Mujeres migrantes: la frontera también es el cuerpo

La frontera empieza antes del mapa

Cuando pensamos en una frontera, imaginamos un río, un muro o una línea que divide dos países. Pero para miles de mujeres, la frontera comienza mucho antes: en el miedo a salir de casa, en la violencia que las obliga a huir y en la incertidumbre de un camino donde su cuerpo también puede convertirse en un territorio de riesgo.

En América Latina, millones de personas migran buscando seguridad y una oportunidad para reconstruir su vida. Sin embargo, no todas viven ese trayecto de la misma manera. Ponerse los lentes morados implica reconocer que el género cambia por completo la experiencia migratoria. Mientras el debate público suele centrarse en cifras, controles fronterizos o políticas de seguridad, pocas veces nos detenemos a preguntar qué significa migrar siendo mujer.

Más que un fenómeno de movilidad, la migración también es un desafío para los derechos humanos. La pregunta es inevitable: ¿qué sucede cuando las fronteras parecen proteger más a los territorios que a las personas?

La migración tiene rostro de mujer

Durante años, la migración fue narrada como una experiencia predominantemente masculina. Hoy esa imagen ya no corresponde a la realidad. Cada vez más mujeres migran solas, con sus hijas e hijos o como principales responsables de sus familias, impulsadas por la violencia, la pobreza, la persecución o la falta de oportunidades. México ocupa un lugar clave en este fenómeno. Es el país de origen, tránsito, destino y retorno. En ciudades como Tapachula, en la frontera sur, miles de mujeres esperan durante semanas o incluso meses la posibilidad de regularizar su situación migratoria o continuar su camino hacia el norte. Esa espera también forma parte de la experiencia migratoria y, muchas veces, aumenta su vulnerabilidad.

Cuando cambiamos la pregunta de cuántas mujeres migran por cómo migran las mujeres, la conversación deja de centrarse en las fronteras y comienza a centrarse en las personas.

El cuerpo también migra

Migrar significa atravesar caminos inciertos, pero para muchas mujeres también implica enfrentar riesgos específicos. La Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han advertido que las mujeres y niñas migrantes presentan un mayor riesgo de sufrir violencia sexual, trata de personas, explotación laboral y otras formas de violencia durante el tránsito. A ello se suman obstáculos para acceder a servicios de salud, justicia y protección. En muchos casos, el miedo a la deportación, la falta de documentos o el desconocimiento de sus derechos impiden denunciar los abusos.

Por eso, hablar del cuerpo como frontera no es una metáfora. Es reconocer que las desigualdades de género también cruzan los límites territoriales. Para muchas mujeres, el mayor peligro no está en la línea que divide dos países, sino en el camino que deben recorrer para llegar a ella.

Derechos en el discurso, control en la práctica

Los Estados tienen el derecho de regular sus fronteras. Ese principio forma parte de su soberanía. Sin embargo, ese derecho no puede ejercerse al margen de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En los últimos años, México y otros países de la región han endurecido los controles migratorios como respuesta al incremento de los flujos migratorios. Aunque estas medidas buscan fortalecer la seguridad, también han sido cuestionadas por organizaciones internacionales debido a su impacto sobre personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas y niños.

El desafío no consiste en elegir entre seguridad o derechos humanos. El verdadero reto es demostrar que ambas pueden coexistir. Una política migratoria no debería medirse únicamente por su capacidad para controlar una frontera, sino también por su capacidad para proteger la dignidad de quienes la cruzan.

Lo que el derecho promete

El derecho internacional ofrece un marco claro. Instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que los Estados deben prevenir la violencia, garantizar la igualdad y proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su condición migratoria.

Asimismo, el principio de no devolución (non-refoulement) prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o su integridad puedan estar en riesgo. Estos compromisos no representan simples declaraciones políticas; constituyen obligaciones jurídicas que deben reflejarse en las políticas públicas y en la actuación cotidiana de las autoridades. La distancia entre lo que establecen los tratados y lo que viven muchas mujeres migrantes sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestra región.

¿Y ahora qué?

Pensar una política migratoria con perspectiva de género no significa otorgar privilegios, sino reconocer que la igualdad también exige responder a necesidades distintas. Fortalecer refugios, garantizar atención médica y psicológica, facilitar el acceso a la justicia, capacitar a las autoridades y coordinar esfuerzos entre los países de la región son pasos indispensables para construir rutas migratorias más seguras.

Más que preguntarnos cómo detener la migración, quizá deberíamos preguntarnos cómo garantizar que ninguna mujer tenga que poner en riesgo su vida o su dignidad para ejercer un derecho tan humano como buscar un futuro mejor.

Más allá de las paredes: repensar las fronteras

Las fronteras seguirán existiendo. Lo que puede cambiar es la forma en que decidimos entenderlas.

Mientras el debate continúe girando exclusivamente en torno al control territorial, seguiremos ignorando que detrás de cada estadística hay historias de mujeres que dejaron su hogar sin la certeza de llegar a salvo. Mirar la migración desde una perspectiva de derechos humanos no implica desconocer la soberanía de los Estados; implica recordar que ninguna política pública puede considerarse exitosa si deja de lado la dignidad de las personas.

Porque, al final, la fortaleza de un Estado no debería medirse únicamente por su capacidad para resguardar sus fronteras, sino también por el compromiso con el que protege a quienes, por necesidad y no por elección, se ven obligadas a cruzarlas.