Terremoto en Venezuela: la tragedia también es de infraestructura
El miércoles 24 de junio, a las seis de la tarde, dos terremotos golpearon la costa central de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia: uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, con epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo. El último parte oficial, dado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habla de 188 muertos, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas. Más de 200 personas siguen atrapadas entre los escombros de 250 edificios colapsados o dañados. La zona más golpeada es La Guaira, declarada zona de desastre natural.
Las cifras todavía se mueven —Portugal reporta 56 connacionales sin localizar solo en La Guaira— y lo más probable es que sigan subiendo a medida que los equipos de rescate lleguen a los puntos más aislados. En un terremoto, las primeras 48 horas son las que definen cuántas personas se puede sacar viva de abajo de los escombros, y gran parte de esas horas ya pasaron.
En este artículo
Por qué un terremoto mata distinto según dónde caiga
Venezuela está sentada sobre una de las zonas sísmicas más activas de América Latina, en el límite donde la placa del Caribe choca de forma oblicua con la placa sudamericana. Eso no es nuevo: hubo sismos de magnitud comparable en 1812 (con cerca de 30.000 muertos, en plena guerra de independencia), en 1967, en 2009 y, más recientemente, en septiembre de 2025 en Zulia y Lara. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) calcula que el 80% de la población del país vive en zonas de alta amenaza sísmica.
Esto significa que el riesgo geológico es estructural, conocido y mapeado desde hace décadas. Lo que determina cuánta gente muere cuando ese riesgo se activa no es el sismo en sí, sino la calidad de la construcción, el mantenimiento de esa construcción a lo largo del tiempo y la capacidad del Estado de responder rápido. Venezuela llega a este terremoto después de más de una década de colapso económico y fuga de profesionales, incluidos ingenieros, arquitectos y personal de organismos técnicos. Eso no explica todo lo que pasó esta semana, pero ayuda a entender por qué dos sismos de magnitud similar producen resultados tan distintos en Venezuela que en, por ejemplo, Chile o Japón, países sísmicos con otra capacidad de inversión en infraestructura antisísmica.
En los estudios sobre desastres esto tiene nombre: vulnerabilidad social. No hay terremotos «naturales» en sentido puro. Hay sismos, que son fenómenos geológicos, y hay desastres, que es la forma en que esos fenómenos impactan sobre sociedades desiguales. La fuerza física no distingue entre países ricos y pobres. La respuesta social sí, y mucho.
Comunicaciones cortadas, familias sin noticias
Uno de los puntos menos cubiertos por la prensa internacional es el de las comunicaciones. El líder opositor Edmundo González, que vive en el exilio, escribió en sus redes pocas horas después del primer sismo que los venezolanos en el exterior no podían confirmar si sus familias estaban bien, y atribuyó parte de ese apagón informativo a las restricciones de conectividad que el país ya venía sufriendo antes del terremoto. Es un dato que conviene separar de la grieta política para mirarlo como lo que es: un problema de infraestructura de telecomunicaciones que un terremoto de esta magnitud puso en evidencia, no que creó. Cuando la red eléctrica y las torres de telefonía ya estaban en condiciones precarias antes del desastre, cualquier sismo fuerte las termina de tirar abajo, y eso deja a millones de familias —dentro y fuera del país— sin forma de saber qué pasó con sus seres queridos.
Quién mandó ayuda, y por qué nunca es gratis
La lista de países que ofrecieron asistencia es larga: España, Francia, Países Bajos, Suiza, Italia, Portugal, República Checa, Brasil, México, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Cuba, China, Rusia, y varios más. La Unión Europea activó su Mecanismo de Protección Civil. La ONU movilizó equipos de búsqueda y rescate. El papa León XIV mandó cien mil euros a través de la Limosnería Apostólica. La Cruz Roja liberó dos millones y medio de dólares.
Pero hay un dato que pesa más que el resto: Estados Unidos asignó 150 millones de dólares en ayuda humanitaria, desplegó equipos de rescate de Virginia y Los Ángeles y, debido a los daños en el aeropuerto de Maiquetía, terminó siendo el Departamento de Defensa estadounidense el que controla la logística de traslado de toda la ayuda internacional hacia Venezuela. También provee las imágenes satelitales para mapear los daños. Es decir: la potencia que en enero de este año bombardeó Caracas y otros tres estados venezolanos, y que detuvo a Nicolás Maduro en su propia casa para trasladarlo a una cárcel de Nueva York —donde sigue procesado por narcotráfico—, es hoy la que decide cómo y por dónde entra el socorro a las víctimas de un desastre natural.
Cabe preguntarse algo concreto: ¿Estados Unidos habría desplegado este mismo nivel de ayuda, con esta rapidez, si Maduro siguiera en el poder? La pregunta no tiene una respuesta cerrada, pero importa hacerla, porque la ayuda humanitaria entre Estados nunca es un acto neutro. Quién la manda, en qué volumen, con qué condiciones y con qué visibilidad responde también a cálculos políticos, no solo a solidaridad desinteresada. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde la detención de Maduro, agradeció públicamente a Trump por la ayuda enviada, en un momento en que su gobierno depende cada vez más de la relación con Washington para sostenerse.
Lo que la infraestructura ya venía diciendo
Venezuela es uno de los países con mayores reservas petroleras del planeta y, al mismo tiempo, uno de los que más sufrió la combinación de sanciones internacionales, mala gestión propia y un Estado vaciado de capacidad técnica. Esa combinación no se mide solo en cifras de comercio exterior: se mide también en si un país puede, frente a una catástrofe, sostener una respuesta con recursos propios o si necesita depender casi por completo de ayuda externa para algo tan básico como mover equipos de rescate desde un aeropuerto a otro. La teoría de la dependencia viene señalando esto desde hace décadas: la vulnerabilidad ante un desastre natural no es un dato aislado, es la fotografía de una posición estructural en el sistema internacional.
Lo que pasa esta semana en Venezuela —los rescates, los fondos, los equipos llegando desde una decena de países— también es la postal de un país que, después de años de desinversión forzada y voluntaria, no tiene margen propio para responder a sus propias emergencias.
Las cifras de víctimas citadas en esta nota corresponden al último parte oficial del gobierno venezolano al momento de la publicación y son susceptibles de actualización, dado que los equipos de rescate todavía trabajan en zonas de difícil acceso.
1 comentario