Sudán: la crisis humanitaria continúa
Mientras la agenda internacional se reparte entre Irán, Gaza y los terremotos de Venezuela, Sudán atraviesa lo que Naciones Unidas describe, sin matices, como la peor crisis humanitaria del planeta. Un informe reciente de Amnistía Internacional sobre las atrocidades cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido en la ciudad de El Fasher confirmó lo que organizaciones humanitarias vienen advirtiendo desde hace meses: la guerra sudanesa no perdió intensidad, y sus consecuencias sobre la población civil siguen empeorando con muy poca cobertura mediática internacional en comparación con la magnitud de la tragedia.
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Tres años de guerra entre el ejército y las FAR
El conflicto sudanés estalló en abril de 2023 como una disputa de poder entre el ejército regular, comandado por el general Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), la fuerza paramilitar liderada por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Lo que empezó como un enfrentamiento entre dos cúpulas militares que hasta poco antes gobernaban juntas el país se convirtió, en apenas tres años, en una de las guerras más letales del mundo, con decenas de miles de muertos, según estimaciones de organismos internacionales, y una crisis de desplazamiento que no tiene comparación en ningún otro punto del planeta.
El Fasher, epicentro de la barbarie
La caída de El Fasher, capital de Darfur del Norte, en octubre de 2025 marcó un punto de inflexión en la narrativa internacional sobre la guerra sudanesa. La ciudad había resistido dieciocho meses de asedio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el único bastión de Darfur que no había caído en manos paramilitares desde noviembre de 2023, cuando las FAR ya controlaban las otras cuatro capitales estatales de la región. El asedio, sostenido desde mayo de 2024, restringió sistemáticamente el ingreso de alimentos y suministros médicos y sometió a la población a bombardeos casi diarios, al punto de que buena parte de los habitantes debió sobrevivir alimentándose de ambaz, un subproducto de la extracción de aceite de maní normalmente destinado a alimento animal.
El informe de Amnistía Internacional, publicado la semana pasada, documenta con extremo detalle lo que ocurrió cuando la ciudad finalmente cayó: ejecuciones masivas de civiles filmadas y difundidas por los propios combatientes de las FAR, violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas, y detenciones ilegales de civiles utilizados como rehenes para pedir rescate, entre ellos al menos ocho menores de edad entrevistados por la organización. Amnistía identificó por nombre a mandos responsables de estas violaciones, entre ellos a un comandante conocido como «Abu Lulu», registrado en video ejecutando a personas cautivas vestidas de civil, y concluyó que existen elementos suficientes para hablar de persecución por motivos de identidad étnica, un hallazgo que la organización considera potencialmente relevante para una eventual calificación de genocidio, en un proceso de investigación que continúa abierto.
Una respuesta internacional que no está a la altura
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó la caída de El Fasher como una catástrofe que se podría haber evitado, y expresó su temor de que el mismo patrón se repita en la región de Kordofán, donde la ofensiva de las FAR continúa avanzando. Esa advertencia no es menor: buena parte de la comunidad internacional ya identificaba con meses de anticipación el riesgo de que El Fasher cayera bajo un asedio sistemático, sin que ese conocimiento previo se tradujera en una intervención diplomática o humanitaria capaz de frenarlo.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), por su parte, viene advirtiendo desde comienzos de año que la brecha entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles es enorme. La organización necesita 610 millones de dólares para sostener sus operaciones en Sudán solo entre marzo y agosto de este año, una cifra que hasta el momento no logró cubrir en su totalidad, lo que obligó a priorizar la asistencia en las comunidades más golpeadas por el hambre en detrimento de otras zonas también afectadas. Actualmente el organismo llega a cerca del 80% de la población ubicada en las 27 zonas identificadas con hambruna confirmada o riesgo de hambruna, un porcentaje que deja fuera de la asistencia directa a cientos de miles de personas en el resto del país.
Por qué esta guerra recibe menos atención
Resulta difícil explicar por qué un conflicto de esta magnitud, con más desplazados que cualquier otra crisis humanitaria activa en el mundo, ocupa un lugar tan marginal en la agenda mediática internacional en comparación con otros frentes de guerra actuales. Parte de la respuesta tiene que ver con la dificultad de acceso periodístico a las zonas de combate, agravada por los apagones de comunicaciones que las propias partes del conflicto imponen de forma deliberada. Pero también hay una dimensión geopolítica: Sudán no ocupa el lugar estratégico que Medio Oriente o Europa del Este tienen en la mirada de las potencias occidentales, y esa asimetría de interés se traduce directamente en menos cobertura, menos presión diplomática y menos financiamiento humanitario proporcional a la magnitud de la tragedia.
Pese a ese silencio relativo, la sociedad civil sudanesa sigue sosteniendo redes de ayuda mutua en condiciones extremas. Comunidades enteras organizan comedores populares y sistemas de asistencia sanitaria improvisada en medio de los apagones de comunicaciones y los intentos de silenciar cualquier forma de disidencia, tanto por parte del ejército como de las FAR. Esa resistencia cotidiana, sostenida casi sin recursos ni visibilidad internacional, es hoy uno de los pocos elementos que sostiene a la población civil sudanesa mientras la guerra entra en su cuarto año sin que ninguna de las dos partes muestre voluntad real de negociar una salida política al conflicto.
