El Congo que occidente prefiere olvidar
A 28 años de la Segunda Guerra del Congo repasamos su origen colonial, el negocio del coltán y por qué sigue activa hoy. Leé el análisis completo.
El 2 de agosto de 1998, tropas respaldadas por Ruanda y Uganda cruzaron la frontera oriental de la República Democrática del Congo (RDC) para derrocar al mismo presidente que ellas mismas habían instalado un año antes. Lo que siguió terminó involucrando a nueve países africanos, se cobró entre tres y seis millones de vidas según la fuente que se consulte, y hoy se recuerda, cuando se recuerda, como «la Guerra Mundial Africana». Es, en términos de mortalidad, el conflicto armado más letal desde la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, ocupa en la conversación pública global un lugar minúsculo comparado con conflictos de mucha menor escala.
Ese contraste es el resultado de una estructura histórica que empezó con el colonialismo belga, se profesionalizó durante la Guerra Fría y se reconvirtió, tras el fin del apartheid formal de las potencias sobre África, en un extractivismo de mercado que hoy sostiene buena parte de la industria tecnológica mundial. Entender el Congo de 2026 exige entender esa continuidad, no tratarla como una guerra étnica aislada que «simplemente pasa» en un lugar remoto del continente.
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El molde: el Congo de Leopoldo II
Antes de ser colonia belga, el Congo fue propiedad privada de un rey. En 1885, en el marco de la Conferencia de Berlín donde las potencias europeas se repartieron el continente africano sin ningún representante africano en la sala, Leopoldo II de Bélgica se apropió del territorio bajo el nombre cínico de «Estado Libre del Congo». No era un Estado ni era libre: era una empresa de extracción de caucho sostenida con mutilaciones sistemáticas, trabajo forzado y una represión que las estimaciones históricas ubican entre 5 y 10 millones de muertes.
Esa imprecisión en la cifra, un rango que va de 5 a 10 millones, no es un detalle menor. Es el síntoma de una estructura que nunca se preocupó por contar a las personas congoleñas como sujetos con nombre y número. La contabilidad del dolor colonial siempre fue aproximada porque la vida colonizada nunca fue el objeto de la contabilidad. Lo que sí se contaba, con precisión de contador, eran las toneladas de caucho exportadas.
En 1908, ante la presión internacional generada por las denuncias de misioneros y periodistas (entre ellos E.D. Morel y el propio Mark Twain, que escribió un panfleto satírico contra Leopoldo), Bélgica le arrebató la colonia personal al rey y la convirtió en colonia estatal: el Congo Belga. El cambio de administración no significó un cambio de lógica. Siguió siendo un territorio organizado para la extracción, ahora de cobre, diamantes y más adelante uranio (el uranio congoleño de la mina de Shinkolobwe fue, de hecho, el que Estados Unidos usó para las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, un dato que rara vez aparece en los libros de historia sobre la Segunda Guerra Mundial).
La independencia que duró semanas
El Congo alcanzó su independencia formal en junio de 1960. Patrice Lumumba, líder del Movimiento Nacional Congoleño, se convirtió en primer ministro con un discurso que todavía se estudia por su lucidez política: denunció frente al rey Balduino de Bélgica, en el propio acto de independencia, la humillación sistemática del régimen colonial, algo que ningún protocolo diplomático esperaba escuchar ese día.
Lumumba no era comunista, pero sí era nacionalista en un sentido que a las potencias occidentales de la Guerra Fría les resultó indistinguible del comunismo: quería negociar los contratos mineros en términos favorables al Congo, no aceptar automáticamente las condiciones heredadas de la era colonial. Eso alcanzó para que Bélgica y Estados Unidos, documentado hoy con archivos desclasificados, participaran activamente en su derrocamiento. Lumumba fue depuesto en septiembre de 1960 y asesinado en enero de 1961, con participación directa de oficiales belgas en la ejecución.
Ese asesinato no es un capítulo cerrado de historia colonial. Es el origen directo de la genealogía política que termina, casi cuatro décadas después, en la guerra de 1998. Estableció el precedente de que el Congo podía tener gobiernos formalmente soberanos siempre y cuando esa soberanía no tocara el acceso occidental a sus recursos.
Mobutu y la Guerra Fría como excusa
Tras el asesinato de Lumumba, Joseph Mobutu (más tarde Mobutu Sese Seko) tomó el poder en 1965 con respaldo directo de la CIA y de Bélgica. Gobernó 32 años, renombró el país Zaire en 1971 como parte de una política de «autenticidad africana» que era, en el fondo, un culto a la personalidad, y construyó una de las cleptocracias más estudiadas del siglo XX: se estima que desvió miles de millones de dólares de fondos públicos hacia cuentas personales en Suiza mientras el país se empobrecía de forma sostenida.
Occidente lo sostuvo durante toda la Guerra Fría porque cumplía la única función que le importaba: ser un aliado anticomunista confiable en el centro de África, sin que nadie preguntara demasiado por los derechos humanos puertas adentro. Es el mismo patrón que sostuvo a decenas de dictaduras en América Latina durante el mismo período, incluida la última dictadura cívico-militar argentina. No es una comparación forzada, es la misma arquitectura geopolítica aplicada en distintos continentes.
La caída de Mobutu, en 1997, no llegó por una revolución popular con capacidad de sostenerse sola. Llegó de la mano de una invasión regional. Ruanda y Uganda, procesando todavía las heridas abiertas del genocidio ruandés de 1994 (donde más de 800.000 personas, mayoritariamente tutsis, fueron asesinadas en cien días mientras la comunidad internacional miraba para otro lado), empujaron a Laurent-Désiré Kabila al poder en lo que se conoce como la Primera Guerra del Congo (1996-1997).
1998: cuando los padrinos se convierten en enemigos
Una vez en el poder, Kabila hizo lo que sus padrinos ruandeses y ugandeses no esperaban: empezó a distanciarse de ellos, en parte por presión interna congoleña que veía la presencia militar extranjera como una nueva forma de ocupación. En julio de 1998 ordenó la salida de las tropas ruandesas y ugandesas del territorio congoleño.
La respuesta llegó el 2 de agosto de 1998: una nueva invasión, esta vez para derrocar al mismo Kabila que Ruanda y Uganda habían ayudado a instalar apenas un año antes. Lo que en un primer momento parecía otro golpe regional se transformó rápido en algo mucho más grande cuando Angola, Zimbabue, Namibia, Chad y Sudán intervinieron en defensa de Kabila, mientras Ruanda, Uganda y Burundi sostenían a los grupos rebeldes que buscaban derrocarlo.
Nueve países, un solo territorio en disputa. De ahí el apodo de «Guerra Mundial Africana» o «Gran Guerra Africana», acuñado por analistas occidentales que, de forma reveladora, necesitaron una referencia a la guerra europea para poder dimensionar la magnitud de un conflicto africano.
– Estimación de muertes según International Rescue Committee (2008): hasta 5,4 millones
– Estimación de otras fuentes académicas: entre 2,5 y 3 millones
– Porcentaje de muertes por hambre y enfermedad derivadas del colapso sanitario, no por combate directo: mayoría según todas las fuentes consultadas
Nota: no existe consenso cerrado sobre la cifra total. La dispersión de los datos refleja tanto la dificultad logística de contar muertes en zonas de guerra prolongada como la baja prioridad histórica que la comunidad internacional le dio a documentar con rigor esta guerra específica
El negocio debajo del conflicto: minerales que sostienen tu celular
La guerra formal terminó oficialmente en 2003 con el Acuerdo Global e Inclusivo firmado en Pretoria, que estableció un gobierno de transición en Kinshasa. Pero llamar «fin de la guerra» a lo que siguió es, como mínimo, impreciso. El este del Congo, particularmente las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, nunca dejó de ser zona de conflicto armado activo, con más de cien grupos armados operando de forma simultánea según estimaciones de organizaciones humanitarias presentes en la región.
La razón estructural es geológica: esa franja del país concentra algunas de las reservas más importantes del mundo de coltán, cobalto, oro, tantalio y casiterita. El coltán es indispensable para fabricar los capacitores de prácticamente todos los dispositivos electrónicos con batería recargable, desde celulares hasta autos eléctricos. El cobalto congoleño representa, según distintas estimaciones de la industria, más del 60% de la producción mundial, buena parte extraída en condiciones de trabajo infantil y semiesclavo documentadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones desde hace más de una década.
Esto convierte al este del Congo en una de las zonas más rentables del planeta para financiar un grupo armado: controlar una mina no requiere reconocimiento estatal, requiere control territorial y una cadena de comercialización, generalmente vía Ruanda, que lave el origen del mineral antes de que llegue a las refinerías internacionales. Sucesivos informes del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre la RDC documentaron de forma sistemática, durante más de quince años, cómo Ruanda exporta volúmenes de coltán y casiterita muy superiores a su propia capacidad de producción minera interna, lo que constituye evidencia indirecta pero contundente de contrabando desde territorio congoleño ocupado.
El cuerpo como campo de batalla
Ningún análisis del conflicto congoleño está completo sin nombrar su dimensión de género, y es precisamente la dimensión que la cobertura convencional suele tratar como nota al pie. La violencia sexual en el este del Congo no es un daño colateral de la guerra: es, según documentación reiterada de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organizaciones locales congoleñas, una táctica de guerra utilizada de forma deliberada por múltiples actores armados, incluidas fuerzas estatales.
Naciones Unidas registró, según su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, más de 81.000 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto entre enero y septiembre de un período reciente, un incremento del 31,5% respecto al año anterior. El M23 y las milicias Wazalendo aparecen mencionados en informes recientes de Amnistía Internacional por violaciones grupales sistemáticas contra mujeres en Kivu Norte y Sur, además de ejecuciones sumarias de civiles y tortura de personas detenidas.
El médico ginecólogo congoleño Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz 2018 junto a la activista yazidí Nadia Murad, lleva más de dos décadas documentando esto desde el Hospital de Panzi en Bukavu, donde ha tratado a decenas de miles de sobrevivientes de violencia sexual extrema. Mukwege sostuvo en múltiples intervenciones públicas y ante Naciones Unidas que la violación sistemática en el Congo funciona como arma de destrucción social: no busca únicamente dañar a la víctima individual, busca desarticular el tejido comunitario completo, porque el estigma social posterior fragmenta familias y comunidades de forma más duradera que la violencia física directa.
Nombrar esta dimensión no es un gesto retórico de sensibilidad. Es reconocer que la guerra congoleña se libra, de forma literal, sobre cuerpos de mujeres, y que cualquier análisis geopolítico que omita esto está incompleto por definición.
El presente: Goma, Bukavu y el acuerdo de Washington
El resurgimiento del M23 desde finales de 2021 marcó la fase más reciente y agresiva del conflicto. El grupo, integrado mayoritariamente por combatientes tutsi congoleños y con apoyo militar ruandés documentado en múltiples informes de la ONU, avanzó de forma sostenida sobre el territorio de Kivu Norte durante 2024 y consumó, en enero de 2025, la toma de Goma, capital provincial con más de un millón de habitantes y hub comercial clave sobre el lago Kivu. En febrero de 2025 cayó también Bukavu, capital de Kivu Sur.
Un informe filtrado del Grupo de Expertos de la ONU estimó entre 2.000 y 4.000 soldados ruandeses activos en territorio congoleño respaldando la ofensiva, cifra que Kigali niega públicamente mientras sostiene en los hechos una presencia militar que múltiples fuentes independientes documentan de forma consistente desde hace años.
En junio de 2025, Estados Unidos medió un acuerdo de paz entre los gobiernos de RDC y Ruanda, presentado por Washington como un hito diplomático. El acuerdo incluyó compromisos formales de «neutralización» de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado activo en Kivu Norte vinculado a remanentes del genocidio de 1994, y el retiro de las llamadas «medidas defensivas» ruandesas en territorio congoleño, un eufemismo diplomático para la presencia militar ya mencionada.
Circuló también, y esto es clave para entender el marco de la mediación estadounidense, la versión de que el gobierno de Kinshasa habría ofrecido acceso privilegiado a minerales críticos congoleños a cambio de garantías de seguridad de Washington. La vocera presidencial congoleña Tina Salama negó públicamente que el acuerdo implicara «vender minerales a los estadounidenses», pero la sola existencia de esa negociación revela algo estructural: la mediación de una potencia occidental en un conflicto africano rara vez es humanitarismo puro, casi siempre incluye una dimensión de acceso a recursos estratégicos, en este caso minerales críticos para la transición energética y la industria tecnológica que Washington quiere disputarle a China.
Once meses después de firmado, el acuerdo no se sostiene en el terreno. Las treguas se violan de forma reiterada, Goma sigue bajo influencia de facto del M23 según reportes de Naciones Unidas de 2026, y ambas partes intensificaron el uso de ataques aéreos y drones: febrero de 2026 registró, según datos del Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), el mayor número mensual de ataques con drones jamás documentado en la RDC. Paralelamente, las Fuerzas Democráticas Aliadas, milicia de origen ugandés vinculada por Naciones Unidas al Estado Islámico, mataron a más de 250 civiles entre julio y agosto en Ituri y Kivu Norte, ampliando el perímetro geográfico de la violencia hacia zonas que históricamente no eran su terreno de operaciones tradicional.
El propio M23 se reorganizó políticamente bajo el paraguas de la Alliance Fleuve Congo (AFC), coalición que integra al grupo armado y que hoy administra de facto buena parte del territorio ocupado en Kivu Norte. El 14 de julio de 2026 el Consejo de Seguridad de la ONU amplió su lista de sanciones incluyendo a Corneille Nangaa, coordinador de la AFC, junto a otros cinco responsables de grupos armados. La respuesta no tardó: el 28 de julio, una marcha convocada por una plataforma cercana a las autoridades de facto de la AFC/M23 paralizó comercios y transporte en Goma durante buena parte de la mañana, según cobertura de Radio Okapi, la emisora congoleña operada con apoyo de Naciones Unidas y una de las pocas fuentes con corresponsalía estable dentro de las zonas de conflicto. Ese mismo medio reportaba, a mediados de julio, que mientras las negociaciones de paz «pisan en falso» (piétinent, en el francés original), la AFC/M23 consolida su control territorial sobre el terreno, y documentaba en esos días combates activos entre las milicias Wazalendo y la AFC/M23 en la zona de Masisi, con la población civil desplazada como principal variable de ajuste del conflicto.
A la mediación de Washington se sumó, en enero de 2026, una vía paralela impulsada por Angola: el presidente João Lourenço propuso a Tshisekedi un esquema de diálogo político en Kinshasa que incluiría, sin liderarlo, al propio M23, a la oposición y a representantes de la sociedad civil y religiosa, en paralelo a los procesos ya abiertos en Washington y Doha. La multiplicación de mesas de negociación (Washington, Doha, Luanda) es, en sí misma, un síntoma: cuando un conflicto necesita tres procesos diplomáticos simultáneos sin que ninguno logre sostener un alto el fuego real, la diplomacia dejó de ser la herramienta central y pasó a ser, en el mejor de los casos, un gesto de gestión de imagen internacional.
Quién documenta esto desde adentro
Buena parte de lo que se sabe sobre el conflicto congoleño no llega de organismos internacionales con sede en Ginebra o Nueva York, llega de organizaciones congoleñas que investigan bajo riesgo directo.
ASADHO (Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos) es la más antigua del país: la fundó en enero de 1991, en plena era Mobutu, un grupo de médicos, periodistas y abogados jóvenes que empezó a documentar los abusos del régimen cuando hacerlo todavía podía costar la libertad o la vida. Sigue activa hoy investigando ejecuciones extrajudiciales y corrupción de forma independiente.
LUCHA (Lutte pour le Changement, Lucha por el Cambio) nació en Goma, una de las ciudades más golpeadas por la violencia armada de las últimas dos décadas. Es un movimiento ciudadano juvenil y pacífico que denuncia las masacres del M23 y de las ADF al mismo tiempo que presiona al propio gobierno congoleño para que garantice protección y justicia, algo que le costó a varios de sus integrantes arrestos reiterados. LIPADHOJ (Liga por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia) monitorea de forma específica la crisis humanitaria en las zonas de conflicto activo.
Esa documentación local es, además, la base de la fuente más exhaustiva que existe sobre los crímenes del período 1993-2003: el llamado «Rapport Mapping» de Naciones Unidas, publicado en agosto de 2010 por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El informe describe 617 incidentes de violencia extrema documentados con al menos dos fuentes independientes cada uno, construido a partir de más de 1.280 testimonios recogidos en el terreno por equipos que incluían a expertos congoleños. Activistas y organizaciones locales, incluida la propia sociedad civil congoleña, se refieren en muchos casos directamente a ese período como genocidio dada la escala acumulada de muertes, una calificación que Naciones Unidas evitó formalmente en el informe pero que el propio documento no descarta al hablar de posibles «crímenes de lesa humanidad» en la mayoría de los incidentes listados.
Por qué esto importa desde acá
Es tentador leer todo esto como una tragedia lejana, un conflicto «africano» con lógicas ajenas a nuestra realidad latinoamericana. Es exactamente la lectura que conviene desmontar. La estructura que ordena el este del Congo, territorio con enorme riqueza natural sometido a extracción sostenida mediante violencia armada mientras la población que vive sobre esos recursos permanece entre las más empobrecidas del planeta, no es exclusiva de África central. Es el mismo esquema que organizó durante siglos la extracción de plata de Potosí, el mismo que hoy ordena el litio del norte argentino o el petróleo de la Amazonía.
Pensar el Congo desde el «sur global» no es un ejercicio de solidaridad abstracta ni una postura moral cómoda. Es reconocer una estructura compartida: territorios ricos en recursos que las cadenas de valor globales necesitan, gobernados de forma tal que esa riqueza salga con el menor costo posible para quien la extrae y el mayor costo posible para quien vive sobre ella. Cuando compramos un celular, cuando cargamos un auto eléctrico presentado como parte de una transición energética «limpia», participamos, aunque sea de forma indirecta y sin intención, de esa misma cadena que hoy sostiene la guerra en Kivu.
No hay en esto una conclusión prolija ni un «bando bueno» que rescatar. Ruanda no interviene «para proteger a la comunidad tutsi», aunque esa narrativa identitaria tenga anclaje histórico real: interviene y financia al M23 porque el este congoleño genera una riqueza mineral que Kigali procesa y revende con enorme rentabilidad. Estados Unidos no medió «por humanitarismo»: medió porque quiere esos minerales fuera de las cadenas que hoy controla China. Y en el medio, la población congoleña, mayoritariamente mujeres y niñeces, sigue pagando con desplazamiento masivo, hambre y violencia sexual sistemática una guerra que técnicamente terminó en 2003 y que, en los hechos, nunca dejó de estar activa.
Entender el Congo con esta profundidad no es un ejercicio académico distante. Es una forma de entrenar la mirada para reconocer el mismo patrón quinientos años dando vueltas: la riqueza de un territorio como condena de quienes lo habitan, mientras el resto del mundo consume esa riqueza sin preguntarse de dónde salió.
