Violencia estatal y desapariciones en Nicaragua: la exigencia de la OEA

La OEA reclamó a Nicaragua garantías electorales y la liberación de las personas detenidas por motivos políticos. La respuesta regional enfrenta un régimen que profundiza la concentración del poder y extiende la persecución más allá de sus fronteras.

Más de ocho años después del inicio de la crisis en abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas realizaron un llamado urgente a los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua.

El régimen autoritario del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene al menos 68 personas detenidas por motivos políticos, 31 de ellas en condición de desaparición forzada, según el registro de la Asociación Memoria y Justicia con corte al 24 de septiembre de 2026. La CIDH y el GHREN advierten sobre un patrón sistemático de vulneraciones de derechos que comprende detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y muertes bajo custodia estatal.

El viernes 2 de octubre, en una reunión extraordinaria celebrada en Washington, la OEA aprobó una resolución que exige condiciones para elecciones libres, justas e inclusivas y la liberación incondicional de las personas presas por motivos políticos. También acordó crear un grupo de seguimiento para impulsar el diálogo y formular recomendaciones sobre acciones diplomáticas y jurídicas.

No se celebraba una reunión de consulta de cancilleres desde 2019. Sin embargo, solo una minoría de los Estados envió a sus ministros de Relaciones Exteriores; la mayoría estuvo representada por funcionarios de menor rango.

La profundización del régimen en Nicaragua

Este no es un fenómeno reciente: es el resultado de un desmantelamiento paulatino de la institucionalidad democrática de Nicaragua. Daniel Ortega comenzó una nueva etapa de consolidación de su poder con su regreso a la presidencia en 2007, pero el punto de quiebre fue en 2018, cuando la respuesta armada contra las protestas sociales derivó en graves violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales documentadas por organismos internacionales.

El gobierno también expulsó a los mecanismos de investigación y seguimiento del sistema interamericano que trabajaban en el país.

A partir de 2021, la estrategia de supervivencia del régimen Ortega-Murillo pasó de la contención de las protestas en la vía pública al aniquilamiento de cualquier alternativa política. Mediante el encarcelamiento de líderes sociales, representantes religiosos, precandidatos presidenciales y periodistas, el matrimonio cerró las posibilidades de competencia electoral.

En los últimos años, el gobierno profundizó este esquema autoritario con la cancelación de miles de organizaciones no gubernamentales, además del despojo arbitrario de la nacionalidad a sus opositores como herramienta de castigo.

Siguiendo este proceso, en 2025 se realizó una reforma constitucional que eliminó el principio de separación de poderes, creó la denominada copresidencia y estableció para esta un mandato de seis años. En 2026, una nueva reforma, aprobada en primera legislatura, propone ampliar ese mandato a siete años con posibilidad de renovación. También eleva a rango constitucional restricciones contra personas calificadas por el régimen como “golpistas” o “traidoras a la patria”.

Además de la crisis dentro del país, existe una represión transnacional mediante vigilancia, amenazas, hostigamiento y violencia contra los y las nicaragüenses exiliados, sus familiares y las organizaciones que los acompañan. Esta persecución genera desafíos de seguridad para otros Estados de la región.

Las exigencias y los límites de la respuesta regional

“Los derechos humanos, las libertades fundamentales y la participación efectiva en los asuntos públicos constituyen condiciones indispensables para la existencia de procesos electorales libres, justos y transparentes. Las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos y por tanto los elementos esenciales de la democracia son inexistentes. Por ello, la Comisión Interamericana y el Grupo de Expertos instan conjuntamente a los Estados miembros de la OEA a actuar con determinación, de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos”, afirma el comunicado presentado por ambos organismos el 1 de octubre.

Las exigencias son, principalmente, la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, el restablecimiento del espacio cívico y el fin de la represión transnacional y de la privación arbitraria de la nacionalidad.

La consolidación de un modelo de copresidencia y la negativa explícita de Ortega a restablecer garantías electorales sitúan a Nicaragua en un estado de crisis permanente. Este patrón de impunidad y represión transnacional empuja a los organismos internacionales y a los gobiernos de la región a exigir no solo la liberación de las personas detenidas y el esclarecimiento de sus paraderos, sino un retorno formal a la arquitectura democrática regional.

Nicaragua dejó de integrar la OEA en noviembre de 2023. La resolución del 2 de octubre no estableció sanciones concretas, aunque abrió un mecanismo de seguimiento y diálogo.

La tibia respuesta y la limitada participación de cancilleres ante este llamado urgente no son solo un síntoma de parálisis diplomática: son un espejo incómodo. Nos obligan a preguntarnos de qué manera la región prioriza la defensa de los derechos humanos cuando estos chocan con intereses pragmáticos o ideológicos. Mientras la diplomacia multilateral vacila en su compromiso, el régimen de Ortega y Murillo continúa consolidando un modelo impune y violento que desafía los pilares democráticos de toda la región.