Nicaragua se quedó sin elecciones
¿Cómo llega un revolucionario a anunciar el fin de la alternancia en el poder?
Con un anuncio contundente en la fecha más simbólica del sandinismo, Daniel Ortega confirmó lo que la reforma constitucional de 2025 ya había anticipado en Nicaragua: la eliminación definitiva de la alternancia en el poder. La estructura de la copresidencia junto a Rosario Murillo, el asedio a las iglesias y la apatridia como castigo configuran un nuevo escenario político sin canales institucionales de salida.
El 19 de julio, en el acto por el aniversario 47 de la revolución sandinista, Daniel Ortega dijo en Managua que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones». No fue una frase suelta en una entrevista casual. Fue un anuncio central, en la fecha más simbólica del calendario sandinista, frente al aparato completo del Estado. Con esa frase, Ortega puso en palabras lo que la reforma constitucional de 2025 ya había resuelto en los hechos: no existe, dentro del sistema institucional nicaragüense, un mecanismo para que otro gobierno llegue al poder.
El anuncio llega en un momento regional cargado. Semanas antes, Estados Unidos había detenido a Nicolás Maduro en Venezuela y elevado la presión económica sobre Cuba. Analistas consultados por medios regionales ubican a Nicaragua como el tercer país de una misma alianza ideológica bajo la mira de Washington. Ese contexto no explica la decisión de Ortega, pero la atraviesa, y conviene tenerlo presente antes de sacar conclusiones apuradas.
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Antes de que Ortega anunciara el fin de las elecciones
Aunque la frase pronunciada el 19 de julio parezca marcar un punto de ruptura, el cierre de la competencia electoral en Nicaragua no comenzó ese día. Tampoco empezó con la reforma constitucional de 2025. Fue el resultado de un proceso de concentración del poder que se desarrolló durante casi dos décadas y que fue reduciendo, paso a paso, los márgenes de competencia política.
Cuando Daniel Ortega regresó a la Presidencia en enero de 2007, lo hizo mediante elecciones competitivas. Había gobernado el país entre 1985 y 1990 como uno de los líderes de la Revolución Sandinista, pero luego perdió los comicios frente a Violeta Barrios de Chamorro y pasó dieciséis años en la oposición. Su regreso se produjo gracias a una reforma electoral negociada años antes con el expresidente Arnoldo Alemán, que redujo el porcentaje de votos necesario para ganar en primera vuelta. Ortega obtuvo apenas el 38 % de los votos, suficiente bajo las nuevas reglas para volver al poder.
A partir de entonces comenzó una transformación gradual del sistema político. La Corte Suprema declaró inaplicable el límite constitucional a la reelección presidencial, el oficialismo consolidó su control sobre el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional, mientras que distintos partidos opositores fueron perdiendo capacidad de competir en igualdad de condiciones. Durante varios años Nicaragua siguió celebrando elecciones, pero cada proceso estuvo acompañado por mayores denuncias de irregularidades, menor competencia y una concentración creciente del poder alrededor del Frente Sandinista y de la figura presidencial.
El punto de inflexión llegó en 2018. Las protestas contra una reforma del sistema previsional derivaron rápidamente en un movimiento nacional que cuestionó la permanencia de Ortega en el poder. La respuesta estatal fue una represión que organismos internacionales documentaron con centenares de muertos, miles de heridos y un fuerte incremento de las detenciones arbitrarias, el exilio y la persecución política. Desde entonces, el régimen abandonó progresivamente cualquier intento de preservar una apariencia pluralista. En las elecciones de 2021, prácticamente todos los principales aspirantes opositores fueron detenidos o inhabilitados antes de la votación, dejando al oficialismo sin competencia real.
Cuando Ortega afirmó que en Nicaragua ya no volvería a haber elecciones, por lo tanto, no estaba anunciando una decisión improvisada. Estaba haciendo explícito el desenlace de un proceso de concentración del poder que llevaba años desarrollándose y que la reforma constitucional de 2025 terminó de institucionalizar.
Una fecha simbólica para un anuncio definitivo
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. La reforma constitucional aprobada en enero de 2025 estiró el mandato presidencial hasta enero de 2028 y corrió esa fecha hacia 2027, dejando en teoría abierta la puerta a un proceso electoral futuro. El anuncio de Ortega cierra esa puerta en público, sin matices ni condicionales. Habló de la oposición en el exilio como un sector que anda «agazapado» esperando «atrapar el poder», y advirtió que ni siquiera el dinero de «los yanquis» les iba a alcanzar para lograrlo.
Elegir el 19 de julio para decirlo no es casual. Es la fecha en la que, en 1979, una insurrección popular derrocó a la dictadura somocista después de más de cuatro décadas sostenidas en buena parte por Washington. Ortega construyó ahí su legitimidad histórica: ser parte de la generación que terminó con una dictadura familiar apoyada desde afuera. Cuarenta y siete años después, esa misma fecha sirve de escenario para blindar una estructura de poder que también empieza a organizarse en torno a una familia.
La reforma que fabricó la copresidencia
La Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó la reforma en apenas dos legislaturas, sin el debate público que suele acompañar un cambio de esa magnitud. El texto modificó alrededor de cien artículos de la Constitución. Eliminó la división clásica de poderes del Estado, que dejaron de llamarse «poderes» para pasar a ser «órganos» coordinados por la Presidencia. Habilitó, además, la figura de «policías voluntarios», identificada por organizaciones de derechos humanos como una fuerza paramilitar con antecedentes directos en la represión de 2018.
La abogada constitucionalista Azahálea Solís definió la maniobra como un golpe de Estado con forma de ley, sostenido puertas adentro por la fuerza aunque tramitado con apariencia de legalidad. La misma reforma incorporó, además, la base jurídica para dos herramientas que se venían usando desde antes por decreto: la revocatoria de la nacionalidad y el hostigamiento sistemático a las organizaciones religiosas. Las dos merecen desarrollo aparte, porque explican cómo se sostiene la copresidencia puertas adentro.
La apatridia como castigo político
Naciones Unidas documentó que, entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, 452 personas fueron privadas de su nacionalidad por orden judicial, 367 hombres y 85 mujeres. Para diciembre de ese año, la cifra oficial ya llegaba a 546 nicaragüenses desnacionalizados, con sus propiedades confiscadas. El primer gran lote, en febrero de 2023, incluyó a 222 expresos políticos desterrados a Estados Unidos y a otros 94 nicaragüenses, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. En septiembre de 2024 se sumaron 135 personas más, expulsadas hacia Guatemala.
Un grupo de expertos de la ONU calificó esta práctica como una forma de «muerte civil»: el Estado borra a la persona del registro civil y del padrón electoral, además de dejarla sin identidad legal. A eso se suma la apatridia «de facto», que no pasa por una sentencia pero produce el mismo resultado: nicaragüenses en el exterior a quienes se les niega la renovación del pasaporte o directamente se les prohíbe reingresar al país. Organizaciones como el Monitoreo Azul y Blanco calcularon más de 250 casos de este tipo solo entre 2021 y comienzos de 2025.
Entre las víctimas hay también un patrón que interpela directamente a una lectura feminista: mujeres desnacionalizadas junto a sus parejas o familiares, líderes indígenas como Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth Müller (ambos de la organización YATAMA) hoy en paradero desconocido, y casos de violencia directa contra el exilio, como el asesinato en 2025 del militar retirado Roberto Samcam en Costa Rica, quien ya había sido desnacionalizado.
La persecución a las iglesias
Nicaragua es, según el informe 2025 de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, el único país de América Latina incluido en la «lista roja» de persecución religiosa, la misma categoría que Corea del Norte y Afganistán. Esto en un país donde alrededor de la mitad de la población se define católica.
La represión contra la Iglesia arrancó en 2018, cuando templos y parroquias ofrecieron refugio a manifestantes heridos y varios obispos actuaron como mediadores en el diálogo nacional. El régimen leyó ese rol como una amenaza directa. Desde entonces, según el registro de la abogada nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina, al menos 309 sacerdotes, monjas y religiosos fueron expulsados o forzados al exilio hasta comienzos de 2026, el 95 por ciento de ellos nicaragüenses. Cuatro obispos permanecen fuera del país: Silvio José Báez, Rolando José Álvarez, Carlos Enrique Herrera e Isidoro Mora.
El caso de Álvarez, obispo de Matagalpa, resume el patrón completo: detenido en 2022, condenado a 26 años de prisión por «conspiración», desnacionalizado y finalmente desterrado al Vaticano en enero de 2025. Semanas después, treinta monjas de clausura de la Orden de Santa Clara fueron obligadas a abandonar sus monasterios en Managua y Chinandega en una sola noche. El régimen también disolvió la Compañía de Jesús dentro del país y rompió relaciones formales con el Vaticano tras expulsar al nuncio apostólico en 2022.
La represión no se limita a la jerarquía ni a la Iglesia católica. Comunidades evangélicas denuncian cierres de templos y presión fiscal, y distintos informes contabilizan más de 1.200 asociaciones religiosas clausuradas en los últimos años. Las procesiones y actos religiosos al aire libre quedaron directamente prohibidos: organizaciones que monitorean el tema documentaron más de 27.000 restricciones a actividades religiosas públicas desde 2019, con miles de procesiones bloqueadas solo durante la Cuaresma de 2026.
Quién concentra el poder real
Reducir esto a «un dictador viejo y su esposa decorativa» es quedarse corto. Reportes de medios nicaragüenses que operan desde el exilio, como Confidencial, describen un esquema distinto: un Ortega debilitado por la edad y por problemas de salud, cada vez más aislado, y una Murillo que maneja el día a día del Estado. El control sobre el Ejército, la política exterior y el vínculo con el sector empresarial pasa, según esas mismas investigaciones, por sus manos. El propio Ortega llegó a describir públicamente el reparto de poder como «50 y 50».
La reforma de sucesión quedó sellada para que, ante la falta de uno de los dos, el otro complete el período sin necesidad de un nuevo proceso electoral ni institucional. Investigaciones periodísticas sobre el círculo de confianza del régimen señalan además que los hijos de la pareja ocupan posiciones de facto por encima de ministros y directores de organismos estatales.
La simplificación que hay que evitar
Nicaragua se sigue presentando puertas afuera como heredera de una revolución popular que efectivamente lo fue en 1979. Ese relato antiimperialista todavía rinde en el discurso oficial. Pero un gobierno puede nacer de una revolución legítima y, con el tiempo, convertirse en la estructura de poder concentrado que esa revolución decía combatir. Sostener las dos cosas a la vez, sin que la etiqueta ideológica tape la práctica de gobierno, es lo que distingue un análisis riguroso de una simplificación cómoda.
La misma exigencia vale para el lado opuesto. La presión de Washington sobre Nicaragua, Venezuela y Cuba responde a intereses geopolíticos propios, no a una preocupación genuina por los derechos humanos de esas poblaciones. Que la dictadura Ortega-Murillo haya construido sola, puertas adentro, las condiciones represivas que hoy sostienen la copresidencia no convierte en legítima cualquier forma de injerencia externa. Son dos verdades que conviven, y leer Nicaragua bien implica sostenerlas juntas.
Por qué unas crisis quedan en el centro de la agenda y otras desaparecen
El caso nicaragüense también sirve para mirar algo más grande que Nicaragua: cómo funciona la agenda internacional. Con cifras de represión, desnacionalización y persecución religiosa de esta magnitud, cualquiera esperaría una cobertura sostenida y una presión diplomática constante. Sin embargo, Nicaragua entra y sale del radar global según la coyuntura, mientras otras crisis, con niveles de violencia comparables o incluso menores, permanecen años en el centro de la escena.
Una parte de la explicación es estructural y tiene que ver con a quién beneficia mantener el foco encendido. Las crisis que afectan a gobiernos ya enfrentados con Washington, como Nicaragua, Venezuela o Cuba, reciben cobertura sostenida en medios de Estados Unidos y Europa casi siempre en clave de política exterior propia: sirven para justificar sanciones, alianzas o intervenciones. Las crisis que ocurren dentro de países aliados de esas mismas potencias, en cambio, tienden a recibir cobertura más breve y menos persistente, aunque la magnitud del sufrimiento sea igual o mayor. Esta asimetría fue descripta hace décadas por Edward Herman y Noam Chomsky con la distinción entre víctimas «dignas» e «indignas» de atención mediática: no todas las vidas generan la misma indignación editorial, y el criterio no suele ser humanitario sino geopolítico.
A eso se suma la capacidad de organización de cada diáspora. Nicaragua tiene comunidades exiliadas activas en Costa Rica, Estados Unidos y España que sostienen el registro de casos, litigan ante organismos internacionales y alimentan a la prensa con documentación constante, algo que explica por qué el tema no desapareció del todo pese a la fatiga informativa. Otras crisis, con poblaciones más dispersas o sin acceso a plataformas internacionales, quedan sin ese sostén y se apagan más rápido en la cobertura, aunque la violencia continúe igual puertas adentro.
También pesa la existencia de un hecho noticioso concreto que reactive el interés. Un anuncio como el de Ortega, con una frase citable y una fecha simbólica, genera más cobertura en una semana que meses de informes técnicos de la ONU sobre desnacionalización. Los organismos internacionales documentan de forma sostenida, pero esa documentación rara vez alcanza mérito noticioso por sí sola: necesita un evento que la vuelva relatable. Eso explica, en parte, por qué la persecución religiosa o la apatridia llevan años ocurriendo casi sin repercusión mientras un discurso de diez minutos concentra toda la atención en 48 horas.
Por último, hay un factor de saturación regional. Cuando varias crisis autoritarias coinciden en el tiempo, como ocurre hoy con Venezuela, Cuba y Nicaragua, la cobertura tiende a repartirse entre la que ofrece la imagen más contundente en el momento, no necesariamente la de mayor gravedad. Eso no invalida la cobertura de ninguna de las tres, pero explica por qué Nicaragua puede pasar semanas fuera de agenda y volver de golpe con un anuncio como este.
Qué queda después del anuncio
Con la cancelación explícita de elecciones, Nicaragua confirmó en público una arquitectura que ya estaba montada desde 2025: un poder ejecutivo sin control institucional interno, una oposición exiliada y desnacionalizada, una Iglesia perseguida en niveles comparables a los de Corea del Norte, y un Ejército subordinado a la misma estructura familiar que hoy gobierna. No hay, dentro del sistema nicaragüense, un canal legal para torcer este rumbo.
Lo que sigue depende, en gran medida, de actores que no son nicaragüenses: organizaciones de derechos humanos documentando desde el exilio, gobiernos extranjeros con agendas propias y una diplomacia regional que todavía no encontró una posición común frente al caso. Adentro del país queda una sociedad civil que ya pagó, en muertos, presos, apátridas y religiosos desterrados, el costo de sostener este relato.
