Sudáfrica contrarreloj: la lucha de las mujeres por seguir vivas
Sudáfrica anuncia medidas contra los femicidios tras once asesinatos en Ekurhuleni. Las demoras judiciales exponen la distancia entre promesas y protección.
Tras el hallazgo de once mujeres asesinadas en Ekurhuleni, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, reconoció las fallas de la respuesta estatal y fijó plazos de emergencia para reactivar miles de causas y peritajes forenses.
La paciencia colectiva en Sudáfrica parece haberse quebrado. El hallazgo del cuerpo de otra mujer en Springs, el domingo 27 de septiembre, al este de Johannesburgo, elevó a once el número de víctimas fatales por violencia de género desde julio en el municipio de Ekurhuleni.
En un mensaje televisado a la nación el 29 de septiembre, el presidente Cyril Ramaphosa admitió el desborde estatal; calificó la situación como una vergüenza nacional y declaró que las medidas implementadas hasta ahora resultaron insuficientes para impedir que las mujeres sean asesinadas.
Con una sociedad civil movilizada ante el temor que provoca la impunidad sistémica, el ejecutivo sudafricano anunció un paquete de cuatro medidas de urgencia con plazos taxativos de entre 60 y 90 días para auditar causas estancadas, destrabar análisis de ADN y reconfigurar la seguridad en los municipios.
Cajones llenos de pruebas y víctimas sin justicia
Detrás de estas cifras hay nombres, entre ellos los de Ntombifuthi Nxumalo, Jabulile Ntimba y Busisiwe Mahlangu, con vidas que fueron arrebatadas y una asfixiante falta de acción. Aunque los equipos policiales no habían encontrado pruebas que vincularan todos los asesinatos con un único perpetrador y detuvieron a algunos sospechosos, la concentración territorial expuso graves fallas procedimentales.
De los once cuerpos hallados en la zona, apenas dos figuraban con denuncia formal previa por desaparición, lo que llevó al mandatario a recordar que no rige ningún plazo de espera de 24 horas y que cada hora resulta determinante para el rastreo y la recolección de pruebas.
Sin embargo, el principal obstáculo se encuentra en el colapso posterior de la prueba pericial. La acumulación de muestras biológicas y peritajes genéticos sin procesar demora las investigaciones. El nuevo plan exige cuantificar esos atrasos y las carencias de personal y equipamiento. Cada kit forense archivado representa un potencial agresor que continúa en libertad y una víctima más que no obtendrá justicia.
Para resolver este problema, el nuevo plan otorga a las fuerzas de seguridad y al Ministerio de Justicia un término de 60 días para auditar causas no resueltas de homicidios y delitos sexuales, 90 días para presentar estrategias de reactivación judicial y 60 días para remitir un plan financiado destinado a reducir los análisis pendientes, de acuerdo con el discurso oficial del presidente.
El mapa del abandono
La iniciativa gubernamental incorpora además un enfoque territorial que asume que la inseguridad también es un resultado del entorno geográfico. Los gobiernos municipales estarán obligados a realizar, en 60 días, controles de riesgo urbano en baldíos descuidados, edificios abandonados y rutas e instalaciones de transporte inseguras. Los riesgos más urgentes deberán corregirse o incorporarse a un plan financiado dentro de los 90 días posteriores a la auditoría.
Paralelamente, se anunció una fiscalización reforzada sobre la venta clandestina de alcohol y el horario de los locales nocturnos con la aclaración explícita de que las sustancias no operan como atenuante y que la responsabilidad material recae de forma exclusiva en el autor de los hechos.
Pese a la urgencia comunicada por el gobierno, la brecha entre anuncios y resultados obliga a examinar las medidas con cautela. Como recoge Mail & Guardian, siete años después de que el propio Ramaphosa declarara la violencia machista como crisis nacional en 2019, admitir que «los nombres de las víctimas son nuevos, pero el delito sigue siendo el mismo» desnuda la brecha recurrente entre las promesas institucionales y la asignación presupuestaria efectiva.
La eficacia de esta nueva ofensiva estatal no se medirá en informes públicos trimestrales, sino en la posibilidad concreta de que una mujer en la periferia urbana pueda transitar sus calles sin las altas probabilidades de convertirse en un caso a resolver.