INFORME: Líbano bajo ocupación
La ocupación israelí en Líbano lleva 4.319 muertos. Historia, teoría, datos verificados y cómo el lenguaje y la inacción internacional la legitiman.
El sur del Líbano volvió a amanecer bajo el ruido de los drones este fin de semana. Localidades como Mansuri, cerca de Tiro, o Kfar Tebnit, en el distrito de Nabatieh, sufrieron nuevos bombardeos israelíes que dejaron heridos, según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA). La escena se repite casi a diario desde hace más de cuatro meses, pese a que Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco de alto el fuego en Washington a fines de junio, y pese a que ya en noviembre de 2024 había entrado en vigor un cese de hostilidades que puso fin a una guerra previa de quince meses. Ninguno de los acuerdos logró detener la campaña militar israelí.
Lo que está en juego en la ocupación israelí en Líbano no es solo una cuestión militar. Es, al mismo tiempo, una disputa sobre el lenguaje que se usa para nombrar esa ocupación y sobre por qué la comunidad internacional, con herramientas jurídicas disponibles desde hace casi cinco décadas, no logra ni intenta seriamente aplicarlas. Ese cruce entre las palabras que se eligen y la pasividad que se tolera es, en buena medida, lo que sostiene esta ocupación en el tiempo. Este informe recorre la historia del conflicto, los datos verificables más actualizados, el marco teórico que permite leerlo con profundidad y los mecanismos concretos, lingüísticos y jurídicos, que le dan cobertura.
Desplazados internos en el pico del conflicto: más de un millón de personas Retornados a sus zonas de origen: unas 400.000 (40% del total desplazado) Niños y niñas muertos desde el 2 de marzo: 247, con 992 heridos (UNICEF) Trabajadores de la salud muertos: 135, con 406 heridos Hospitales y centros de salud dañados: al menos 30 Bajas israelíes reportadas desde el inicio del conflicto: 37 militares y 2 civiles
En este artículo
Una ofensiva dentro de una guerra mayor
La ofensiva actual no puede leerse de manera aislada. Arrancó el 2 de marzo de 2026, cuando Hezbolá disparó cohetes contra territorio israelí en apoyo a Irán, que enfrentaba una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel con el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás. Los primeros ataques de esa guerra mataron al líder supremo iraní Ali Jamenei. Hezbolá, aliado regional de Teherán desde su fundación en 1982, reactivó los cohetes en solidaridad con Irán bajo ataque, e Israel tomó esa reactivación como pretexto para lanzar la ofensiva más intensa contra el Líbano en lo que va de este ciclo de conflicto, que arrastra tensiones desde octubre de 2023.
El 17 de abril, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento orientado a una solución duradera del conflicto regional, incluido el frente libanés. Ese memorando no impidió que los bombardeos continuaran. La guerra contra Irán generó además una crisis en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte mundial de petróleo, con efectos directos sobre los precios de combustibles y fertilizantes a escala global. Ese dato económico explica por qué Washington tiene tanto interés en que el frente libanés no escale hacia una guerra regional total que agrave todavía más la crisis energética. El Líbano, en ese tablero, funciona como una pieza secundaria de una disputa mucho más amplia entre Washington, Tel Aviv y Teherán, y esa condición de pieza secundaria explica también por qué recibe una fracción mínima de la atención mediática y diplomática que otros frentes concentran.
CONTEXTO HISTÓRICO
1978: Israel invade el sur del Líbano tras un ataque de comandos palestinos. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba las resoluciones 425 y 426, exige el retiro israelí y crea la FPNUL (FINUL) para supervisarlo y asistir al Estado libanés a recuperar su autoridad en la zona.
1982: nueva invasión israelí y ocupación de Beirut. En ese contexto nace Hezbolá.
1985-2000: Israel ocupa una franja del sur libanés bajo el nombre de «zona de seguridad», administrada junto al Ejército del Líbano Libre, milicia aliada de mayoría cristiana. Se retira en el año 2000 tras años de resistencia armada sostenida.
2006: guerra de 34 días entre Israel y Hezbolá. El Consejo de Seguridad aprueba la Resolución 1701, ordena el retiro israelí al sur de la Línea Azul y el desarme de grupos armados al sur del río Litani, zona que debía quedar bajo control exclusivo del Ejército libanés y la FINUL, cuyos efectivos pasan de 2.000 a 15.000.
Noviembre de 2024: tras quince meses de guerra abierta entre Israel y Hezbolá, entra en vigor un acuerdo de alto el fuego.
Agosto de 2025: el Consejo de Seguridad de la ONU vota por unanimidad prorrogar el mandato de la FINUL por última vez, hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que la fuerza deberá cesar operaciones y comenzar un retiro de sus 10.800 efectivos que se completaría dentro del año siguiente.
2 de marzo de 2026: reactivación del conflicto en el marco de la guerra contra Irán, con la ofensiva más intensa del ciclo actual.
17 de abril de 2026: memorando de entendimiento Washington-Teherán.
26 de junio de 2026: Israel y Líbano firman en Washington un acuerdo marco con hoja de ruta hacia una retirada gradual, sin calendario fijo.
Zona de seguridad: el nombre que blanquea la ocupación
Una zona de seguridad es el término que la doctrina militar israelí le da a un territorio que ocupa sin anexarlo formalmente ni someterlo a ningún marco jurídico internacional. Israel ya usó este dispositivo entre 1985 y 2000 en el sur del Líbano, y lo reactivó ahora bajo la misma lógica: sostener presencia militar, decidir movimientos de población y ejecutar demoliciones sin rendir cuentas ante ningún organismo externo. El propio Netanyahu lo formuló sin ambigüedad el 16 de junio, cuando declaró que el ejército israelí mantendría su presencia en las «zonas de seguridad» que controla en Líbano, Siria y la Franja de Gaza durante el tiempo que considere necesario.
No es una medida de seguridad, es ocupación administrada con otro vocabulario. Y esa distinción entre lo que el término dice y lo que la práctica hace es exactamente el mecanismo que sostiene el resto de este informe.
Necropolítica: quién decide qué muertes importan
El filósofo camerunés Achille Mbembe desarrolló el concepto de necropolítica para explicar cómo el poder contemporáneo no se ejerce solo administrando la vida de las poblaciones, sino decidiendo también su muerte, y sobre todo, decidiendo qué muertes cuentan y cuáles se vuelven invisibles para la opinión pública internacional. El patrón que muestran los datos del sur del Líbano encaja con esa descripción de manera casi textual.
Los datos que difunde el Ministerio de Salud libanés deben leerse con la salvedad de que provienen de una de las partes del conflicto, aunque sea la fuente oficial disponible y la que utilizan la mayoría de las agencias internacionales. Con esa aclaración, el organismo reportó, al 7 de julio, un acumulado de 4.319 muertos y 12.203 heridos desde el 2 de marzo (Prensa Latina). El propio gobierno libanés denunció que buena parte de estos ataques tiene carácter indiscriminado, y en algunos casos habría apuntado deliberadamente contra civiles. Según ese mismo reporte, el 14% de las víctimas mortales son mujeres y el 86% hombres, y el 94% de nacionalidad libanesa (Diario Libre).
UNICEF documentó que, desde el inicio de esta ofensiva, murieron 247 niños y niñas y otros 992 resultaron heridos, un promedio de doce menores muertos o mutilados por día, más del doble del promedio diario registrado durante la guerra de 2006 (UNICEF España). El sistema sanitario también fue blanco directo: 135 trabajadores de la salud murieron y 406 resultaron heridos, mientras que al menos treinta hospitales y centros de atención primaria sufrieron daños por los bombardeos (Diario Libre).
El primero de julio, un ataque con drones en Nabatiyé al Fauqa mostró el patrón con crudeza. Un primer bombardeo apuntó contra un vehículo estacionado en la zona; minutos después, un segundo ataque impactó contra un equipo de la Defensa Civil que se había acercado a inspeccionar el lugar. No es un error de cálculo, es la aplicación operativa de la necropolítica que describe Mbembe, decidir qué vidas se protegen y cuáles quedan expuestas.
Israel Katz — ministro de Defensa israelí. Sostiene que su país puede mantener tropas en el sur del Líbano sin autorización de terceros, aunque públicamente niega tener ambiciones territoriales.
Gideon Saar — canciller israelí. Repite, junto a Katz, que Israel «no tiene ambiciones territoriales en Líbano», pese a insistir en mantener posiciones militares al sur del río Litani.
Benjamín Netanyahu — primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional por una orden de arresto vigente. Denunció, sin pruebas, que aldeas cristianas del sur libanés piden ser anexadas a Israel.
Hanna al Amil — alcaldesa de Rmeish, localidad cristiana del sur libanés a dos kilómetros de la frontera. Desmintió «categóricamente» la afirmación de Netanyahu.
La disputa por el lenguaje
Todo este conflicto se libra, además de con armas, con palabras. Israel no dice ocupación, dice zona de seguridad. No dice anexión, dice que hay aldeas que piden ser parte de Israel. No dice bombardeo indiscriminado, dice operación contra infraestructura terrorista. El 5 de julio, en una entrevista con Fox News, Netanyahu declaró que algunas aldeas cristianas del sur libanés «incluso han pedido ser anexadas a Israel, porque las protegemos de los fanáticos de Hezbolá que quieren matarlas». No identificó ninguna aldea ni precisó cuándo se habría hecho ese pedido.
La respuesta llegó rápido y de la fuente más directa posible. Hanna al Amil, alcaldesa de Rmeish, la localidad cristiana más próxima a la frontera israelí, calificó la afirmación de «completamente falsa» e «impensable», y remarcó que su pueblo «no es periférico, sino el corazón del Líbano, palpitando de patriotismo, apego a la tierra e identidad libanesa». El propio Ministerio de Información del gobierno libanés, a través de su equipo de verificación conformado en colaboración con la UNESCO, etiquetó la declaración de Netanyahu como «falso» (Teleprensa). La contradicción no termina ahí: mientras Netanyahu insinúa una futura anexión, sus propios ministros de Defensa y de Exteriores, Israel Katz y Gideon Saar, repiten en paralelo que Israel «no tiene ambiciones territoriales en Líbano», aun cuando insisten en mantener posiciones militares al sur del Litani bajo la justificación de la zona de seguridad. Un gobierno que niega ambiciones territoriales mientras uno de sus máximos referentes sugiere una anexión no es una contradicción menor, es la evidencia de que el relato se ajusta según la audiencia a la que se dirige.
Este tipo de relato tiene además antecedentes concretos en la región. Durante la ocupación de los años ochenta y noventa, Israel armó y financió al Ejército del Líbano Libre apoyándose en sectores cristianos maronitas, presentando esa alianza como prueba de que ciertas comunidades preferían la protección israelí antes que la soberanía libanesa. El sociólogo peruano Aníbal Quijano llamó colonialidad del poder a la persistencia de estructuras de dominación que sobreviven mucho después de que termina formalmente la colonización, sostenidas menos por la ocupación física del territorio que por la capacidad de un poder de imponer su forma de nombrar el mundo. El lenguaje que Israel despliega sobre el sur del Líbano funciona exactamente así, despoja de sentido político al hecho territorial y lo traduce en términos técnicos, más difíciles de cuestionar en el debate público internacional. Nombrar las cosas por su nombre, ocupación donde hay ocupación, sigue siendo un acto político en sí mismo.
Cómo el lenguaje y la inacción internacional terminan legitimando la ocupación
Acá es donde las dos piezas anteriores se juntan. El vocabulario que usa Israel no funciona en el vacío, funciona porque encuentra del otro lado una comunidad internacional dispuesta a repetirlo sin cuestionarlo y, sobre todo, dispuesta a no actuar en consecuencia aunque tenga las herramientas para hacerlo. La legitimación de una ocupación no depende únicamente de que el ocupante la nombre de otra manera, depende de que ese nombre se use también afuera, en agencias de noticias, en comunicados diplomáticos, en la cobertura que cada medio internacional decide darle o no darle al tema.
El derecho internacional sí tiene herramientas para este tipo de situaciones, el problema no es la ausencia de norma sino la ausencia de mecanismos que la hagan cumplir, y esa ausencia se vuelve, con el tiempo, una forma tácita de aval. Las resoluciones 425 y 426 de 1978, y la Resolución 1701 de 2006, todas del Consejo de Seguridad de la ONU, establecieron con claridad que las fuerzas israelíes debían retirarse del territorio libanés y que el sur del país, al sur del río Litani, debía quedar bajo control exclusivo del Estado libanés y la fuerza de la ONU (Ministerio de Defensa de España). Ninguna de esas resoluciones impidió que Israel volviera a ocupar territorio libanés cuando lo consideró necesario, y cada incumplimiento sin consecuencias fue construyendo, de facto, un precedente que hoy Israel invoca como si fuera normalidad operativa.
El Cuarto Convenio de Ginebra impone además obligaciones específicas a cualquier potencia ocupante, desde la protección de la población civil hasta la prohibición de traslados forzosos. La Corte Internacional de Justicia podría, en teoría, expedirse sobre la legalidad de esta ocupación, tal como lo hizo en 2004 respecto del territorio palestino ocupado, pero sus opiniones consultivas no tienen mecanismo de ejecución obligatoria. La Corte Penal Internacional, por su parte, ya tiene una orden de arresto vigente contra Netanyahu por crímenes vinculados a Gaza, lo que no le impidió seguir viajando, dando entrevistas y conduciendo la política militar israelí en el Líbano con normalidad. Eso, en sí mismo, es la prueba más concreta de que el sistema de justicia internacional puede señalar responsabilidades sin lograr que se traduzcan en consecuencias reales.
En la práctica, la única vía de aplicación efectiva del derecho internacional pasa por el Consejo de Seguridad, y ahí Estados Unidos ejerce poder de veto como aliado histórico de Israel. Eso convierte al marco legal, en este caso puntual, en una estructura con autoridad moral pero sin capacidad real de forzar cumplimiento. La cuenta regresiva de la FINUL agrava ese vacío de una manera muy concreta: en agosto de 2025 el Consejo de Seguridad votó, por presión directa de Washington y Tel Aviv, poner fecha final a la misión de cascos azules que durante casi cinco décadas había sostenido, aunque fuera parcialmente, el único mecanismo de verificación independiente en el terreno. La fuerza debe cesar operaciones el 31 de diciembre de 2026, en pleno pico de esta ofensiva, y retirar a sus 10.800 efectivos en el año siguiente. Sin observadores internacionales, la única versión de los hechos que circula con volumen suficiente para instalarse globalmente termina siendo, casi por descarte, la que ofrece el propio ejército ocupante.
Ese es el mecanismo completo: un lenguaje que despolitiza la ocupación, una arquitectura legal con autoridad simbólica pero sin capacidad de ejecución, y una comunidad internacional que elige, sistemáticamente, no forzar ninguna de las dos cosas. Ninguna de las tres piezas sostiene sola la ocupación. Juntas, la vuelven casi inamovible.
Diplomacia bajo fuego
Pese a seguir siendo blanco de ataques diarios, el gobierno de Beirut confirmó su participación en instancias de negociación directa con Tel Aviv. La combinación de resistencia armada por parte de Hezbolá y diplomacia formal por parte del Estado libanés no expresa una contradicción, sino la falta de margen de un país ocupado que no tiene capacidad militar para sostener una guerra abierta, pero que tampoco acepta la ocupación como hecho consumado.
El acuerdo marco firmado en Washington el 26 de junio estipula una retirada gradual israelí comenzando por dos zonas piloto, pero no establece un calendario claro para el resto del territorio, y condiciona el proceso a que el Ejército libanés asuma el control efectivo de esas áreas. Durante la ofensiva actual, las fuerzas israelíes llegaron a avanzar más de diez kilómetros dentro del territorio libanés, según reportes locales citados por la misma agencia. La experiencia de los últimos cuatro meses, con anuncios de cese de hostilidades incumplidos de manera reiterada, da motivos suficientes para la cautela sobre si este nuevo cronograma se va a sostener.
Incluso dentro del gobierno estadounidense hubo fricciones. Trasciende que Trump le reprochó a Netanyahu, «fiel a su estilo», que continúe con la campaña para tomar el control de territorios del sur libanés. Ese roce interno no modificó todavía la conducta israelí sobre el terreno, pero confirma que ni siquiera su principal aliado logra imponerle un límite claro a la voluntad expansionista israelí en esta etapa de la guerra.
Lo que queda abierto
Organismos de derechos humanos y agencias de la ONU vienen señalando que los ataques israelíes contra zonas densamente pobladas y las órdenes de evacuación masiva del sur libanés podrían configurar crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Esa calificación todavía no se tradujo en ningún proceso judicial con consecuencias concretas, por las mismas razones estructurales descriptas más arriba.
Lo que queda, mientras tanto, es un país que negocia con Tel Aviv al mismo tiempo que cuenta a sus muertos, con una zona ocupada que ningún actor internacional logró forzar a retirar, un vocabulario que sigue disputándose palabra por palabra, y un marco legal que sabe nombrar el problema pero no puede resolverlo. La cuenta regresiva de la FINUL, sumada a la falta de calendario firme en el acuerdo de junio, deja al sur del Líbano encaminado hacia un escenario donde ni siquiera va a existir la posibilidad de verificación internacional independiente cuando la ofensiva actual, tarde o temprano, dé paso a la siguiente. El sur libanés va a seguir pagando esa respuesta con su gente mientras la comunidad internacional siga eligiendo, una y otra vez, no intervenir.
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- UNICEF: «Una media de 12 niños mueren o son mutilados cada día» en Líbano
- Reuters/ReliefWeb: Lebanon Health Emergency Situation Update #29
- Euronews: la ONU aprueba retirar su fuerza de paz del sur del Líbano
- La Jornada: el alcalde de Rmeish desmiente a Netanyahu
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