La ONU reunió al mundo, pero el poder se movió afuera
La 81.ª Asamblea General de la ONU volvió a ofrecer un escenario universal para discutir guerras, ocupación, cambio climático e inteligencia artificial. Pero las decisiones con mayor capacidad de ordenar el sistema internacional siguieron dependiendo de los vetos, el dinero y las negociaciones entre potencias.
El debate general de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó el 22 de septiembre y llegará a su última jornada el lunes 28. Hasta este domingo 27, la semana diplomática dejó discursos sobre Gaza, el territorio palestino ocupado, Irán, Ucrania, Sudán, la crisis climática, la inteligencia artificial y la reforma de la ONU. También dejó una escena difícil de ignorar: mientras los Estados discutían en el recinto, varias de las conversaciones con mayor peso político avanzaban en reuniones bilaterales o directamente fuera de Naciones Unidas.
Una Asamblea universal con una representación desigual caracteriza a esta ONU
António Guterres abrió el debate general con su último discurso como secretario general. Su diagnóstico fue directo: las fracturas del sistema internacional se ensancharon hasta convertirse en abismos. En sus palabras aparecieron las guerras prolongadas, los ataques contra civiles, el hambre utilizada como arma, la crisis climática y el avance de una inteligencia artificial que se desarrolla más rápido que las instituciones capaces de regularla.
Su intervención ordenó el momento internacional alrededor de cuatro pruebas de poder: guerra y paz, desigualdad, clima e inteligencia artificial. También reclamó una reforma de las instituciones globales y defendió un marco multilateral para gobernar la IA, con supervisión independiente y salvaguardas frente a sus usos militares y económicos.
El discurso condensó una contradicción que atravesó toda la semana. La ONU sigue siendo el único espacio donde 193 Estados pueden intervenir formalmente en un mismo debate. Pero esa universalidad no garantiza igualdad política. La posibilidad de hablar no equivale a la capacidad de definir qué ocurre después.
La participación de Mahmoud Abbas expuso esa distancia. Estados Unidos volvió a negar la visa al presidente palestino, que finalmente intervino mediante un mensaje grabado. El 17 de septiembre, la Asamblea había aprobado esa modalidad con 152 votos a favor, tres en contra, de Estados Unidos, Israel y Paraguay, y cuatro abstenciones: Colombia, Honduras, Panamá y Perú.
La escena tuvo un peso político mayor que el procedimiento. La Asamblea habilitó una vía para que Palestina pudiera estar presente, pero esa presencia quedó condicionada por la decisión del Estado anfitrión. Mientras Gaza continúa bajo una devastación extrema y la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupado siguen atravesados por ocupación, expansión de asentamientos y violencia, el representante palestino no pudo ocupar físicamente el mismo espacio que los demás jefes de delegación.
La ONU consiguió sostener la representación. No consiguió garantizarla en condiciones simétricas.
El poder duro sigue concentrado
La crisis de Naciones Unidas no se explica solamente por la falta de acuerdos. También tiene una dimensión material. A fines de 2025, las Naciones Unidas registraron un nivel récord de contribuciones impagas, cercano a 1.600 millones de dólares. La organización tuvo que aplicar medidas de conservación de efectivo mientras avanzaba con la iniciativa UN80, que combina reformas administrativas, reducción de costos y reorganización institucional.
Estados Unidos pagó en septiembre 725 millones de dólares al presupuesto regular y otros 102 millones para operaciones de paz, lo que le permitió conservar su derecho de voto. Aun así, continuaba adeudando 1.312 millones al presupuesto regular. El dato muestra hasta qué punto la capacidad de la ONU depende de los Estados que más recursos aportan, incluso cuando esos mismos gobiernos cuestionan el alcance de la organización.
La otra limitación está en el Consejo de Seguridad. Sus cinco miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, pueden bloquear decisiones sustantivas mediante el veto. La Asamblea puede construir mayorías políticas, aprobar resoluciones y fijar marcos de legitimidad. Pero las herramientas coercitivas más importantes siguen concentradas en un órgano diseñado en 1945.
Por eso los reclamos de reforma volvieron a ocupar el centro de la discusión. Países africanos reclamaron una representación permanente acorde con el peso demográfico y político del continente. Brasil, India, Japón y Alemania insistieron con la ampliación del Consejo. Turquía volvió a cuestionar el veto y Rusia defendió una fórmula distinta: ampliar el número de miembros permanentes, pero conservar el poder de veto.
La contradicción es evidente. Buena parte del Sur Global reclama una institución más representativa, pero no existe acuerdo sobre cuánto debería cambiar la distribución del poder. Algunos gobiernos buscan ampliar el Consejo. Otros quieren eliminar el veto. Las potencias que ya lo poseen aceptan discutir la representación siempre que la reforma no elimine sus privilegios.
La crisis institucional, entonces, no está solamente en que la ONU no pueda actuar. También está en quién tiene derecho a decidir cuándo puede hacerlo.
El recinto, los pasillos y las reuniones paralelas de la ONU
El discurso de Donald Trump funcionó como una muestra de esa tensión. El presidente estadounidense utilizó la Asamblea para defender la guerra contra Irán, justificar las amenazas contra Teherán y presentar el poder militar de Estados Unidos como garantía de seguridad. También criticó a los organismos internacionales, cuestionó a la justicia internacional y promovió su propia agenda tecnológica, incluida la idea de reemplazar el término inteligencia artificial por “superinteligencia”.
La intervención tuvo una lógica más cercana a la política doméstica y a la demostración de fuerza que a la negociación multilateral. Trump habló desde la sede de la ONU, pero su mensaje no estuvo orientado principalmente a construir acuerdos entre los 193 Estados. El foro universal funcionó como escenario para legitimar decisiones tomadas por Washington.
Brasil ofreció otra lectura. Luiz Inácio Lula da Silva defendió la soberanía latinoamericana, rechazó la injerencia extranjera en las elecciones brasileñas y pidió cooperación internacional frente al crimen organizado, sin aceptar una intervención estadounidense en la región. También cuestionó la parálisis del Consejo de Seguridad y sostuvo que la respuesta a las crisis debe pasar por la diplomacia y el multilateralismo.
Argentina ocupó una posición más ambigua. Javier Milei utilizó la Asamblea para reivindicar la soberanía argentina sobre Malvinas y denunciar que las resoluciones internacionales no tienen consecuencias suficientes frente a la explotación petrolera con licencias británicas. Pero, al mismo tiempo, calificó a la ONU como una organización inútil y reafirmó el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.
La contradicción no es menor. El reclamo argentino por Malvinas depende de la existencia de un foro multilateral que reconozca la disputa, sostenga la agenda de descolonización y permita construir apoyos diplomáticos. Desacreditar esa arquitectura puede expresar frustración por su falta de ejecución, pero también debilita la herramienta que Argentina necesita para sostener su posición.
En los márgenes de la Asamblea, Israel buscó ampliar sus alianzas latinoamericanas. El primer ministro Benjamín Netanyahu se reunió en Nueva York con los presidentes de Paraguay, Panamá y Bolivia y los invitó a sumarse a los llamados Acuerdos de Isaac y a una iniciativa estadounidense contra la Corte Internacional de Justicia. El marco había sido lanzado en abril por Argentina e Israel.
La precisión importa: una invitación no equivale a una adhesión. Hasta el momento, lo verificable es el lanzamiento del marco bilateral entre Argentina e Israel y la búsqueda de nuevos socios. Las reuniones con otros gobiernos latinoamericanos muestran una campaña diplomática, no acuerdos consumados.
La diplomacia paralela también tuvo una escena central fuera de Naciones Unidas. Mientras transcurría la Asamblea, Xi Jinping viajó a Washington para reunirse con Donald Trump. La conversación abordó comercio, inteligencia artificial, Medio Oriente, Ucrania y la península coreana. Ambos gobiernos acordaron mantener el diálogo y sostener la cooperación en foros como APEC y el G20, pero el encuentro no produjo una solución general a sus disputas.
El mensaje político fue claro: una reunión entre los líderes de Estados Unidos y China puede tener más capacidad inmediata para mover el comercio, la tecnología o la seguridad que una sala donde están representados todos los Estados. Esa eficacia, sin embargo, tiene un costo. Las decisiones se vuelven menos transparentes, menos inclusivas y más dependientes de la relación entre dos potencias.
Las ausencias también hablan
Xi no fue la única ausencia relevante. Vladimir Putin tampoco viajó a Nueva York y Rusia quedó representada por su canciller. Narendra Modi, Friedrich Merz, Giorgia Meloni y otros dirigentes tampoco estuvieron presentes. La ausencia de algunos líderes puede responder a razones domésticas, calendarios diplomáticos o decisiones políticas específicas. No todas expresan desinterés por la ONU.
Pero el caso de Xi fue especialmente significativo porque el presidente chino no estaba lejos de la agenda internacional. Se encontraba en Estados Unidos, reunido con Trump, precisamente durante la principal semana diplomática del año. La comparación entre Washington y Nueva York funcionó como una imagen del orden actual: la Asamblea conserva legitimidad universal, mientras las potencias privilegian los espacios donde pueden negociar con menos actores y mayor margen de maniobra.
La sucesión de Guterres refuerza esa lectura. Michelle Bachelet retiró su candidatura el 19 de septiembre después de quedar debilitada en la tercera votación informal del Consejo de Seguridad. El proceso dejó a Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett entre las candidatas mejor posicionadas, aunque todavía no existe una definición. La Asamblea General nombrará formalmente a quien recomiende el Consejo, y esa recomendación necesita ser aceptable para los cinco miembros permanentes.
El hecho de que ninguna mujer haya ocupado todavía la Secretaría General vuelve más visible la dimensión política de la selección. También muestra que la representación regional y de género puede discutirse durante meses sin alterar necesariamente el mecanismo decisivo: una negociación entre los Estados con poder de veto.
La principal semana diplomática está llegando a su cierre, pero la Asamblea todavía no terminó. El lunes 28 aún pueden aparecer discursos, reuniones y movimientos capaces de modificar el balance provisional. Hasta ahora, sin embargo, UNGA 2026 dejó una señal nítida.
La ONU sigue siendo indispensable para reclamar legitimidad, denunciar violaciones y disputar el lenguaje con el que se organiza el mundo. Pero la capacidad de transformar esas palabras en consecuencias continúa concentrada en quienes controlan el veto, los recursos y las reuniones a las que la mayoría no accede.
Para América Latina y el Sur Global, esa distancia importa porque la Asamblea ofrece una capacidad de representación que no existe en los directorios de las grandes potencias ni en las negociaciones cerradas sobre comercio, deuda, energía o seguridad. El problema no es abandonar el multilateralismo. Es disputar quién lo diseña, quién puede usarlo y qué poder real se le permite tener.