Municipalismo frente a ICE en Nueva York

¿Qué pasa cuando un gobierno nacional adopta políticas que vulneran los derechos humanos y, dentro de ese mismo Estado, las ciudades deciden construir otra respuesta? El municipalismo aparece entonces como una herramienta concreta para defender derechos desde el territorio, incluso frente a las decisiones del poder central.

El programa 287(g), creado a partir de la legislación migratoria estadounidense de 1996, permite que el Departamento de Seguridad Nacional delegue determinadas funciones federales de control migratorio en agentes estatales y locales. De ese modo, policías y funcionarios que dependen de gobiernos subnacionales pueden participar en tareas vinculadas con la identificación, detención y eventual deportación de personas migrantes.

El 25 de agosto de 2026 entró en vigor en el estado de Nueva York la prohibición de mantener este tipo de convenios. La disposición forma parte de la Local Cops, Local Crimes Act, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, aprobada dentro de un paquete de protección a las comunidades migrantes y promulgada el 27 de mayo.

Aunque la legislación surgió del gobierno estatal, su entrada en vigor converge con la posición política del alcalde Zohran Mamdani y con una tradición urbana de protección a la población migrante. El caso muestra cómo el municipalismo puede articularse con los gobiernos estatales para limitar territorialmente una política federal.

Municipalismo y tensión entre distintos niveles del Estado

«Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante». Con esa declaración tras su triunfo electoral, Zohran Mamdani ubicó a la inmigración en el centro de su discurso político.

Su posición coincide con las advertencias formuladas por Kathy Hochul ante el avance de la agenda de deportaciones de la segunda administración de Donald Trump. Sin embargo, sus responsabilidades institucionales son diferentes: Mamdani gobierna la ciudad de Nueva York, mientras que Hochul conduce el estado y fue quien impulsó la legislación que puso fin a los acuerdos 287(g).

La articulación entre ambas escalas muestra que la resistencia subnacional no adopta una única forma. Puede traducirse en legislación estatal, políticas urbanas, acceso a servicios, asistencia jurídica o participación en redes internacionales de ciudades. En conjunto, estas acciones colocan a las autoridades locales en un lugar cada vez más visible dentro del debate sobre migración, derechos humanos y municipalismo global.

La génesis del santuario: de la seguridad comunitaria al debate sobre la soberanía

Nueva York lleva varias décadas siendo considerada una “ciudad santuario”. Esta denominación no implica la existencia de una inmunidad absoluta frente a las autoridades federales. Describe un conjunto de políticas que restringen la colaboración municipal con la aplicación federal de las leyes migratorias.

El modelo comenzó a consolidarse a partir de un principio pragmático de seguridad comunitaria: garantizar que las personas migrantes pudieran acudir a la policía, denunciar delitos o colaborar como testigos sin temor a ser entregadas automáticamente a las autoridades migratorias por encontrarse en situación irregular.

Con el paso de los años, ese contrato social municipal se tradujo en políticas como el acceso a servicios de salud mediante NYC Care y la creación de IDNYC, una tarjeta de identificación municipal disponible para todas las personas residentes, independientemente de su estatus migratorio. El histórico derecho al refugio también formó parte de este entramado, aunque en los últimos años fue objeto de restricciones y disputas políticas.

En la arena internacional contemporánea, este tipo de políticas entra en tensión con la concepción westfaliana de la soberanía, que tradicionalmente coloca al Estado nacional como autoridad central sobre su territorio. Mientras el gobierno federal presenta el control migratorio y fronterizo como competencias indivisibles, las ciudades deben gestionar las consecuencias humanas y sociales de esas decisiones.

La disputa expone una tensión estructural entre distintos niveles del Estado: por un lado, un enfoque federal coercitivo, securitario y excluyente; por otro, gobiernos subnacionales que administran hospitales, escuelas, refugios y servicios públicos y que, por lo tanto, mantienen un contacto cotidiano con las comunidades migrantes.

Las tragedias que aceleraron la respuesta política

El endurecimiento de la política migratoria federal tuvo consecuencias que excedieron ampliamente los procedimientos administrativos. Los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti durante operativos federales en Minneapolis provocaron una fuerte reacción pública y política. Ambos casos estuvieron entre los antecedentes inmediatos mencionados durante el debate sobre los límites a la colaboración de las policías locales con las agencias migratorias.

En Nueva York, otro caso produjo una conmoción particular. Nurul Amin Shah Alam, un refugiado rohinyá de 56 años, con una discapacidad visual severa y escaso dominio del inglés, fue liberado por agentes de la Patrulla Fronteriza en un comercio de Buffalo, lejos de su hogar y sin que su familia o su abogado fueran informados.

Fue encontrado muerto cinco días después. La autopsia determinó que falleció por complicaciones derivadas de una úlcera duodenal perforada, agravadas por hipotermia y deshidratación, y calificó la muerte como homicidio. El caso condensó las consecuencias de una política que trata la movilidad humana principalmente como un problema de seguridad.

En ese contexto, el gobierno de Hochul también destinó 7,25 millones de dólares para brindar representación jurídica a aproximadamente 1.400 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que enfrentaban procesos de expulsión. Aunque esta decisión no forma parte estrictamente de la prohibición de los convenios 287(g), integra una política estatal más amplia frente a la ofensiva migratoria federal.

El cortafuegos normativo estatal

La Local Cops, Local Crimes Act prohíbe que gobiernos y agencias policiales estatales o locales celebren acuerdos que les permitan ejercer funciones federales de control migratorio civil. También impide que las instalaciones penitenciarias locales sean utilizadas para alojar personas detenidas exclusivamente por infracciones migratorias civiles.

La norma fue acompañada por otras medidas aprobadas por Nueva York. Entre ellas se encuentran límites al intercambio de información sensible, protecciones en escuelas y otros lugares especialmente vulnerables, y la creación de una vía estatal para demandar a funcionarios públicos cuando violen derechos constitucionales.

La Oficina de Confianza del Inmigrante, dependiente de la Fiscalía General de Nueva York, quedó encargada de recibir denuncias, investigar posibles incumplimientos y tomar medidas contra las agencias estatales o locales que mantengan mecanismos de colaboración prohibidos.

La administración Trump intentó bloquear judicialmente algunas de estas disposiciones. Sin embargo, un tribunal federal rechazó la solicitud de suspender preventivamente la prohibición de los convenios 287(g), lo que permitió que entrara en vigor el 25 de agosto.

La medida no elimina la capacidad del gobierno federal para aplicar la legislación migratoria dentro de Nueva York. Tampoco convierte al estado en un territorio inmune a ICE. Lo que hace es impedir que las agencias federales utilicen automáticamente personal, instalaciones y recursos locales para extender su capacidad operativa.

Este límite resulta importante, pero no clausura el debate. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York advirtió que la ley es menos amplia que la propuesta conocida como New York for All Act, que busca restringir de manera más integral la colaboración entre las instituciones estatales y las autoridades migratorias federales.

El valor estratégico del municipalismo

La experiencia neoyorquina demuestra el valor estratégico del trabajo coordinado entre estados, alcaldías y redes de cooperación descentralizada, como el Mayors Migration Council, frente al vacío o la hostilidad de los gobiernos centrales.

En un contexto atravesado por políticas punitivas, discursos de odio y retrocesos en materia de derechos humanos, las respuestas subnacionales muestran que la resistencia institucional no tiene por qué reducirse a una declaración de principios.

A través de competencias legislativas, recursos presupuestarios, servicios públicos y políticas de protección de datos, las autoridades locales pueden construir límites concretos frente al poder central. Estos mecanismos no reemplazan una política migratoria nacional basada en derechos, pero sí pueden reducir la capacidad de daño de las agencias federales y proteger a las comunidades en el territorio.

El caso también obliga a precisar qué entendemos por municipalismo. La principal norma analizada es estatal y no municipal, pero se apoya en una lógica que reconoce a las ciudades, los condados y los estados federados como actores políticos capaces de disputar la implementación territorial de una política nacional.

¿Un horizonte para Argentina y la región?

Frente a un escenario latinoamericano marcado por crecientes tensiones migratorias, debates sobre seguridad y tentaciones de militarización fronteriza —que afectan especialmente a las mujeres migrantes durante el cruce de fronteras—, la experiencia de Nueva York abre un interrogante: ¿pueden las provincias y los municipios de nuestra región utilizar sus propias competencias para sostener políticas de derechos humanos cuando los gobiernos nacionales avanzan en sentido contrario?

Los márgenes jurídicos no son iguales en todos los países. Tampoco puede trasladarse de manera automática una herramienta surgida del federalismo estadounidense. Sin embargo, el caso permite pensar a las ciudades y a los gobiernos subnacionales como espacios políticos desde los cuales se pueden construir servicios, redes de protección y formas institucionales de resistencia.