La anexión silenciosa de Cisjordania
Israel impulsa cambios en Cisjordania que reabrieron el debate sobre una anexión de facto. Claves para entender qué está ocurriendo en el territorio ocupado.
En este artículo
Mientras el mundo mira Gaza
Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, la guerra en Gaza ocupa el centro de la agenda internacional. Las negociaciones por un alto el fuego, la crisis humanitaria, los rehenes israelíes y las operaciones militares dominaron el debate diplomático y la cobertura de los principales medios durante casi dos años. En ese contexto, Cisjordania quedó en un segundo plano, a pesar de que allí también se produjeron cambios de gran relevancia política y jurídica.
Entre 2023 y 2026, el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu aceleró una serie de decisiones sobre la Zona C de Cisjordania. Aprobó un número récord de viviendas en asentamientos, reconoció oficialmente puestos de avanzada que hasta entonces carecían de autorización estatal, amplió las competencias de funcionarios civiles sobre la administración del territorio y reanudó el registro oficial de tierras, un procedimiento suspendido desde la ocupación israelí de 1967. Ninguna de esas medidas modificó formalmente el estatus jurídico de Cisjordania. En conjunto, sin embargo, alteran la forma en que el Estado israelí ejerce autoridad sobre el territorio.
La acumulación de estas políticas llevó a que organismos internacionales, organizaciones israelíes de derechos humanos y especialistas en derecho internacional comenzaran a hablar con mayor frecuencia de anexión de facto. El concepto describe situaciones en las que un Estado incorpora progresivamente funciones propias de la soberanía sobre un territorio sin aprobar una ley de anexión ni proclamar un cambio de fronteras.
La discusión no es nueva, pero cobró una intensidad inédita después de la opinión consultiva emitida en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia, que concluyó que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que las políticas de asentamientos y de integración territorial violan el derecho internacional.
Este artículo analiza las principales medidas adoptadas por el gobierno israelí desde 2023 y el debate que generaron entre juristas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo no es determinar el desenlace de un conflicto que sigue abierto, sino explicar por qué decisiones administrativas como un registro de tierras, un cambio de competencias ministeriales o un plan de infraestructura pasaron a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro de Cisjordania.
Ocupación y anexión: una diferencia que define el conflicto
La ocupación israelí de Cisjordania comenzó en junio de 1967, después de la Guerra de los Seis Días. Desde entonces, el territorio permanece bajo control israelí, aunque la comunidad internacional nunca reconoció que ese control implicara una transferencia de soberanía. Esa distinción explica buena parte del debate actual.
El derecho internacional diferencia con claridad dos conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos en el lenguaje cotidiano. Una ocupación militar supone que un Estado ejerce control efectivo sobre un territorio como consecuencia de un conflicto armado. Ese control puede extenderse durante años, pero no modifica la soberanía del territorio ocupado. La potencia ocupante administra el territorio de manera transitoria y está obligada a respetar las normas establecidas, entre otros instrumentos, por el Reglamento de La Haya de 1907 y el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.
La anexión, en cambio, implica que un Estado incorpora ese territorio como parte de su propio espacio soberano. Desde la creación de las Naciones Unidas, la adquisición de territorio mediante el uso de la fuerza está prohibida por el derecho internacional, un principio recogido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y reafirmado en resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
La diferencia tiene consecuencias prácticas. Una potencia ocupante puede administrar servicios públicos, garantizar la seguridad o recaudar determinados impuestos mientras dure la ocupación. Lo que no puede hacer es adoptar medidas destinadas a consolidar de forma permanente su soberanía sobre ese territorio. Esa es la razón por la que el desarrollo de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania genera un rechazo casi unánime entre los organismos internacionales. La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, aprobada en 2016, reafirmó que los asentamientos carecen de validez jurídica y constituyen una violación del derecho internacional.
Durante décadas, la discusión se concentró principalmente en la expansión de esos asentamientos. En los últimos años, el foco comenzó a ampliarse hacia otras decisiones adoptadas por el gobierno israelí. La reorganización administrativa de la Zona C, la transferencia de competencias desde organismos militares hacia autoridades civiles y la reactivación del registro de tierras fueron interpretadas por distintos especialistas como medidas que exceden la administración cotidiana de una ocupación.
Ese fue uno de los ejes de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024. El tribunal concluyó que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y sostuvo que las políticas de asentamientos, la explotación de recursos naturales y distintas medidas orientadas a integrar el territorio ocupado a la administración israelí vulneran el derecho internacional. La Corte también afirmó que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación creada por esas políticas.
La opinión consultiva no tiene el mismo carácter vinculante que una sentencia entre Estados, pero posee un peso jurídico y político considerable. Sus argumentos retoman una posición sostenida durante décadas por las Naciones Unidas y volvieron a colocar el concepto de anexión de facto en el centro del debate internacional. A diferencia de una anexión formal, que suele materializarse mediante una ley o una declaración oficial, la anexión de facto describe un proceso gradual de incorporación administrativa e institucional de un territorio sin modificar expresamente su estatus jurídico.
En ese contexto, las decisiones adoptadas por el gobierno israelí desde 2023 comenzaron a analizarse de manera conjunta. La discusión ya no se limita a los asentamientos. También incluye quién administra el territorio, qué instituciones ejercen autoridad sobre él, bajo qué legislación se toman determinadas decisiones y qué efectos producen esos cambios sobre una ocupación que se aproxima a los sesenta años de duración.
Los Acuerdos de Oslo y una transición que nunca terminó
Cuando se habla de la ocupación israelí de Cisjordania suele aparecer una referencia constante a las Áreas A, B y C. Esa división no existía después de la Guerra de los Seis Días. Surgió recién en 1995, con la firma de los Acuerdos de Oslo II entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina.
El acuerdo estableció una administración transitoria mientras ambas partes negociaban el estatus definitivo del territorio. La Autoridad Palestina asumiría el control civil de las principales ciudades palestinas y, de manera gradual, Israel transferiría nuevas competencias hasta alcanzar un acuerdo permanente sobre cuestiones como las fronteras, Jerusalén, los refugiados y los asentamientos. El cronograma preveía que ese proceso concluyera en un plazo aproximado de cinco años.
Las negociaciones nunca llegaron a ese punto. La segunda intifada, el deterioro de la confianza entre las partes y los sucesivos cambios políticos en Israel y en los territorios palestinos terminaron congelando el proceso. Treinta años después, la estructura creada como una solución temporal continúa vigente y organiza la vida cotidiana en Cisjordania.
¿Qué es la Zona C?
La Zona C representa alrededor del 60 % de Cisjordania y permanece bajo control civil y militar israelí. Allí se concentra la mayor parte del suelo disponible para nuevos desarrollos urbanos, los principales corredores viales, buena parte de los recursos naturales y la casi totalidad de los asentamientos israelíes.
Las Áreas A y B, donde reside la mayor parte de la población palestina, aparecen como espacios fragmentados y separados entre sí. Para desplazarse entre muchas de esas localidades es necesario atravesar carreteras o zonas bajo control israelí. Esa configuración territorial explica por qué la Zona C tiene un peso mucho mayor que el que sugiere su superficie.
También es el lugar donde se concentra la mayor parte de las restricciones urbanísticas para la población palestina. Los permisos de construcción son otorgados por las autoridades israelíes y distintas organizaciones internacionales sostienen desde hace años que la tasa de aprobación de esos permisos es extremadamente baja. Como consecuencia, numerosas comunidades construyen viviendas o infraestructura sin autorización y quedan expuestas a órdenes de demolición.
Mientras tanto, los asentamientos israelíes continuaron expandiéndose. Según datos recopilados por Peace Now, entre 2023 y 2025 el gobierno aprobó más de 50.000 nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania, la cifra más alta registrada por la organización.
Un territorio decisivo para cualquier negociación futura
La importancia estratégica de la Zona C no radica únicamente en su extensión. Controlar ese espacio implica controlar la continuidad territorial de Cisjordania.
Cualquier proyecto de Estado palestino requiere una conexión funcional entre el norte y el sur del territorio, acceso a recursos hídricos, posibilidades de expansión urbana y una red de infraestructura que permita integrar sus principales ciudades. La mayor parte de esos elementos se encuentran, total o parcialmente, en la Zona C.
Por ese motivo, las decisiones que se adoptan allí tienen un impacto que trasciende la administración cotidiana. Una nueva carretera, un asentamiento, una modificación en el régimen de propiedad de la tierra o un cambio institucional pueden alterar las condiciones sobre las que, eventualmente, deberían negociarse las fronteras definitivas entre Israel y un futuro Estado palestino.
En ese contexto se inscribe una de las decisiones más controvertidas adoptadas por el gobierno israelí en los últimos años: la reactivación del registro oficial de tierras en la Zona C, un procedimiento suspendido desde 1967 y que abrió un nuevo frente de discusión sobre los límites de la administración de un territorio ocupado.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Este.
Alrededor de 300.000 palestinos residen en la Zona C.
Más de 50.000 viviendas en asentamientos fueron aprobadas entre 2023 y 2025, según Peace Now.
El registro de tierras: una decisión administrativa con consecuencias políticas
El 11 de mayo de 2025, el gabinete de seguridad israelí aprobó la reanudación del registro oficial de tierras en la Zona C de Cisjordania. La medida fue presentada como una reforma administrativa destinada a completar un proceso que permanecía suspendido desde 1967 y a brindar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra.
El programa prevé registrar parcelas cuya situación dominial nunca fue formalizada. Según el gobierno israelí, la iniciativa permitirá reducir conflictos de propiedad, actualizar catastros y ordenar un sistema que combina documentos del período otomano, registros de la administración jordana y archivos elaborados durante la ocupación israelí.
La decisión recibió una fuerte respuesta de organizaciones israelíes de derechos humanos, organismos internacionales y especialistas en derecho internacional. Las críticas no se concentran en la existencia de un registro de tierras, sino en su implementación dentro de un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
Ese aspecto tiene antecedentes históricos. Después de la ocupación de Cisjordania en 1967, Israel suspendió el proceso de registro que había comenzado durante la administración jordana. La medida respondía a una interpretación relativamente extendida del derecho de ocupación: modificar de manera permanente el régimen de propiedad de un territorio ocupado podía exceder las facultades de una administración militar temporal.
La decisión adoptada en 2025 rompe con esa práctica y reabre un procedimiento que llevaba casi seis décadas paralizado.
¿Por qué el registro genera tanta discusión?
Una parte importante de la Zona C nunca completó un registro moderno de la propiedad. Muchas familias palestinas poseen escrituras emitidas durante el Imperio Otomano o la administración jordana. Otras acreditan la posesión mediante documentación parcial o por el uso continuado de la tierra durante varias generaciones.
Según Peace Now, alrededor del 58 % de la Zona C todavía no cuenta con un registro formal, una superficie equivalente a aproximadamente 1,9 millones de dunams.
El nuevo procedimiento exige revisar esa documentación y determinar la titularidad de cada parcela. Para el gobierno israelí, ese proceso busca resolver una situación de incertidumbre jurídica que existe desde antes de 1967. Las organizaciones críticas sostienen que numerosos propietarios palestinos podrían enfrentar dificultades para acreditar derechos sobre tierras explotadas durante décadas, especialmente cuando la documentación es incompleta o responde a sistemas registrales anteriores.
Peace Now advirtió que, si una parte significativa de esas parcelas termina siendo clasificada como tierra estatal, el Estado israelí dispondría de mayores márgenes para planificar infraestructura o ampliar asentamientos. La organización estima que ese escenario podría incrementar considerablemente la superficie bajo control estatal israelí en la Zona C.
Esa proyección no constituye un resultado consumado. Se trata de una estimación elaborada por la organización a partir del funcionamiento previsto para el nuevo sistema registral y no de un efecto que ya haya sido verificado sobre el terreno.
Esa distinción es importante porque el debate no gira alrededor de hechos ya ocurridos, sino de los efectos que distintos especialistas consideran posibles a partir de la aplicación de la reforma.
Mucho más que un catastro
El registro de tierras no es el único cambio impulsado por el gobierno israelí en la Zona C, pero sí uno de los que mejor refleja el cambio de enfoque de los últimos años. Mientras los asentamientos modifican la presencia física sobre el territorio, el registro redefine la administración de la propiedad y la relación entre el Estado y la tierra.
Por esa razón, numerosos especialistas analizan esta medida junto con otras decisiones adoptadas desde 2023, como la transferencia de competencias hacia funcionarios civiles, la expansión de los asentamientos y el desarrollo de infraestructura destinada a integrarlos. En conjunto, esas políticas alimentan el debate sobre si la administración israelí continúa actuando dentro de los límites de una ocupación militar o si avanza hacia una incorporación progresiva de la Zona C a las estructuras permanentes del Estado.
La civilización de la ocupación: cuando la administración reemplaza al ejército
Desde 2023, la gestión de la Zona C de Cisjordania atraviesa un proceso de reorganización institucional que modificó el equilibrio entre estructuras militares y civiles dentro del aparato estatal israelí. Ese desplazamiento es uno de los elementos centrales en el debate sobre la consolidación de una posible anexión de facto.
El cambio más relevante ocurrió con la reconfiguración de competencias dentro del Ministerio de Defensa y la Administración Civil. A partir del acuerdo de gobierno, Bezalel Smotrich asumió funciones con influencia directa sobre la planificación, la construcción y la gestión territorial en la Zona C, a través de mecanismos que operan dentro de la estructura civil del Estado israelí.
La consecuencia inmediata fue un cambio en el ritmo de las decisiones administrativas. La aprobación de nuevos asentamientos y ampliaciones urbanas aumentó de forma significativa entre 2023 y 2025, al mismo tiempo que se aceleró la regularización de puestos de avanzada previamente no autorizados. Según datos de Peace Now, el volumen de viviendas aprobadas en asentamientos alcanzó niveles récord en ese período.
En paralelo, distintos organismos de derechos humanos señalaron una tendencia convergente: el aumento de infraestructura pública destinada a conectar asentamientos entre sí y con el territorio israelí. Esto incluye redes viales, suministro eléctrico y planificación urbana. Estas obras no solo consolidan la presencia de población civil israelí en el territorio, sino que también integran funcionalmente esos espacios a la infraestructura estatal.
El desplazamiento de lo militar hacia lo civil
En el derecho internacional humanitario, las ocupaciones militares se definen por su carácter temporal y por la centralidad de las autoridades militares en la administración del territorio. La presencia de estructuras civiles no está excluida, pero su rol suele ser limitado y subordinado al control militar.
En Cisjordania, diversos especialistas señalan una evolución distinta. La administración de aspectos clave del territorio ha ido pasando progresivamente a organismos civiles israelíes, incluyendo ministerios y oficinas estatales que operan dentro del sistema administrativo ordinario del país.
Este desplazamiento es relevante porque modifica la naturaleza del control ejercido sobre el territorio. Mientras una administración militar remite a un régimen excepcional, la incorporación de estructuras civiles introduce dinámicas propias de la gobernanza estatal regular. Esa transición no implica por sí misma una anexión formal, pero es uno de los elementos que el derecho internacional analiza cuando evalúa la transformación de una ocupación prolongada.
La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024 incorporó este tipo de consideraciones al señalar que las políticas israelíes en los territorios ocupados incluyen medidas orientadas a integrar partes del territorio a su administración interna. El tribunal sostuvo que ese tipo de prácticas resulta incompatible con las obligaciones que el derecho internacional impone a una potencia ocupante.
Expansión territorial y consolidación institucional
Entre 2023 y 2025 se registró también una expansión significativa de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Además de la aprobación de nuevas unidades habitacionales, se avanzó en la legalización de asentamientos previamente considerados no autorizados por la propia legislación israelí.
Este proceso no solo incrementa la presencia de población civil israelí en el territorio, sino que también genera una red institucional asociada. Escuelas, municipios, infraestructura sanitaria y servicios públicos forman parte de una estructura administrativa que opera bajo normativa israelí.
La combinación de expansión territorial, infraestructura y administración civil produce un efecto acumulativo. El territorio deja de ser gestionado únicamente como un espacio bajo ocupación militar y pasa a incorporar elementos de gobernanza estatal. Este es uno de los puntos que distintos especialistas identifican como centrales en la discusión sobre la posible consolidación de una anexión de facto.
El punto de inflexión: qué dice el derecho internacional sobre este proceso
La acumulación de cambios en la Zona C no modifica por sí sola el estatus jurídico formal de Cisjordania. En términos estrictos, el territorio continúa siendo considerado por la comunidad internacional como ocupado, y la soberanía palestina sigue siendo objeto de disputa en el marco de un proceso político inconcluso.
Sin embargo, el derecho internacional no se limita a observar declaraciones formales o actos de anexión explícita. También analiza la práctica estatal sostenida en el tiempo, especialmente cuando esa práctica produce efectos estructurales sobre la administración, la población civil y el ordenamiento territorial de un espacio ocupado.
Desde esa perspectiva, los elementos desarrollados a lo largo de este artículo adquieren sentido en conjunto. La expansión de asentamientos, la consolidación de infraestructura civil, la transferencia progresiva de competencias desde estructuras militares hacia organismos civiles y la reconfiguración del régimen de propiedad de la tierra no operan como hechos aislados. Funcionan como capas superpuestas de administración que reordenan la relación entre el Estado israelí y el territorio.
Es en ese punto donde el debate jurídico contemporáneo introduce el concepto de anexión de facto. No se trata de una categoría formal reconocida como figura jurídica autónoma en los tratados internacionales, sino de una forma de describir procesos en los que un Estado incorpora funciones esenciales de soberanía sin emitir una declaración explícita de anexión ni modificar formalmente sus fronteras.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 se inscribe directamente en este marco interpretativo. El tribunal sostuvo que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es contraria al derecho internacional y que las políticas vinculadas a los asentamientos y a la integración administrativa del territorio vulneran obligaciones propias de una potencia ocupante. En paralelo, reafirmó la obligación de los Estados de no reconocer situaciones derivadas de esas políticas como legalmente válidas.
Leída en conjunto con el proceso descrito, esa posición no introduce un diagnóstico nuevo, sino que ordena jurídicamente una serie de transformaciones ya identificadas en el terreno. La cuestión central deja de ser únicamente la expansión territorial visible y pasa a incluir la forma en que se ejerce la autoridad estatal sobre el espacio ocupado.
El resultado es un escenario donde la frontera entre administración temporal y estructura permanente se vuelve progresivamente más difusa. Y donde el futuro político del territorio ya no depende solo de negociaciones formales, sino también de la acumulación de decisiones administrativas que, sin modificar el estatus jurídico declarado, pueden redefinir sus condiciones materiales de existencia.
