales contra su propio país.
Dos ciudadanos brasileños, tres empresas de San Pablo y una empresa portuguesa: sancionados por Estados Unidos el 1 de julio por presunto lavado de dinero vinculado al PCC.
Cero: notificaciones formales que Brasil recibió de Estados Unidos antes de conocer la designación por la prensa.
El argumento técnico que Brasil pone sobre la mesa
Más allá de la advertencia sobre el uso de la fuerza militar, el documento de Itamaraty contiene un argumento que merece atención propia. Según la cancillería brasileña, la designación como organización terrorista no aporta ninguna herramienta de cooperación policial que no existiera ya entre ambos países. Brasil y Estados Unidos mantienen mecanismos consolidados de intercambio de información de inteligencia, investigaciones conjuntas, rastreo de activos y colaboración entre fuerzas de seguridad. Nada de eso depende de que una organización lleve o no la etiqueta de terrorista.
Esa distinción no es solo semántica. En el ordenamiento jurídico brasileño, la definición de terrorismo está reservada para actos de violencia motivados por xenofobia, discriminación o prejuicio, orientados a generar terror social generalizado, un marco que no incluye al crimen organizado con fines económicos como el narcotráfico. El propio Lula reconoció que ambas facciones actúan como terroristas frente a los habitantes de las periferias urbanas, a quienes despoja mediante la violencia, pero remarcó que Brasil combate ese problema desde hace años con sus propias instituciones, leyes y fuerzas de seguridad, sin necesitar la habilitación de una potencia extranjera.
Lo que está realmente en riesgo: el sistema financiero brasileño
Uno de los puntos menos difundidos de la controversia tiene que ver con el sistema de pagos PIX, desarrollado por el Banco Central de Brasil y hoy una pieza central de la soberanía financiera del país. El propio gobierno brasileño advirtió que la designación terrorista podría usarse como excusa para presionar sobre ese sistema, que Washington ya venía criticando por haber reducido la cuota de negocio de las multinacionales estadounidenses de tarjetas de crédito en territorio brasileño.
La lógica es la siguiente: si un banco, una fintech o una plataforma de pagos brasileña procesa, aunque sea de manera indirecta o involuntaria, una transacción que Washington pueda vincular a alguna de las dos organizaciones designadas, esa entidad queda expuesta a sanciones bajo legislación estadounidense, sin que ningún tribunal brasileño tenga jurisdicción para intervenir. En un país con más de doscientos millones de habitantes y un sistema financiero de escala continental, esa exposición no es un detalle técnico. Es una palanca de presión geopolítica con forma de letra chica bancaria.
El espejo venezolano
Es difícil leer este episodio sin pensar en lo que ocurrió con Venezuela en enero de este año, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, y los trasladaron a un tribunal federal de Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo. Venezuela calificó la operación como un secuestro de Estado. Rusia, China y Cuba respaldaron esa caracterización. Washington la defendió como un operativo legítimo contra el crimen organizado transnacional.
La secuencia venezolana muestra el recorrido completo de un mecanismo que Brasil hoy transita apenas en su primera etapa: designación legal como amenaza, habilitación de sanciones extraterritoriales, y finalmente, en el caso límite, intervención militar directa. No se trata de anticipar que a Brasil le espera necesariamente el mismo desenlace. Brasil no es Venezuela, ni en peso geopolítico, ni en relación bilateral con Washington, ni en el tipo de gobierno que enfrenta a Estados Unidos. Pero el marco jurídico que se activó es estructuralmente el mismo, y ese dato alcanza para que un canciller que suele cuidar cada palabra haya decidido nombrar, en un documento oficial, la posibilidad de una intervención militar extranjera en su propio territorio.
No es la primera vez que Washington usa el narcotráfico como llave maestra
La estrategia de nombrar organizaciones criminales como amenazas a la seguridad nacional para habilitar intervenciones tiene una genealogía larga en la relación de Estados Unidos con América Latina. En 1989, la invasión a Panamá que terminó con la captura de Manuel Noriega se justificó, entre otros argumentos, en su presunta vinculación con el narcotráfico. Durante las décadas siguientes, el Plan Colombia convirtió la guerra contra las drogas en el marco legal y financiero que sostuvo una presencia militar estadounidense sin precedentes en territorio sudamericano.
Lo que cambia con el PCC y el Comando Vermelho, y antes con el Tren de Aragua venezolano y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, es la velocidad y la amplitud con que la administración Trump viene aplicando esta herramienta desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Ya no se trata de una política puntual hacia un país en particular, sino de un patrón que se repite con cada gobierno de la región que Washington considera susceptible de presión.
Qué significa esto para la región
La lectura que conviene evitar es la que reduce este episodio a una anécdota bilateral entre Brasilia y Washington. Lo que está en discusión es el margen de maniobra que conserva cualquier país de la región cuando Estados Unidos decide, sin necesidad de aval de ningún organismo internacional, qué actor doméstico de otro país constituye una amenaza a su seguridad nacional. Brasil es la novena economía del mundo y uno de los países con mayor peso diplomático de América Latina. Si ese peso no alcanza para blindar completamente su soberanía frente a una designación unilateral, la pregunta sobre qué protección real tienen países con menos capacidad de negociación queda abierta para toda la región.
El episodio también expone una tensión que atraviesa la política brasileña actual, en plena precampaña presidencial: un gobierno que intenta sostener una relación funcional con Estados Unidos mientras un sector de su propia oposición trabaja activamente para que Washington aumente la presión sobre su país. Esa dinámica, donde la interna doméstica se dirime a través de la política exterior de una potencia extranjera, no es exclusiva de Brasil ni de este momento, pero pocas veces queda documentada con tanta claridad como en esta carta de Itamaraty.
Lo que queda por ver es si la advertencia de Vieira funciona como una señal diplomática de contención, o si se convierte, con el correr de los meses, en el registro anticipado de algo que ya está en marcha.
