Trump declara la guerra a La Haya
El lunes 13 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicó en X un video de dos minutos y medio en el que anunció una nueva ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI). La acusó de librar una guerra contra Estados Unidos, aunque aclaró que no se trata de una guerra con balas ni misiles, sino con estatutos, tratados y lo que el tribunal llama derecho internacional. Horas después, en una columna publicada en The Wall Street Journal, fue más lejos todavía: prometió desmantelar la Corte «ladrillo a ladrillo» y la describió como una institución respaldada por «una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas arrogantes y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos».
Apenas dos días después, el miércoles 15 de julio, dos organizaciones de derechos humanos, DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide, presentaron una demanda ante un tribunal federal de Manhattan contra altos funcionarios del gobierno estadounidense. Sostienen que las sanciones ya vigentes contra la CPI las obligaron a autocensurar su propio trabajo para evitar el escrutinio de la Casa Blanca, limitando su capacidad de interactuar con grupos palestinos de derechos humanos y de abogar públicamente por la población de Gaza. La demanda pide una orden judicial que anule esas restricciones. El momento no es casual: llega apenas dos días después del anuncio de Rubio, y confirma que el efecto disuasivo de las sanciones ya está operando sobre organizaciones civiles, no solamente sobre el personal del tribunal.
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Un video y una ofensiva que va mucho más allá de las sanciones
Las amenazas no quedaron solo en el video de Marco Rubio. Según informó Reuters, un funcionario del Departamento de Estado que pidió permanecer en el anonimato confirmó que Washington analiza un nuevo paquete de medidas contra la Corte Penal Internacional (CPI). Entre ellas figuran prohibiciones de viaje para integrantes del tribunal, revocación de visas, la ampliación de las sanciones ya vigentes contra funcionarios y organizaciones vinculadas a la Corte y una campaña diplomática destinada a persuadir a otros Estados para que abandonen su jurisdicción. El propio Departamento de Estado fue claro en un punto poco habitual para este tipo de anuncios: ninguna herramienta diplomática está descartada.
Sin embargo, el aspecto más significativo de esta estrategia no pasa únicamente por endurecer las sanciones. La administración Trump también pretende que embajadores y representantes estadounidenses presionen de manera directa a gobiernos aliados para cuestionar la legitimidad de la CPI e, incluso, explorar públicamente la posibilidad de que se retiren del tribunal. De acuerdo con el Departamento de Estado, los países que decidan mantener su respaldo a la Corte podrían enfrentar un mayor nivel de escrutinio por parte de Washington, especialmente aquellos que dependen de asistencia política, económica o militar estadounidense. En otras palabras, el mensaje es claro: sostener el apoyo a la CPI puede tener consecuencias en la relación bilateral con Estados Unidos.
El punto de quiebre: las órdenes de arresto por Gaza
La ofensiva estadounidense no puede entenderse sin retroceder a noviembre de 2024. Fue entonces cuando la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. La decisión marcó un precedente histórico: nunca antes la Corte había ordenado la detención del jefe de Gobierno de un Estado con un peso geopolítico comparable y con una alianza tan estrecha con Estados Unidos.
La respuesta de Washington llegó pocos meses después. El 6 de febrero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impuso sanciones contra la CPI y contra su entonces fiscal jefe, Karim Khan. Las medidas incluyeron el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de ingresar al país y restricciones que también alcanzaban a familiares directos.
Pero la orden fue más allá de las personas directamente sancionadas. El texto establece que cualquier individuo u organización extranjera que colabore con la Corte para investigar, detener o procesar a una persona protegida sin el consentimiento de su Estado de nacionalidad puede quedar sujeto a las mismas medidas. En la práctica, el alcance potencial de la norma incluye organizaciones de derechos humanos, investigadores independientes, abogados e incluso otras instituciones que cooperen con las investigaciones de la CPI.
Durante 2025 el listado de sancionados siguió ampliándose. Además de Karim Khan, fueron incorporados sus dos fiscales adjuntos y seis jueces de la Corte. Las sanciones también alcanzaron a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos que participaron en la recopilación de pruebas sobre presuntos crímenes cometidos en Gaza. En febrero de este año, la familia de Albanese presentó una demanda contra el gobierno estadounidense al considerar que esas sanciones vulneran derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.
La tensión escaló nuevamente en junio, cuando tres magistradas de la Corte Penal Internacional demandaron a la administración Trump por el régimen de sanciones impuesto contra el tribunal. Apenas un mes después, Washington anunció esta nueva ofensiva diplomática, profundizando un conflicto que ya no se limita a cuestionar decisiones judiciales concretas, sino que pone en discusión el margen de acción y la legitimidad de la principal corte penal internacional.
Sanciones actuales: vigentes desde febrero de 2025 contra Karim Khan y ampliadas desde entonces.
Estados Parte del Estatuto de Roma: 125.
Estados que votaron en contra del estatuto en 1998: Estados Unidos, China, Israel, Yemen, Irak, Qatar y Libia.
El argumento jurídico que Washington prefiere omitir
Uno de los pilares del discurso estadounidense es que Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y que, por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene autoridad sobre ciudadanos de un Estado que no reconoce su jurisdicción. El argumento tiene una base real, pero omite una parte central del funcionamiento del tribunal.
La CPI no depende únicamente de la nacionalidad de los acusados, sino también del territorio donde presuntamente fueron cometidos los crímenes. El Estatuto de Roma permite investigar hechos ocurridos en Estados que sí forman parte de la Corte, incluso cuando los responsables sean ciudadanos de países que no adhirieron al tratado. En el caso de Palestina, la adhesión al Estatuto en 2015 es el fundamento jurídico que permitió a la Corte avanzar con su investigación.
Esa interpretación es precisamente la que Washington cuestiona. La disputa no gira solamente alrededor de una decisión judicial concreta, sino sobre quién tiene autoridad para aplicar el derecho penal internacional cuando están involucrados Estados que no aceptan la jurisdicción de la Corte. Si la presión diplomática logra limitar la cooperación de los Estados miembros, la CPI conservará sus competencias legales, pero enfrentará mayores dificultades para hacerlas efectivas.
Una Corte atravesada por la disputa sobre la selectividad
La confrontación actual también reabre una discusión que existe desde mucho antes de esta crisis: la percepción de que la justicia penal internacional no se aplica de manera uniforme.
Organizaciones, académicos y gobiernos del Sur Global han cuestionado durante años que la mayoría de los casos impulsados por la Corte hayan tenido como protagonistas a países africanos, mientras investigaciones vinculadas con otras regiones avanzaron con mayor lentitud o quedaron sin resultados concretos. La crítica no plantea que los crímenes cometidos en África no deban ser juzgados, sino que señala una desigualdad en la capacidad del sistema para actuar frente a distintos actores internacionales.
El académico Adam Branch ha analizado cómo estas tensiones impulsaron en África debates sobre la creación de mecanismos regionales de justicia. Desde esta perspectiva, las críticas a la CPI no implican necesariamente un rechazo al derecho internacional, sino una discusión sobre las relaciones de poder que atraviesan sus instituciones.
Ese cuestionamiento volvió a aparecer con fuerza en los últimos años. La reacción internacional frente a la orden de arresto contra Vladimir Putin en 2023 fue presentada por muchos gobiernos occidentales como una defensa del sistema de justicia internacional. La respuesta frente al caso de Netanyahu mostró, en cambio, una fractura dentro de ese mismo sistema: algunos Estados pasaron de respaldar la autoridad de la Corte a cuestionarla cuando sus decisiones alcanzaron a un aliado estratégico.
La narrativa que Washington necesita instalar
El video de Rubio no funciona como una declaración aislada, sino como la expresión de un marco discursivo que la administración Trump viene utilizando para interpretar los conflictos jurídicos internacionales: el concepto de lawfare. Bajo esta mirada, determinados procesos judiciales dejan de ser entendidos como mecanismos de rendición de cuentas y pasan a ser presentados como herramientas de disputa política utilizadas por actores internacionales contra Estados Unidos y sus aliados.
Desde esta perspectiva, la Corte Penal Internacional no aparece como una institución destinada a investigar crímenes internacionales, sino como un organismo burocrático sin legitimidad democrática que actuaría con una agenda política propia. Esa construcción discursiva permite desplazar la discusión desde las conductas investigadas hacia la autoridad de quien investiga.
La estrategia no es completamente nueva. Estados Unidos recurrió a argumentos similares cuando reinterpretó los límites jurídicos de la tortura tras los atentados del 11 de septiembre y cuando justificó la invasión de Irak en 2003 a partir de la doctrina de la guerra preventiva, una interpretación ampliamente cuestionada dentro del derecho internacional. En ambos casos, el conflicto no se resolvió únicamente en el terreno jurídico, sino también en la disputa por definir qué instituciones tienen autoridad para establecer límites al poder estatal.
Por eso, la disputa con la CPI tiene implicancias que exceden al tribunal. La idea de que la justicia internacional responde principalmente a intereses políticos puede convertirse en una herramienta para cuestionar cualquier mecanismo de control externo cuando sus decisiones afectan a Washington o a sus aliados estratégicos.
La paradoja del acusador y el acusado
Mientras Estados Unidos presenta las acciones de la Corte Penal Internacional como una amenaza política, su propio rol en el conflicto de Gaza es objeto de fuertes cuestionamientos internacionales.
Según datos del SIPRI, entre 2020 y 2024 Estados Unidos representó el 66% de las importaciones israelíes de armamento pesado, incluyendo aeronaves, vehículos blindados, misiles y sistemas de defensa aérea. A esto se suma la asistencia bilateral acumulada durante décadas: en 2025 el propio gobierno estadounidense informó que la ayuda otorgada a Israel desde 1948 superaba los 130.000 millones de dólares.
El respaldo diplomático también ocupa un lugar central. Estados Unidos utilizó en reiteradas oportunidades su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para bloquear resoluciones vinculadas con un alto el fuego en Gaza. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que esa posición contribuyó a proteger políticamente la continuidad de la ofensiva israelí.
En paralelo, una Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó que autoridades y fuerzas israelíes cometieron actos que constituyen genocidio contra la población palestina de Gaza. Amnistía Internacional también advirtió sobre el riesgo de responsabilidad internacional para Estados Unidos por mantener un apoyo militar y diplomático sostenido mientras avanzaban las denuncias sobre posibles crímenes internacionales.
El conflicto alrededor de la CPI expone así una tensión central del sistema internacional contemporáneo: los Estados que históricamente defendieron la expansión de normas internacionales también pueden cuestionarlas cuando esas mismas reglas alcanzan a sus aliados o comprometen sus propios intereses estratégicos.
Asistencia bilateral de Estados Unidos a Israel reconocida oficialmente desde 1948: más de 130.000 millones de dólares.
Vetos de Estados Unidos a resoluciones de cese el fuego en Gaza documentados por Amnistía Internacional: al menos seis.
Esto no es un detalle marginal para leer la ofensiva contra la CPI, es el centro del problema. Un gobierno que provee dos tercios del armamento pesado usado en una campaña militar calificada como genocida por organismos de investigación de la propia ONU, y que bloqueó seis veces cualquier intento de frenarla en el organismo multilateral más importante del mundo, no está reaccionando como una víctima inocente de un tribunal politizado. Está tratando de desactivar la única institución con mandato legal para preguntar, con nombre y apellido, quién es responsable.
Consecuencias concretas: una institución que pierde capacidad de acción
El impacto de esta ofensiva no se mide únicamente en declaraciones diplomáticas. La presión sobre la Corte Penal Internacional ocurre en un momento en que su legitimidad ya enfrenta cuestionamientos y algunos Estados comenzaron a alejarse del sistema del Estatuto de Roma.
Según el informe anual 2025-26 de Amnistía Internacional, Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron su intención de retirarse del tratado, mientras que Hungría presentó formalmente su notificación de salida en 2026. A esto se suma la negativa de algunos Estados parte a ejecutar órdenes de detención emitidas por la Corte, pese a las obligaciones asumidas al adherir al Estatuto de Roma.
El problema no se limita a un caso específico. La pérdida de capacidad de la CPI para hacer cumplir sus decisiones afecta investigaciones que dependen de la cooperación estatal para avanzar. Entre ellas se encuentran las órdenes de detención contra líderes talibanes acusados de persecución por motivos de género en Afganistán, los procesos vinculados con las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán y las investigaciones abiertas sobre crímenes internacionales cometidos en Libia.
La consecuencia más profunda es institucional: una corte que no puede garantizar la cooperación necesaria para ejecutar sus propias decisiones conserva autoridad jurídica, pero pierde capacidad práctica. Y cuando algunos Estados pueden decidir cuándo reconocer una orden judicial internacional y cuándo ignorarla, el riesgo es que esa selectividad termine debilitando todo el sistema de justicia penal internacional.
Venezuela y la posibilidad de un efecto preventivo
Hay un elemento de esta disputa que recibió mucha menos atención que las declaraciones públicas de Washington, pero que resulta relevante para América Latina. Un exfuncionario estadounidense especializado en regímenes de sanciones, citado por La República bajo condición de anonimato, advirtió que la ofensiva contra la Corte Penal Internacional podría tener un alcance más amplio que el caso de Gaza e impactar también sobre eventuales investigaciones futuras en otros escenarios, incluida Venezuela.
La posibilidad resulta significativa porque una pérdida de capacidad operativa de la Corte no afectaría únicamente a los casos actualmente abiertos. Si la cooperación estatal comienza a convertirse en un instrumento condicionado por alianzas políticas, cualquier investigación futura sobre actores protegidos por grandes potencias podría enfrentar obstáculos incluso antes de avanzar.
La lógica no sería nueva. En 2020, Estados Unidos sancionó a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, después de que la Corte autorizara una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán por fuerzas estadounidenses y otros actores. El mensaje político era claro: Washington no solo cuestionaba una investigación concreta, sino la autoridad de la institución para avanzar sobre determinados casos.
Una Corte con autoridad jurídica, pero sin fuerza propia
La vulnerabilidad estructural de la Corte Penal Internacional está vinculada a una característica central de su funcionamiento: no cuenta con una policía propia. La ejecución de sus órdenes depende de que los Estados parte cooperen y realicen las detenciones dentro de sus propios territorios.
Esa dependencia convierte a la cooperación estatal en el principal punto de presión sobre el tribunal. La CPI puede emitir órdenes, abrir investigaciones y establecer responsabilidades jurídicas, pero necesita que los Estados estén dispuestos a transformar esas decisiones en acciones concretas.
Hasta ahora, la respuesta europea frente a las amenazas estadounidenses fue principalmente política. El portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Anouar El Anouni, sostuvo que el bloque mantiene un «firme apoyo a la Corte Penal Internacional y a los principios consagrados en el Estatuto de Roma». En la misma línea, la entonces presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, había advertido que las sanciones y presiones contra el tribunal representaban un desafío para los principios del derecho internacional.
Sin embargo, existe una diferencia entre respaldar públicamente a la Corte y asumir los costos políticos de proteger su funcionamiento. Hasta ahora, ningún Estado europeo adoptó medidas internas específicas destinadas a proteger a ciudadanos, empresas u organizaciones frente a posibles sanciones estadounidenses por cooperar con investigaciones de la CPI.
En esa distancia entre la defensa discursiva del tribunal y la voluntad efectiva de sostenerlo se juega una parte central de su futuro: si seguirá siendo una institución capaz de actuar frente a los crímenes internacionales más graves o si quedará limitada por la capacidad de los Estados más poderosos para condicionar su funcionamiento.
Lo que está realmente en disputa
El propio secretario de Estado invirtió el orden de los hechos al presentar a la Corte Penal Internacional como el origen del conflicto. Sin embargo, el tribunal no abrió un nuevo frente de confrontación: actuó dentro del marco jurídico que le corresponde frente a denuncias sobre crímenes internacionales cometidos durante la ofensiva militar sobre Gaza, documentadas por organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas.
La respuesta estadounidense sí tomó una forma concreta: sanciones económicas, restricciones migratorias, bloqueo de bienes y presión diplomática sobre gobiernos que mantienen cooperación con la Corte. La disputa, entonces, no se limita a una diferencia sobre una investigación específica, sino al enfrentamiento entre una institución creada para limitar la impunidad y Estados que cuestionan su autoridad cuando sus decisiones alcanzan a aliados estratégicos.
Pero defender a la Corte no implica desconocer sus problemas históricos. La crítica sobre la selectividad del sistema penal internacional existe desde hace años y forma parte del debate sobre la legitimidad de sus instituciones. La diferencia es que, en este caso, el cuestionamiento no proviene de una reforma al funcionamiento del tribunal, sino de una estrategia destinada a reducir su capacidad de actuar.
La demanda presentada por organizaciones como DAWN y Taxpayers Against Genocide evidencia una de las primeras consecuencias de esta ofensiva: el efecto inhibidor sobre actores que colaboran con investigaciones internacionales y que pueden comenzar a limitar sus propias acciones frente al riesgo de represalias.
Si la presión contra la CPI avanza hacia otros escenarios, como posibles investigaciones relacionadas con Venezuela u otros actores regionales, el conflicto dejará de estar circunscripto a Gaza. Lo que estará en juego será la capacidad del sistema internacional para sostener una institución que, con todas sus limitaciones, fue creada para investigar crímenes que los Estados muchas veces no están dispuestos a juzgar por sí mismos.
Porque el verdadero límite de la justicia internacional nunca estuvo solamente en sus normas, sino en la voluntad política de los Estados de aceptar que esas normas también pueden aplicarse cuando el acusado tiene poder.
En mi opinión, Estados Unidos no tiene ningún descaro al seguir financiando a Israel, pero al mismo tiempo intentar debilitar a la CPI y amenazar con retirar el apoyo económico a otros países si no se salen del tratado. Es una forma muy obvia de actuar de quien se cree el centro del mundo y por encima de todas las reglas.